Amnistía Internacional pide la retirada de los cargos por enaltecimiento del terrorismo contra dos activistas que han expresado solidaridad con la población palestina

Amnistía Internacional muestra preocupación por la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional contra dos activistas que han expresado solidaridad en relación a la situación en Gaza y el resto de Territorio Palestino Ocupado, Jaldia Abubakra y Miriam Ojeda. Las activistas están acusadas de delitos de enaltecimiento del terrorismo por sus intervenciones en unas jornadas parlamentarias celebradas el pasado mes de junio sobre la crisis en Gaza e Israel.

En un reciente informe, la Relatora de Naciones Unidas para la promoción de los derechos a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, alertaba de que este tipo de delitos de enaltecimiento del terrorismo sirven de base para restringir la libertad de expresión, son a menudo vagos y están mal definidos, y no cumplen el requisito internacional de legalidad, dejando mucho margen para su uso indebido, lo que a menudo conduce a silenciar la defensa legítima de los derechos humanos.

En relación con la ofensiva militar que Israel lleva a cabo en Gaza desde el pasado 7 de octubre de 2023, la Relatora alerta en este informe de cómo, tras los atentados de Hamás contra Israel de hace un año, algunos Estados utilizaron estos delitos vagos y excesivamente amplios para prohibir las manifestaciones de apoyo a civiles en el conflicto de Gaza. Y también cómo algunos Estados han prohibido y criminalizado la exhibición de símbolos palestinos, como la bandera nacional y el keffiyeh (pañuelo tradicional blanco y negro) como signos de antisemitismo y apoyo a Hamás.

En este sentido, Amnistía Internacional ha advertido de cómo, en los últimos meses, se han producido alarmantes intentos de autoridades de toda Europa de silenciar a quienes denuncian el asesinato por Israel de decenas de miles de personas palestinas en Gaza, se atreven a criticar los crímenes y violaciones de derechos que cometen las fuerzas israelíes o ponen de relieve el riesgo de genocidio.

Conforme a los estándares internacionales sobre libertad de expresión, sólo pueden penalizarse expresiones que inciten de manera clara y directa a la violencia; es decir, que se trate de mensajes que animen a otras personas a cometer actos delictivos reconocibles, con la intención de que cometan dichos actos, con una probabilidad razonable de que los cometan y con una relación causal directa entre la declaración/expresión y el acto delictivo.

En opinión de Amnistía Internacional, ninguna de las declaraciones por las que son investigadas estas dos activistas pueden considerase incitación al odio o incitación directa a la violencia. Por ello, la organización pide la retirada de estos cargos y reitera una vez más su preocupación por la amplia y vaga definición del delito de enaltecimiento del terrorismo en el Código Penal español, que permite al Estado criminalizar expresiones que están protegidas por las normas internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional denuncia también que las personas palestinas y sus simpatizantes están en el punto de mira, acusadas de apoyar o enaltecer el terrorismo, por su legítimo discurso político y expresiones en solidaridad con los derechos humanos y por el fin de la ocupación ilegal y del régimen de apartheid que sufre la población palestina. Cargos como el enaltecimiento del terrorismo pueden contribuir a la estigmatización del activismo palestino como partidarios del terrorismo.

Finalmente, la organización insiste en la necesidad de que el Código Penal sea modificado para alinearse con los estándares internacionales de Derechos Humanos, lo que requiere la eliminación de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, de injurias contra la corona y las instituciones del Estado, y de ofensa contra los sentimientos religiosos.

Información de contexto

Jaldia Abubakra y Miriam Ojeda, activistas que han mostrado su solidaridad con la población palestina, participaron el 3 de junio de 2024 en una jornada parlamentaria “para abordar la situación de Palestina desde una perspectiva histórica y de derechos humanos”.

Varias de las afirmaciones que ambas activistas realizaron en dicha jornada parlamentaria motivaron la presentación de una querella contra ellas ante la Audiencia Nacional, por delitos de enaltecimiento del terrorismo. El martes 29 de octubre estas dos activistas declarado ante el juzgado central de instrucción a cargo de la investigación.

No es la primera vez que Amnistía Internacional denuncia la aplicación del delito de enaltecimiento del terrorismo. Casos como los de los Titiriteros, Casandra, Cesar Strawberry, La Insurgencia, Pablo Hásel o Valtonyc, así como el de otras personas usuarias de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales, formaron parte del informe publicado por Amnistía Internacional en 2018, “Tuitea… si te atreves. Cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España”.

Este informe denuncia cómo estas personas han sido procesadas en virtud del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”, reprimiendo así expresiones de índole política o provocativa, sobre todo en las redes sociales, y a la comunidad artística del país. Más recientemente, la organización publicaba un análisis lamentando la decisión del TEDH de inadmitir la demanda interpuesta por Pablo Hásel contra su condena por enaltecimiento del terrorismo.