Por MST-RD, secci贸n de la UIT-CI de Rep煤blica Dominicana
Condenamos las ejecuciones de obreros haitianos en el marco de la pol铆tica racista y xen贸foba oficial
La noche del 17 de octubre, una patrulla de la Polic铆a Nacional atac贸 el barrio Mata Mosquito, en el distrito municipal Ver贸n-Punta Cana, asesinando brutalmente al obrero haitiano Jems Joacin. Testimonios de los trabajadores que residen en el lugar indican que la pandilla policial, aprovechando la persecuci贸n racial desatada por el presidente Abinader y la ministra Faride Raful, se dedicaba a extorsionar, realizando detenciones arbitrarias para exigir pagos por las liberaciones, amenazando con entregar a las v铆ctimas a la DGM. Estas operaciones de extorsi贸n se han intensificado sacando provecho del estado de excepci贸n de facto, as铆 como la definici贸n de una cuota de 10 mil personas expulsadas semanalmente, anunciada por el gobierno el 2 de octubre. Al tratarse de la tercera operaci贸n extorsiva en apenas una semana, algunos trabajadores intentaron defenderse, y fue en ese marco que los agentes policiales procedieron a ejecutar con disparos en el pecho a Joacin, quien se encontraba totalmente desarmado y ajeno a la confrontaci贸n, realizando una compra en un colmado.
De acuerdo con medios locales, la pandilla policial estaba encabezada por el segundo teniente Berto Marcelo Louis. Medios afines al gobierno han descrito la ejecuci贸n como resultado de un “enfrentamiento”, sin embargo es obvio que la acci贸n de los trabajadores de defenderse con piedras de la agresi贸n de los agentes extorsionadores no pod铆a habilitar a los esbirros a ejecutar a balazos a un hombre desarmado. A煤n en el caso de que los esbirros hubieran disparado hacia personas que se defend铆an con piedras no se podr铆a describir como un «enfrentamiento», ya que se evidenciar铆a un uso desproporcionado e ilegal de la fuerza letal. Tal ser铆a el caso de la ejecuci贸n el 22 de octubre en el municipio Enriquillo, en Barahona, del trabajador Yoel Charles, a quien esbirros policiales tirotearon mortalmente cuando presuntamente portaba un machete.
Estas ejecuciones ocurren no solo en el marco del fracaso total de la mal llamada “reforma policial”, que supuestamente deb铆a poner fin a esta pr谩ctica ilegal pero institucionalizada, sino tambi茅n en el contexto de una ofensiva racista oficial con el objetivo de lograr la expulsi贸n de m谩s de 500 mil personas de la comunidad inmigrante haitiana en el pr贸ximo a帽o. Seg煤n los estimados oficiales m谩s recientes publicados por el Instituto Nacional de Migraci贸n, la comunidad inmigrante haitiana est谩 conformada por 553 mil personas. Si bien las deportaciones no lograr谩n su prop贸sito de expulsar a la totalidad de esta comunidad, pues muchas personas expulsadas retornan, el solo hecho de que la meta de expulsiones coincida con el tama帽o oficialmente estimado de la comunidad perseguida es un indicador de la intenci贸n de perpetrar una limpieza 茅tnica, un crimen de lesa humanidad. Es muy grave que partidos y organizaciones sociales que se autodenominan democr谩ticas no condenen esta pol铆tica oficial ni se movilicen para derrotarla.
La lista de cr铆menes es interminable. El 9 de octubre, militares atacaron a un trabajador haitiano en la comunidad de Las Palmas, en el municipio Oviedo, dispar谩ndole por la espalda con una escopeta y propin谩ndole una brutal golpiza. Fue rescatado por miembros de la comunidad y llevado a una cl铆nica. El director local de la DGM, Nibelin Nova Cuevas, afirm贸 que los militares no estaban actuando en un operativo formal de la DGM. Sin embargo, lo caracter铆stico de la actual campa帽a de persecuci贸n es el despliegue descoordinado de hordas policiales y militares por todo el territorio nacional a la caza de personas negras, incluso llevando a cabo allanamientos sin orden judicial. Cuando las personas detenidas presentan sus documentos en regla, son enviadas a cuarteles y destacamentos o al tenebroso «Centro Vacacional de Haina» para la revisi贸n de sus documentos, un protocolo abiertamente inconstitucional y discriminatorio.
Es tal el hacinamiento, el hambre y la insalubridad en ese campo de concentraci贸n mal llamado «Centro Vacacional» que el 17 de octubre decenas de personas arbitrariamente detenidas se amotinaron, exigiendo agua, comida y una r谩pida definici贸n de su situaci贸n, ya que sufren detenciones indefinidas sin acceso a asistencia legal. Las autoridades negaron que hubiera ocurrido ning煤n hecho de violencia, pese a las denuncias de que se reprimi贸 violentamente e im谩genes en las que aparentemente militares disparan armas de guerra en el interior del campo de concentraci贸n. Otros cr铆menes recientes que han conmocionado al pueblo dominicano y a la comunidad inmigrante han sido el lanzamiento del obrero haitiano Mikelson Germain el 11 de septiembre desde un techo por parte de un agente migratorio, en Ver贸n-Punta Cana, y la detenci贸n arbitraria y las amenazas en contra del dirigente dom铆nico-haitiano Franklin Dinol, del Movimiento Reconocido, el 12 de octubre.
Las movilizaciones neofascistas, estimuladas por el gobierno, tambi茅n se han incrementado. El 27 de septiembre y el 5 de octubre, ondeando banderas estadounidenses e israel铆es, agrupaciones neonazis se movilizaron en Santo Domingo por una aceleraci贸n de las deportaciones. Una turba de extrema derecha tambi茅n siti贸 la sede de MOSCTHA el 8 de octubre, sin que la Polic铆a Nacional interviniera para garantizar su seguridad. El 10 de septiembre una protesta de trabajadores ca帽eros retirados exigiendo el pago de sus pensiones y el fin del trabajo forzoso, fue hostigada por el sindicato pro-empresarial de Central Romana, afiliado a la central oficialista CNUS.
Exigimos justicia para Jems Joacin y Yoel Charles, llamamos a todas las organizaciones que se reclamen democr谩ticas o de izquierda, las organizaciones sociales y de derechos humanos, a pronunciarse contra la pol铆tica del presidente Abinader y la ministra Faride Raful que pretende sembrar el terror entre los trabajadores de origen haitiano para lograr su desplazamiento forzoso. Basta de impunidad brindada por la PGR a agentes represivos y paramilitares neofascistas. Basta de apartheid. Es urgente avanzar hacia la organizaci贸n de una gran movilizaci贸n nacional contra la violencia racista del gobierno y la ultraderecha.