Informe anual de 2024 sobre la pena de muerte en Irán
La Organización de Derechos Humanos de Irán y Juntos Contra la Pena de Muerte (ECPM) han publicado su informe anual de 2024 sobre la pena de muerte en Irán. En este informe se examinan las tendencias en materia de ejecuciones, los marcos jurídicos, los cargos, los métodos de ejecución y su distribución geográfica.
Según este informe, la República Islámica de Irán utiliza la pena de muerte como instrumento de represión política y control social. Durante la presidencia de Masoud Pezeshkian, las ejecuciones han aumentado significativamente. El informe insta a la comunidad internacional a ejercer más presión para detener esta tendencia.
Alarmante aumento de ejecuciones en 2024
Según las estadísticas, en 2024 se ejecutaron en Irán al menos 975 personas, lo que supone un aumento del 17% respecto de los 834 casos de 2023. Esta cifra representa la más alta registrada en las últimas dos décadas. A pesar de las promesas reformistas del nuevo gobierno, las ejecuciones han seguido creciendo. Estas condenas a muerte forman parte de la guerra que libra la República Islámica contra su propio pueblo para mantener el poder.
Las ejecuciones como herramienta de represión
En 2024, las ejecuciones fueron más allá de un castigo judicial y se convirtieron en un medio para infundir miedo en la sociedad. El 90% de las ejecuciones se llevaron a cabo sin anuncios oficiales del gobierno, lo que pone de relieve la falta de transparencia del sistema judicial de Irán. Las ejecuciones relacionadas con las drogas registraron el mayor aumento, con 503 personas ejecutadas por cargos de drogas en 2024, en comparación con solo 126 en 2021.
Ataques contra minorías y opositores políticos
Las minorías étnicas y religiosas han sido las principales víctimas de esta oleada de ejecuciones. El 90% de los ejecutados por supuestas conexiones con grupos de la oposición eran kurdos. Además, el número de ciudadanos afganos ejecutados aumentó de 25, en 2023, a 80, en 2024, lo que indica las políticas discriminatorias del régimen. Los presos baluches también han sido objeto de ejecuciones con el pretexto de delitos relacionados con las drogas.
Ejecución de mujeres y niños: una clara violación de los derechos humanos
En 2024, al menos 31 mujeres fueron ejecutadas, la cifra más alta en 17 años. Además, se ejecutó al menos a un delincuente juvenil, lo que viola los compromisos internacionales de Irán, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño. Irán sigue siendo uno de los pocos países que aún ejecuta a personas menores de 18 años.
Entre las mujeres ejecutadas, muchas pertenecían a comunidades marginadas y sufrieron discriminación sistemática durante todo el proceso judicial. Casos como los de Pakhshan Azizi y Warisheh Moradi [actualmente en prisión y condenadas a muerte] ponen de relieve la intersección de la discriminación de género y étnica en el sistema judicial de Irán. A estas mujeres se les negó con frecuencia un juicio justo, fueron sometidas a confesiones forzadas y se enfrentan a la ejecución sin la debida representación legal. Sus ejecuciones ponen de relieve la persecución desproporcionada de las mujeres, especialmente las pertenecientes a minorías, por parte del sistema judicial del Estado.
Débil respuesta internacional
A pesar del marcado aumento de las ejecuciones, las instituciones internacionales han dado muestras de una respuesta débil. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha seguido cooperando con Irán, pese a que 84 organizaciones de derechos humanos han pedido la suspensión de esas colaboraciones. Esta inacción ha envalentonado a la República Islámica para persistir en sus políticas represivas.
La mayoría de los ejecutados por delitos relacionados con las drogas pertenecían a grupos marginados, en particular al pueblo baluche, que ha estado desproporcionadamente representado entre los ejecutados. Los Tribunales Revolucionarios, que dictaron 534 sentencias de muerte en 2024, se ocuparon de todos los cargos relacionados con las drogas y la seguridad.
Resistencia interna: “No a las ejecuciones los martes”
En respuesta al creciente número de ejecuciones, han aumentado las protestas y los movimientos de resistencia en Irán. Una de las iniciativas más importantes ha sido la campaña “No a las ejecuciones los martes”, lanzada por presos políticos y rápidamente adoptada por la sociedad en general. Estas protestas semanales se han convertido en un símbolo de oposición a las políticas de ejecución del régimen.
La urgente necesidad de una acción global
Las ejecuciones generalizadas en Irán no son sólo una medida judicial, sino un arma política contra los disidentes, las minorías y los grupos vulnerables. La tendencia creciente de las ejecuciones bajo la presidencia de Pezeshkian indica que el régimen sigue recurriendo a la represión para mantenerse en el poder. En estas circunstancias, el papel de la comunidad internacional a la hora de ejercer presión sobre el gobierno iraní es más decisivo que nunca. Si persiste el silencio mundial, la maquinaria de ejecuciones de la República Islámica seguirá con su letal labor a un ritmo acelerado.
La Organización de Derechos Humanos de Irán y el informe del ECPM piden que se incremente la presión diplomática y se impongan sanciones específicas a los funcionarios implicados en la ejecución de las sentencias de muerte. El futuro de Irán depende de que se ponga fin a esta tendencia letal, y sólo mediante una acción internacional decisiva puede haber esperanzas de cambio.
Zegrus Enderyari -Medya News - Kurdistán América Latina