- La decisión del Gobierno de Estados Unidos de autorizar la explotación minera de Lithium Americas en Thacker Pass, Nevada, infringió los derechos de los pueblos indígenas al no obtener el consenso libre, previo e informado.
- El proyecto muestra cómo la legislación minera estadounidense y el proceso de concesión de permisos pisotean los derechos de los pueblos indígenas, que consideran el acceso a la tierra de suma importancia para sus prácticas religiosas y culturales. Los residentes también temen que la mina amenace sus derechos a la salud, a un medio ambiente sano y al agua.
- El gobierno federal debe detener la construcción en Thacker Pass hasta que haya obtenido un consenso libre, previo e informado de los pueblos indígenas y garantizar que todos los procesos de concesión de permisos mineros actuales y futuros cumplen las normas internacionales de derechos humanos.
Washington, DC, 6 de febrero de 2025.- La decisión del Gobierno de Estados Unidos de permitir la explotación minera de Lithium Americas en Thacker Pass, Nevada, viola los derechos de los pueblos indígenas, señalan Human Rights Watch y ACLU en un informe publicado hoy. El proyecto minero de 18.000 acres está actualmente en construcción y extraerá litio de uno de los mayores yacimientos conocidos del mundo.
El informe de 133 páginas, “‘The Land of Our People, Forever’: United States Human Rights Violations against the Numu/Nuwu and Newe in the Rush for Lithium” (La tierra de nuestro pueblo, para siempre: violaciones de los derechos humanos cometidas por Estados Unidos contra los Numu/Nuwu y los Newe en la carrera por el litio), concluye que la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos permitió la explotación de la mina de Thacker Pass sin obtener un consenso libre, previo e informado de los pueblos indígenas -los Numu/Nuwu y Newe, o Paiute del norte y Shoshone del oeste en español-, en violación de sus derechos a la religión, la cultura y sus tierras ancestrales según la legislación y las normas internacionales de derechos humanos. Aunque puede haber otras, al menos seis Tribus están ligadas a las tierras situadas en la zona de Thacker.
“El proyecto de Thacker Pass muestra cómo la legislación minera estadounidense y el proceso de concesión de permisos pisotean los derechos de los pueblos indígenas”, afirmó Abbey Koenning-Rutherford, investigadora Aryeh Neier de la Unión Americana de Libertades Civiles y Human Rights Watch. “Las agencias mineras federales y estatales de Estados Unidos deben revisar urgentemente la normativa que regula los permisos mineros para adaptarla a las normas internacionales sobre el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado”.
Entre septiembre de 2023 y enero de 2025, Human Rights Watch y la ACLU entrevistaron a 41 miembros de comunidades indígenas, periodistas, abogados y expertos sobre el impacto de la mina. Los investigadores también revisaron litigios, estudios científicos, noticias y redes sociales, imágenes por satélite y mapas medioambientales.
Al aprobar la mina el 15 de enero de 2021, la Oficina de Gestión de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés), organismo dependiente del Departamento del Interior, declaró que había “estado en contacto con los gobiernos tribales en relación con este proyecto desde sus primeras fases... y durante todo el proceso... subsiguiente”. Sin embargo, el alcance real de su contacto directo con las Tribus fue de tres series de correos enviados a tres gobiernos tribales.
“No paran de decir 'consulta, consulta'. Supongo que eso es lo que creen que estaban haciendo”, dijo un líder de las prácticas religiosas y tradicionales Paiute-Shoshone de Fort McDermitt que solicitó el anonimato. “Pero en realidad no lo hicieron”.
Lithium Americas siguió adelante a pesar de la oposición de al menos cinco gobiernos tribales, según constataron Human Rights Watch y la ACLU. Los tribunales estadounidenses rechazaron los intentos de las Tribus de impugnar la idoneidad del proceso de consulta después de que la agencia hubiera concedido el permiso. Una de ellas, la Tribu Paiute-Shoshone de Fort McDermitt, ha firmado desde entonces un acuerdo con Lithium Americas y ha emitido una carta de apoyo a la mina.
Aunque la mina no desplaza a ninguna de las comunidades, las obras de construcción han impedido a los pueblos indígenas Numu/Nuwu y Newe acceder a partes de Peehee Mu'huh, el nombre indígena de la tierra en la zona. El acceso a la tierra es importante para las prácticas religiosas y culturales. Los residentes tribales también expresaron su temor a que la mina amenace sus derechos a la salud, a un medio ambiente sano y al agua.
Las tierras que rodean Thacker Pass son especialmente significativas, ya que incluyen zonas donde la gente huyó y murió durante una masacre de la caballería estadounidense en 1865. Los miembros de la Tribu rinden homenaje a sus antepasados, conmemoran anualmente la masacre y realizan otras prácticas religiosas en estas tierras.
“Las Tribus de Paiutes del Norte, Shoshones del Oeste y Bannocks tienen una historia con el gobierno de Estados Unidos”, declaró Gary McKinney, portavoz de People of Red Mountain, una organización de defensa de los derechos de los indígenas. “Esa historia incluye la minería, los tratados incumplidos y las reservas indígenas que se establecieron para ayudar en la degradación injustificada de la tierra causada por la minería y el pastoreo de ganado en paisajes ancestrales de caza y recolección de los Paiutes, Shoshone y Bannock”.
La obsoleta ley de minería de 1872 otorga a los ciudadanos estadounidenses, incluidas las empresas, la capacidad de reclamar derechos mineros en la mayoría de las tierras de propiedad federal, la inmensa mayoría de las cuales fueron confiscadas a los pueblos indígenas. El permiso para la mina de Thacker Pass se puso en marcha, en parte, gracias a esta ley de 1872.
El proceso de obtención del permiso se extendió desde el 21 de enero de 2020 hasta el 15 de enero de 2021, un plazo mucho más corto que la media de 3.1 años de la agencia. El presidente estadounidense Donald Trump, en su primera administración, emitió dos órdenes ejecutivas en las que pedía agilizar los procedimientos mineros.
Los residuos tóxicos producidos por la extracción de litio se almacenarán en un montículo de 350 pies de altura, llamado pila de relaves. Great Basin Resource Watch, un organismo de control medioambiental ha advertido de que la pila podría provocar “un fallo catastrófico liberando los residuos tóxicos al medio ambiente”. Lithium Americas declaró: “[L]os tribunales han respaldado repetidamente el análisis medioambiental de BLM y el proyecto también ha sido considerado en profundidad y autorizado por múltiples agencias estatales... [incluyendo] la instalación de relaves filtrados”.
BLM no ha respondido a las preguntas de Human Rights Watch y ACLU sobre el proceso de concesión de permisos. Lithium Americas respondió y dijo “BLM permitió el proyecto después de años de consulta de gobierno a gobierno con las Tribus de la zona, y los tribunales federales han confirmado repetidamente la consulta de BLM como coherente con la ley federal”. La empresa describió sus propias “amplias consultas” con la Tribu Paiute-Shoshone de Fort McDermitt.
General Motors, socio de la empresa conjunta en la mina, dijo a Human Rights Watch y a la ACLU que es “consciente de las cuestiones que se han planteado.... Incorporamos estas preocupaciones en nuestra diligencia debida y decisión de inversión”.
El litio es un metal clave para fabricar baterías recargables de iones de litio utilizadas en coches eléctricos y otras tecnologías.
Al asumir el cargo por segunda vez el 20 de enero de 2025, el presidente Trump dijo que la política de Estados Unidos era convertirse en “el principal productor y procesador” de minerales. También dio instrucciones al Departamento del Interior para “identificar todas las acciones de la agencia que imponen cargas indebidas a la minería nacional y el procesamiento de ... minerales y emprender medidas para revisar o rescindir tales acciones”. Al parecer, los asesores del nuevo gobierno en diciembre de 2024 pidieron que se agilizaran los permisos de minería, incluso renunciando a las revisiones medioambientales.
En ausencia de una mayor protección de los derechos indígenas, incluido el derecho al consenso libre, previo e informado, la aceleración y expansión de la producción minera estadounidense amenaza los derechos de los pueblos indígenas a su tierra, cultura y religión, señalaron la ACLU y Human Rights Watch. El gobierno federal debe detener la construcción en Thacker Pass hasta que haya obtenido un consenso libre, previo e informado de los pueblos indígenas. El gobierno estadounidense también debe garantizar que todos los procesos de concesión de permisos mineros actuales y futuros cumplen las normas internacionales de derechos humanos. Estados Unidos debe basarse en las recomendaciones de un grupo de trabajo interinstitucional de 2023 y reformar la ley de minería de 1872 para que cumpla la legislación internacional sobre derechos humanos, especialmente los derechos de los pueblos indígenas.
“La mina de Thacker Pass es una advertencia de los riesgos a los que se enfrentan los pueblos indígenas con este tipo de minería”, afirmó Koenning-Rutherford. “Estados Unidos debe respetar los vínculos seculares de los pueblos indígenas con Peehee Mu'huh y actuar para evitar más daños en Thacker Pass”.