La Plataforma Derecho a Techo denuncia el desalojo de trabajadores del campo en el Cortijo “El Uno” en Níjar
La Plataforma Derecho a Techo, formada por diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas de Almería denuncia y se opone al intento de llevar a cabo el desalojo, previsto por orden judicial, para el martes 25 de febrero, de todas las personas que en estos momentos habitan en el Cortijo del Uno en Níjar. Hablamos de en torno a 60 personas, trabajadores del campo en su mayoría familias, algunas con menores de 3 y 4 años. Van a ser echados a la calle sin ninguna alternativa habitacional. Muchos de ellos llevan mucho tiempo viviendo en esta infravivienda y están dispuestos a pagar un alquiler asumible si se les ofrece una alternativa como la que están buscando pero no encuentran. Los precios de la vivienda en la comarca de Níjar son imposibles de asumir para la mayoría, no sólo para los inmigrantes, sino para toda la clase trabajadora.
Cuando se produjo el desalojo del asentamiento del Walili en enero del 2023, el ayuntamiento de Níjar prometió a sus moradores que se les iba a ofrecer una alternativa, cuestión que luego se incumplió. Pero esta vez ni siquiera se han molestado en mentir. Todas las instituciones, el Ayuntamiento de Níjar, el Gobierno andaluz, el Gobierno del Estado, la patronal agrícola, etc. miran a otro lado y van a permitir y a ser cómplices este acto injusto y inhumano.
Agrava la situación el hecho de que el Ayuntamiento cuenta a su disposición con las 62 viviendas -totalmente equipadas- que no fueron ocupadas por los vecinos del Walili, lo que demuestra un interés nulo por evitar el sinhogarismo -adulto e infantil- en su municipio.
La plataforma considera y lo lleva diciendo desde hace años, que el problema de la vivienda para los trabajadores y trabajadoras agrícolas en la provincia de Almería tiene que ser abordado de forma integral, y no se está haciendo.
Durante los últimos años, en el municipio nijareño no ha parado de aumentar la superficie de cultivo, el mayor crecimiento de toda la provincia. Asimismo se han implantado importantes industrias agrarias de productos bio, sin que se haya planificado alojamiento para este aumento de trabajadores del llamado “milagro almeriense”. Y todo ello, a pesar del déficit crónico que tiene la localidad en oferta de vivienda no turística.
No sólo denunciamos la desidia de las instituciones y de los dirigentes políticos por no ocuparse de solucionar la grave problemática de vivienda que sufrimos toda la clase trabajadora, sea nativa o inmigrante, sino que en este caso concreto, el de los trabajadores agrícolas, hacemos responsables de esta situación a la patronal agrícola COEXPHAL. No se puede estar empleando trabajadores agrícolas, ya sean documentados o indocumentados, sin preocuparse por dónde y cómo van a vivir, obligándolos a tener que habitar chabolas, infraviviendas, asentamientos y luego echándolos de estos sitios a la calle sin ninguna alternativa.
La Plataforma Derecho a Techo exige que este nuevo atentado contra estas personas y sus familias no se produzca, que se pare el desalojo previsto.