Este 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, se conmemora el 60 aniversario de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. En España, el Gobierno ha declarado 2025 como Año del Pueblo Gitano, para conmemorar el 600 aniversario de la llegada de las gitanas y gitanos a la península ibérica.
Con este trasfondo, la Fundación Secretariado Gitano hace un llamamiento a las instituciones y al conjunto de la sociedad a dar pasos decisivos para erradicar el antigitanismo y la discriminación estructural que sufre el pueblo gitano.
El problema de la discriminación estructural antigitana no es exclusivo de España, pero adquiere una particular urgencia en nuestro país, dado el elevado número de personas afectadas (la población española gitana se estima entre 1 y 1,3 millones de personas). Este peso demográfico y la importancia de la contribución gitana a la cultura española, contrasta con el desconocimiento generalizado acerca de la historia y cultura gitanas, a pesar de que la última reforma educativa estatal (la LOMLOE) incluyó en los planes de estudio el reconocimiento y difusión de la historia del pueblo gitano para promover su conocimiento y reducir estereotipos. Es imprescindible garantizar la implementación de estos contenidos en los programas educativos de los centros escolares en todos los niveles y velar por que se traduzca en un cambio real en la percepción social del pueblo gitano.
Es necesario, por tanto, avanzar en el reconocimiento de la Historia del pueblo gitano en nuestro país. Los esfuerzos internacionales por llamar la atención sobre el Samudaripen o genocidio durante la persecución nazi, no se han visto acompañados en España de acciones similares relativas a la Gran Redada de 1749 (el primer intento sistemático de exterminio del pueblo gitano, que fracasó por falta de apoyo de la población) o la legislación y normativa antigitana iniciada en 1499 con la Pragmática de los Reyes Católicos y cuya vigencia persistió hasta 1978 con la aprobación de la Constitución Española. El reconocimiento oficial de estos episodios y su inclusión en la memoria democrática del país son pasos fundamentales para comenzar a reparar siglos de discriminación.
A pesar de los avances producidos en los últimos años, persisten unas brechas de desigualdad en ámbitos clave que impiden que muchas personas gitanas accedan a una ciudadanía plena. Por señalar algunos datos, la tasa de paro es tres veces superior a la de la población general; el 86% de las personas gitanas están en situación de pobreza; la tasa de pobreza infantil asciende al 89%; la tasa de fracaso escolar es del 62,8% (frente al 4% de la población general); y el 77% de la población que vive en asentamientos chabolistas o infraviviendas es gitana. Estos datos demuestran la existencia de una situación de discriminación estructural que debería paliarse con urgencia.
Según el último Eurobarómetro especial: Discriminación en la Unión Europea, la discriminación contra las personas gitanas es la más extendida en España y en Europa, en comparación con otras minorías y colectivos discriminados (así lo perciben, respectivamente, el 70% de la población en España y el 60% de la población en la UE). En este contexto, además, se dan incidentes de discriminación y antigitanismo con asiduidad. En efecto, en la Fundación Secretariado Gitano hemos documentado y atendido más de 4.600 casos de discriminación y antigitanismo en los últimos 20 años. Este dato no es más que la punta del iceberg de una situación muy extendida en España: un 30,3% de las personas gitanas afirman haber sufrido algún tipo de discriminación en los últimos 12 meses, según el último estudio Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas. Es fundamental reforzar los mecanismos de denuncia y protección para que estas situaciones no queden impunes y se garantice la reparación a las víctimas.
Al mismo tiempo que persiste la discriminación, se constata en la opinión pública y a nivel institucional una voluntad decidida por avanzar hacia la plena inclusión de las personas gitanas. El rey Felipe VI puso palabras a sentimientos ampliamente compartidos con su intervención en Radio Exterior de España, el pasado 4 de marzo, sumándose, como padrino de Honor, a la conmemoración del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. El jefe del Estado llamó la atención sobre esa discriminación histórica y animó a seguir luchando contra esta lacra. Es necesario que este compromiso se traduzca en acciones concretas desde todos los ámbitos institucionales.
El 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, ofrece una ocasión para volver a llamar la atención sobre la anomalía que supone que, tres años después de la aprobación de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, siga sin ponerse en marcha la Autoridad Independiente encargada de velar para que no quede en papel mojado la protección de las víctimas. De poco sirven las conquistas legislativas si estas no se traducen en medidas efectivas para que quienes, como las personas gitanas, sufren la discriminación en su día a día, obtengan una reparación efectiva.