La nueva legislación restringe la posibilidad de veterinarias y veterinarios de dispensar medicamentos
Este miércoles 5 de marzo, los veterinarios de todo el país se han concentrado frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la capital española para pedir la derogación del Real Decreto 666/2023, que ha impuesto una serie de restricciones que afectan a su trabajo diario, y para exigir una regulación del medicamento veterinario que se ajusta más al Reglamento Europeo.
La legislación, que regula la preinscripción, distribución y uso de medicamentos para animales, ha generado polémica entre los profesionales del sector, ya que les obliga a registrar electrónicamente todas las prescripciones de antibióticos y restringe la posibilidad de los veterinarios de dispensar medicamentos. Además, impone "sanciones desproporcionadas", según los manifestantes.
El Congreso de los Diputados ha aprobado una modificación en la Ley de Sanidad Animal que rebaja las sanciones por errores o retrasos en la notificación de prescripciones veterinarias. Originalmente catalogadas como infracciones muy graves, con multas de entre 60.001 y 1.200.000 euros, estas faltas ahora se consideran leves, con sanciones que oscilan entre 600 y 3.000 euros o incluso un simple apercibimiento.
Sin embargo, esta modificación no ha calmado los ánimos en el sector. La normativa introduce un sistema de reincidencia acumulativa que eleva la gravedad de las sanciones: dos infracciones leves en dos años se convertirán en graves, mientras que dos graves en el mismo periodo serán consideradas muy graves. Esto significa que errores administrativos reiterados podrían volver a exponer a los veterinarios a sanciones millonarias.
El sector también cuestiona la aplicación de restricciones destinadas a la ganadería al ámbito de los animales de compañía, que representan solo el 1% del consumo total de antibióticos veterinarios. Las movilizaciones contra la normativa se han intensificado en las últimas semanas. El pasado 28 de febrero, la plataforma Veterinarios Unidos organizó una protesta en IFEMA durante la clausura del Congreso Iberzoo Propet. A esta iniciativa se han sumado asociaciones profesionales, colegios veterinarios y el Consejo Nacional de Estudiantes de Veterinaria, que también apoyan una nueva concentración prevista para el 5 de marzo.
Entre las reivindicaciones del sector veterinario se encuentran un ajuste de la ley, que consideran que es más restrictiva de lo exigido por Europa, reducir la carga excesiva en materia burocrática (lo cual dejaría menos espacio para diagnósticos) o una reducción del IVA de los productos veterinarios, que actualmente se encuentra gravado en un 21% y piden que se equipare al IVA de la sanidad humana.
Un caos que ya ha dejado una primera víctima
El malestar entre los veterinarios sigue creciendo tras la muerte de una perra en Galicia por una sepsis presuntamente vinculada a las demoras en la administración de antibióticos, consecuencia de las restricciones impuestas por la nueva normativa. Uno de los puntos más controvertidos es la exigencia de que el animal esté identificado con microchip para recibir tratamiento.
Si el propietario no cumple con este requisito, el animal queda sin acceso a los medicamentos necesarios. "El Ministerio de Agricultura no puede hacer un corta-pega de una legislación diseñada para los ganaderos", denuncian desde el sector, resaltando que estas medidas limitan la libertad de actuación veterinaria y comprometen el criterio clínico de los profesionales.
La protesta ha ganado visibilidad con casos como el de Selva, una Jack Russell de nueve años que falleció debido a los retrasos provocados por el protocolo. Según el veterinario Carlos Rodríguez, la normativa obliga a realizar un antibiograma, una prueba que puede tardar varios días, antes de administrar el tratamiento. En el caso de Selva, esta espera impidió que recibiera el antibiótico a tiempo.
Entre las demandas del sector, destacan la posibilidad de dispensar tratamientos completos mediante el fraccionamiento de envases clínicos, lo que reduciría costes; priorizar el criterio clínico y la evidencia científica frente a fichas técnicas desactualizadas; y adaptar las prescripciones a la disponibilidad real de medicamentos en el mercado. Las protestas, que han incluido el cierre temporal de clínicas veterinarias por toda España, buscan visibilizar los riesgos de la normativa para la salud animal y exigir un cambio inmediato en su aplicación.