Las ejecuciones tuvieron lugar en la prisión de Vakilabad, en la ciudad de Mashhad. IHR aseguró que las familias de los condenados no fueron notificadas previamente ni se les permitió realizar visitas de despedida.
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR, calificó a los cinco ejecutados como “presos políticos” y denunció que fueron víctimas de torturas, juicios arbitrarios y condenas a muerte dictadas sin las debidas garantías procesales.
Cuatro de los ejecutados eran miembros de la comunidad musulmana suní —una minoría en la República Islámica de Irán— y el quinto pertenecía a una rama del islam chií, según el comunicado.
Irán es el segundo país del mundo con más ejecuciones, solo por detrás de China. Human Rights Watch ha advertido de un preocupante aumento del número de ejecuciones en el país, con al menos 245 registradas desde enero.
ANHA
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