AI: El Gobierno de Unidad Nacional de Libiadebe garantizar quelos líderes de las milicias rinden cuentas tras el estallido deviolencia en Trípoli
En respuesta a los enfrentamientos armados que tuvieron lugar ayer en Trípoli entre diversas milicias y dieron lugar a la rendición de muchos miembros de la conocida milicia Autoridad de Apoyo a la Estabilidad (SSA) y a la muerte de su líder, Abdel Ghani al Kikli, conocido como “Gheniwa”, así como a ulteriores decisiones adoptadas hoy por el Gobierno de Unidad Nacional, entre ellas la designación de un nuevo jefe de la tristemente célebre Agencia de Seguridad Interna (ISA), radicada en Trípoli, y la disolución del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular (DCIM), Mahmoud Shalaby, investigador para Egipto y Libia de Amnistía Internacional ha afirmado:
“Desde hace años, la Autoridad de Apoyo a la Estabilidad (SSA) y la Agencia de Seguridad Interna (ISA) aterrorizan a la población de Trípoli mediante desapariciones forzadas, tortura y otros crímenes de derecho internacional. Miembros de la SSA han sometido a cientos de personas migrantes y refugiadas a tortura, trabajo forzoso y violación después de interceptarlas en el mar y devolverlas a centros detención bajo el mando de esta milicia.”
“Ahora, el Gobierno de Unidad Nacional debe dar prioridad a los derechos de las víctimas y romper el ciclo de impunidad. Debe garantizar que todos los miembros de estas milicias, incluidos sus dirigentes, que sean sospechosos de la comisión de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos rinden cuentas. El Gobierno de Unidad Nacional debe abrir con carácter inmediato investigaciones, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los crímenes cometidos por estos grupos en los últimos años. Pero la rendición de cuentas no debe convertirse en venganza: los miembros de las milicias que sean detenidos o se entreguen deben recibir un trato humano mientras estén detenidos y recibir protección frente al riesgo de tortura y otros malos tratos.”
El Gobierno de Unidad Nacional debe dar prioridad a los derechos de las víctimas y romper el ciclo de impunidad. Debe garantizar que todos los miembros de estas milicias, incluidos sus dirigentes, que sean sospechosos de la comisión de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos rinden cuentas.
Mahmoud Shalaby, investigador sobre Libia
“El nombramiento hoy por el Gobierno de Unidad Nacional de un nuevo jefe de la Agencia de Seguridad Interna debe poner fin a la despiadada campaña de represión de ese organismo contra personas que ejercen pacíficamente sus derechos humanos. El Gobierno de Unidad Nacional también debe garantizar que el exjefe de la Agencia de Seguridad Interna, Lotfi al Harari, rinde cuentas por todos los crímenes de derecho internacional presuntamente cometidos bajo su mando. En concreto, mientras era jefe adjunto de otra milicia, Fuerzas de Seguridad Central de Abu Salim, es sospechoso de haber participado en crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos desde 2011, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas.”
“La decisión del Gobierno de Unidad Nacional de disolver el DCIM e integrar a sus miembros en el Ministerio del Interior debe incluir verificaciones individuales de antecedentes para garantizar la rendición de cuentas de los presuntos autores de delitos bien documentados contra personas migrantes y refugiadas, como violencia sexual, extorsión, trabajo forzoso y condiciones de detención inhumanas en los centros del DCIM.”
Amnistía Internacional pide también al Gobierno de Unidad Nacional que garantice la puesta en libertad inmediata de todas las personas que están detenidas sin cargos o sin base jurídica en lugares de detención oficiales o no oficiales controlados por la Autoridad de Apoyo a la Estabilidad y otras milicias, incluida la Agencia de Seguridad Interna. Todas las personas detenidas arbitrariamente deben tener acceso a un recurso efectivo.
Información complementaria
El 12 de mayo de 2025 estallaron enfrentamientos armados entre milicias rivales en Trípoli y se informó de la muerte de uno de los más poderosos lideres de las milicias en Trípoli, Abdel Ghani al Kikli, conocido como “Gheniwa”. La institución gubernamental Centro de Medicina y Apoyo de Emergencia afirmó que se habían recogido seis cadáveres en las calles del barrio de Abu Salim, en Trípoli, después de los enfrentamientos, sin aclarar si se trataba de civiles o combatientes.
El 13 de mayo de 2025, el Gobierno de Unidad Nacional adopto varias decisiones, entre ellas la de establecer un comité gubernamental encargado de inspeccionar las instalaciones de detención y garantizar el respeto del trato humano a las personas detenidas. El comité tiene también el cometido de examinar la legalidad de las detenciones y reclusiones con el fin de garantizar la aplicación de las decisiones de las autoridades judiciales en relación con la puesta en libertad o la continuidad de la detención. Las decisiones del Gobierno de Unidad Nacional incluían la disolución del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular y el nombramiento de otro jefe de la Agencia de Seguridad Interna.
La Autoridad de Apoyo a la Estabilidad, creada por el Gobierno de Unidad Nacional en 2021, estaba al mando de Abdel Ghani al Kikli, conocido como “Gheniwa”, que fue designado para el cargo a pesar de su documentado historial de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos presuntamente cometidas por milicias bajo su mando desde el levantamiento de 2011. Amnistía Internacional ha documentado delitos como desapariciones forzadas y muertes bajo custodia a manos de miembros de la milicia Autoridad de Apoyo a la Estabilidad bajo el mando de “Gheniwa”, así como intercepciones de personas refugiadas y migrantes en el mar empañadas por informes de violencia que dieron lugar a la pérdida de vidas en el mar.
Amnistía Internacional viene documentando desde hace años crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos en centros de detención del DCIM, en los que las personas migrantes y refugiadas han sido sometidas a detención arbitraria indefinida y, según informes, extorsión y trabajo forzoso, condiciones de detención crueles e inhumanas, que en ocasiones son constitutivas de tortura, brutales palizas con diversos objetos y violencia sexual.