- Las restricciones generalizadas y deliberadas contra el periodismo en Grecia están generando un entorno donde se reprime el periodismo crítico y la autocensura se convierte en norma.
- Las y los periodistas enfrentan vigilancia estatal, acoso e intimidación por parte de actores afines al gobierno, así como demandas abusivas de figuras políticas, todo lo cual representa una amenaza para la democracia y el Estado de derecho.
- La Comisión Europea y la Unión Europea en su conjunto deben vigilar estrechamente la situación y garantizar avances reales en materia de libertad de prensa en Grecia, asegurando el respeto a los valores democráticos fundamentales.
(Atenas, 8 de mayo de 2025) – Grecia atraviesa una grave crisis de libertad de prensa como resultado de acciones y omisiones del gobierno, lo que pone en riesgo la democracia y el Estado de derecho, señaló hoy Human Rights Watch en un nuevo informe.
El informe de 101 páginas, titulado “De mal en peor: el deterioro de la libertad de prensa en Grecia”, documenta el entorno hostil en el que operan los medios independientes y periodistas desde que el partido Nueva Democracia llegó al poder en julio de 2019. Acoso, intimidación, vigilancia y demandas abusivas han contribuido a fomentar la autocensura y restringir la libertad de prensa. Human Rights Watch también documentó el uso de fondos públicos para influir en la cobertura mediática, así como el control editorial ejercido sobre medios públicos, lo que agrava aún más esta situación. Todo ello debilita la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
“Las restricciones generalizadas y deliberadas contra el periodismo en Grecia están generando un entorno donde se reprime el periodismo crítico y la autocensura se convierte en norma”, afirmó Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “La UE debe reconocer esto como una seria amenaza para los valores democráticos y el Estado de derecho, y presionar a Atenas para que rectifique”.
La investigación se basa en entrevistas con 26 periodistas de distintos medios, así como con personas expertas del ámbito académico, legal y mediático. Human Rights Watch habló con periodistas que trabajan en prensa escrita, medios electrónicos, televisión y radio, en medios públicos, privados e independientes, así como corresponsales extranjeros y periodistas freelance. Muy pocos aceptaron ser identificados, por temor a represalias. También se analizaron informes y documentos, y se consultó a diversas partes interesadas.
El panorama mediático en Grecia se caracteriza por una elevada concentración de la propiedad: un pequeño grupo de personas con gran poder económico controla numerosos medios, muchas de ellas con vínculos directos con el partido en el gobierno.Veintidós periodistas describieron un entorno cada vez más hostil para ejercer su labor, mientras que seis denunciaron casos concretos de acoso por parte de altos funcionarios del gobierno como represalia por su trabajo informativo.
Un corresponsal extranjero freelance expresó: “Estoy considerando dejar el país, de verdad. No veo el sentido de seguir viviendo con este nivel de ansiedad. Las historias importan, pero la violencia ha empeorado”.
Un periodista con más de 25 años de experiencia en un importante canal de televisión privado griego declaró: “Lo que se dice en televisión está completamente controlado. No hay libertad. El control viene desde arriba... Todo está dirigido: qué vas a decir, cómo lo vas a decir”.
En 2022, surgieron fuertes sospechas de que el gobierno había utilizado el software espía Predator para espiar a periodistas, entre otras personas, lo que desató un gran escándalo de vigilancia. Siete periodistas dijeron tener pruebas o sospechas fundadas de estar bajo vigilancia estatal, ya fuera mediante métodos “tradicionales” como las escuchas telefónicas, o través de programas espía comerciales. Esto plantea graves amenazas a la privacidad y la libertad de expresión, y puede intimidar tanto a periodistas como a sus fuentes, afectando gravemente el ejercicio del periodismo.
Stavros Malichudis, un periodista independiente que descubrió en 2021 que los servicios de inteligencia griegos lo habían espiado, relató: “Durante muchos meses viví con miedo. Miedo a reunirme con gente, con mis fuentes, por temor a ponerlas en peligro. Me costó mucho tiempo recuperarme y volver a hacer periodismo”.
Human Rights Watch también documentó la influencia indebida que el gobierno ejerce sobre medios estatales como ERT y la Agencia de Noticias Atenas-Macedonia (AMNA), socavando su independencia. Además, se ha utilizado la publicidad institucional para favorecer a medios afines al gobierno.
Otro motivo de gran preocupación es el uso del sistema judicial como herramienta para silenciar a la prensa, a través de demandas abusivas, conocidas como “SLAPP” (Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública). Un ejemplo de esta práctica son las demandas por difamación presentadas por Grigoris Dimitriadis –sobrino del primer ministro y ex alto funcionario del gobierno— contra periodistas que informaron sobre el escándalo de espionaje.
Aunque recientemente se despenalizó la “difamación simple” –es decir, la difusión de hechos que, aun siendo ciertos, pueden resultar ofensivos—, las leyes siguen contemplando sanciones penales por “insulto” y “difamación calumniosa”.
Human Rights Watch también detectó un patrón de acciones destinadas a obstaculizar la rendición de cuentas, como la invocación de la seguridad nacional para impedir la publicación de información sobre el escándalo de vigilancia, la apertura de investigaciones contra personas denunciantes y la falta de transparencia sobre cómo se distribuyen los fondos públicos de publicidad entre los medios.
La preocupación internacional sobre el estado de la libertad de prensa en Grecia no deja de crecer. En el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Grecia figura sistemáticamente entre los últimos puestos de la UE. En febrero de 2024, el Parlamento Europeo adoptó una resolución expresando su profunda preocupación por la situación de la libertad de prensa y el Estado de derecho en el país. La Comisión Europea también ha abordado el tema en sus informes sobre el Estado de derecho, aunque sin reconocer plenamente la gravedad ni el carácter sistémico de la represión a los medios.
Human Rights Watch compartió sus hallazgos con el gobierno griego, las autoridades pertinentes y medios de comunicación. Sus respuestas se resumen en el informe y están disponibles en su totalidad en línea. Si bien el gobierno ha mencionado algunas iniciativas para mejorar la situación, no está claro si estas se traducirán en cambios reales. Su respuesta general ha sido defender el statu quo y minimizar la gravedad de los problemas documentados.
El primer ministro Kyriakos Mitsotakis, por ejemplo, desestimó la resolución del Parlamento Europeo, asegurando que el Estado de derecho en Grecia está “más sólido que nunca” y que el país ha sido objeto de “calumnias frecuentes” en los últimos años, en respuesta a las críticas por la situación de los derechos humanos bajo su mandato.
Grecia tiene claras obligaciones internacionales de proteger la libertad de prensa y el Estado de derecho, principios recogidos tanto en su propia Constitución como en los tratados fundamentales de la Unión Europea. La Unión Europea tiene la responsabilidad de garantizar que Grecia, como Estado miembro, cumpla con estos compromisos y actúe frente a las violaciones en materia de libertad de prensa.
“La actitud despectiva del gobierno griego ante las críticas legítimas del Parlamento Europeo indica que se necesita una respuesta más firme por parte de la Comisión Europea”, señaló Williamson. “La Comisión y la Unión Europea en su conjunto deben vigilar de cerca la situación y garantizar avances reales en la libertad de prensa en Grecia, así como en el respeto a los valores democráticos fundamentales”.