OPINIÓN
Carlos Luna Arvelo
Venezuela
Aunque para muchos la privatización en Venezuela puede ser un tema tabú, para otros es un asunto que debe ser puesto en la palestra considerando el contexto de modelo económico que insurge con el pasar de los días. Aunque oficialmente no se discute, por lo menos entre la gente común y corriente, es claro que quienes controlan el poder viene abordando el asunto.
A finales del año pasado el Presidente de Conindustria Luigui Pisella declaró que el gobierno tenía interés en privatizar entre 350 y 600 empresas estatales. Según lo declarado por Pisella el propio Presidente Nicolás Maduro expresó el interés del Ejecutivo en adelantar acuerdos con el capital privado, ya sea para la venta directa de estas empresas o para establecer asociaciones entre el Estado y el capital privado.
Según la información aportada por el empresario se busca dar prioridad al capital privado nacional, todo bajo la coordinación del Ministerio de Industrias y Producción, bajo la conducción de Alex Saab, https://www.bancaynegocios.com/gobierno-ofrece-350-empresas-publicas-al-capital-privado-nacional-para-que-invierta-y-asuma-su-gestion/
No son pocos los que opinan que ya desde el 2018 con lo ocurrido con la gasolina, bajo la administración de PDVSA, se dieron pasos claros en la privatización en la distribución del combustible y, aunque al día de hoy, 7 años después, aún mantienen cuotas de alguna importancia de “combustible subsidiado” que se otorga a los beneficiarios por el Sistema Patria, basta que no haya combustible subsidiado en las estaciones correspondientes para que quienes lo requieran deban acudir a estaciones privatizadas para cargar combustible a $ 0,50 por litro. Cada día hay menos estaciones subsidiadas, pero la gasolina privatizada poco escasea. Todo ello ha ocurrido sin mayores traumas ni revuelos para los gobernantes, en un país donde el incremento del combustible (siempre bajo administración del Estado) históricamente fue explosivo.
Así en el contexto de las sanciones económicas impuestas por EE UU contra el país, en el casi colapso económico el gobierno “impuso” unilateralmente un precio internacional al combustible, impuso esquemas de subsidio sin consultar con nadie y, lo más importante para ellos, sin que nadie chistara, ni al momento, ni después ni ahora. Si bien el subsidio al transporte se ha mantenido (otorgándole a los transportistas todo el combustible requerido para movilizar las unidades), al día de hoy los pasajes se están volviendo incosteables para los usuarios, pero la verdad es que el gobierno es quien termina autorizando los incrementos, tal como ocurrió a finales del mes de abril de este año.
Hace unas pocas semanas se viralizo en rrss el caso de incrementos desmedidos en la facturación de Corpoelec (electricidad). Oficialmente no ha quedado claro, hasta la fecha, el porqué del incremento de hasta un 400% en la facturación en muchos de los casos públicamente.
Es público y notorio que Corpoelec, quien depende del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, implementó a partir del año 2023 el plan “Borrón y Cuenta Nueva”, con el que se buscaba regularizar la facturación y cobro del servicio eléctrico, que desde hacía bastantes tiempo arrastraba deficiencias e irregularidades. Dos años después de iniciado este Plan que hasta donde se sabe fue exitoso para la Empresa, aparecen estas denuncias como las aquí mencionadas. No faltan los afirman que, por la vía de los hechos, los usuarios están frente al inicio de la privatización del servicio eléctrico. Oficialmente no hay información contrastable respecto al caso.
En cuanto al servicio de telefonía e internet públicos, ofrecidos por la Empresa estatal CANTV, podemos señalar que aunque los costos, hace pocos años, fueron incrementados desmedidamente, especialmente considerando que el servicio prestado presentaba pésima calidad, en los últimos tiempos los costos no han presentado variaciones mayores. En el caso del internet el ABA de CANTV, comparativamente tiene un costo bastante inferior al de cualquiera de las empresas privadas que lo ofrecen, pero los clientes no dejan de denunciar que la calidad del servicio es deficiente.
Mientras la educación y la salud, siguen funcionando bajo la conducción del Estado, no es menos cierto que el proceso de desinversión económica al que han sido sometidos estos sectores los ubica muy por debajo de los servicios de educación y de salud que se ofrecen desde el sector privado. Para algunos, el desmejoramiento de la calidad de los servicios públicos, responde a l interés de quienes apuestan que se impongan servicios privados.
Muchos recordamos aun como en los años 90, en los tiempos finales de la llamada cuarta república, en pleno furor del neoliberalismo en América Latina, poderosos sectores económicos interesados aliados con factores políticos, propiciaban tal deterioro de los servicios públicos, que en general la gente justificaba que se privatizaran los servicios, para favorecer su calidad. El caso mas emblemático de estos fue del de la CANTV. Pero también está el de la Electricidad de Caracas.
Hoy no faltan quienes argumentan que la gente está dispuesta a pagar por servicios de mejor calidad, por tanto, entre un servicio deficiente, irregular, gestionado por el Estado, es preferible un servicio eficiente, regular, gestionado por privados. Es preciso insistir en que no necesariamente lo que gestione el Estado será siempre deficiente y de pésima calidad, como tampoco puede ser asumido como axioma que lo que gestionen los privados siempre significara eficiencia y calidad en los servicios.
Pero este tema de la privatización tiene muchas aristas y aun es prematuro lo que sobre él se afirme o se niegue, lo que no debe ocurrir es que sigamos ignorando las señales que cada día se nos muestran con más claridad.
Carlos Luna Arvelo.