Greenpeace celebra el dictamen de la Corte Interamericana como una victoria judicial histórica que pone a las personas y al planeta por encima de los intereses de la industria fósil
Greenpeace celebra como una victoria judicial histórica la decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las obligaciones de los Estados, que pone los derechos de las personas y de la naturaleza por encima de los intereses de las empresas más contaminantes, como las de petróleo, gas y carbón, principales causantes del cambio climático.
La Corte ha establecido que los Gobiernos deben adoptar “acciones urgentes y efectivas” para salvaguardar el derecho a un medio ambiente saludable y que las empresas también tienen obligaciones respecto al cambio climático y sus impactos en los derechos humanos.
Pablo Ramírez, activista climático de Greenpeace México, ha declarado: “Es una decisión que cambia la vida de miles de comunidades afectadas por el cambio climático en nuestro continente. La máxima corte de las Américas nos está ofreciendo un camino hacia la justicia climática, obligando a los Estados a garantizar los derechos humanos, abordar los impactos climáticos y obligar a las empresas contaminantes a reparar el daño que han causado”.
En una resolución sin precedentes, la CIDH también ha reconocido el derecho de la naturaleza y los ecosistemas a mantener sus procesos ecológicos esenciales, como parte crucial del esfuerzo para abordar la crisis ecológica actual y alcanzar un modelo de desarrollo sostenible que respete los límites planetarios y garantice los derechos de las generaciones presentes y futuras.
Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España, ha señalado: “Esta resolución es esencial en un momento en el que hay muchos litigios climáticos pendientes de resolverse en el mundo. Uno de ellos es el que interpusimos desde Greenpeace contra el Gobierno de España por su inacción ante el cambio climático, que está pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional. Esta resolución de la Corte Interamericana servirá de guía para el resto de tribunales de derechos humanos en la adopción de sus futuras resoluciones, que irán exigiendo mayores responsabilidades a gobiernos y empresas ante la emergencia climática”.
En cuanto a su impacto en la próxima Cumbre del Clima (COP30), que se celebrará en Brasil a finales de año, la decisión de la CIDH proporciona una base legal más sólida sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los planes climáticos (NDCs) que los Estados deben presentar, como tarde, en septiembre.
La opinión de la CIDH, solicitada en 2023 por los Gobiernos de Chile y Colombia, es la última de una serie de innovadoras resoluciones de los más altos tribunales del mundo. El mensaje de todas es claro: los Gobiernos tienen el deber legal de proteger nuestro futuro y, para ello, deben hacer lo que les corresponde para hacer frente al cambio climático y para proteger los derechos humanos. Entre estas resoluciones se encuentran la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de las Klimaseniorinnen, o la opinión consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), también de 2024, en el mismo sentido.
Para este año se espera una Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el cambio climático, solicitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que seguirá aclarando a los Estados cuáles son sus obligaciones en relación con la protección del clima y los derechos humanos.