Ayer fueron los carabineros, con el llamado Paco-Gate; luego los marinos, con las coimas derivadas de las compras fragatas; enseguida el Ej茅rcito, con el Milico-Gate, y ahora los aviadores, con el tr谩fico de estupefacientes desde el norte del pa铆s a la Capital. A partir del primer d铆a de la llamada transici贸n a la democracia, las Fuerzas Armadas y la polic铆a han estado involucradas en graves y constantes actos de corrupci贸n destinados al enriquecimiento il铆cito de sus oficiales, as铆 como actualmente colaborando y benefici谩ndose del narcotr谩fico.
Ya se acepta que el crimen organizado est谩 sentado en la mesa de nuestra institucionalidad, pero pocos cre铆an que la penetraci贸n en la pol铆tica, la Justicia y los gobiernos regionales como comunales iba a continuar con su ingreso en los cuarteles, barcos y aviones, como ya consta en varios procesos judiciales.
Ciertamente, los puntuales delitos que hoy se descubren pueden ser solo indicio de una corrupci贸n m谩s profunda y severa, toda vez que el mundo pol铆tico y los jueces prefirieron hacer vista gorda sobre lo que era un secreto a voces. La cobard铆a demostrada ante los uniformados ha sido pat茅tica en toda nuestra historia y es posible que hoy poco se pueda hacer, ya, para frenar la codicia e impudicia de nuestros institutos armados. Ellos tienen el poder de las armas por ello es que en toda nuestra evoluci贸n institucional han sido tan habituales aquellos episodios en que los uniformados se han rebelado contra la autoridad civil, pisoteando la Constituci贸n y la Ley que han jurado acatar. Hasta se permitieron 17 a帽os de gobierno interrumpido y violaciones de los Derechos Humanos, por lo que resulta tan falso hablar de nuestra larga trayectoria democr谩tica.
El mal ejemplo de la pol铆tica y las instancias civiles siempre les ha servido de acicate para su propia corrupci贸n. Pinochet mismo finalmente se descubri贸 como un ladr贸n, adem谩s de sus cr铆menes contra los derechos del pueblo. En m谩s de mil cuentas bancarias en los Estados Unidos acumul贸 y guardo el dinero arrebatado al fisco y como producto de negocios il铆citos. Qu茅 pudor habr铆a de tener en este sentido despu茅s de matar, torturar, hacer desaparecer y exiliar a miles de compatriotas.
Lo grave es que desde el mismo gobierno de Patricio Aylwin el Estado hizo caso omiso del millonario despojo de empresas y otros bienes del Estado materializados por el r茅gimen civico militar. La clase pol铆tica temi贸 que la ira uniformada en cualquier momento interrumpiera el proceso pol铆tico, por lo que se le toleraron sus desprop贸sitos al propio ex dictador, como al conjunto de las Fuerzas Armadas y de orden.
Este silencio c贸mplice sirvi贸 a su vez a los primeros actos il铆citos de la pol铆tica. A los sobresueldos del gobierno de Lagos y el esc谩ndalo del MOP-Gate; el caso Penta y el financiamiento irregular de la pol铆tica; el Caso Caval que involucr贸 al hijo y la nuera de Michelle Bachelet y, recientemente, el denominado esc谩ndalo de los convenios o fundaciones que se calcula en millones de d贸lares repartidos transversalmente entre los dirigentes y partidos pol铆ticos oficialistas y opositores. Mientras que las demandas sociales seguir谩n postergadas.
Todo esto a vista y paciencia de los militares que tienen m谩s recursos que los tribunales y los medios de comunicaci贸n para descubrir estos il铆citos y sumarlos a sus irregularidades. Ciertamente que la “inteligencia militar” siempre fue eficaz en descubrir los delitos de los otros, m谩s que entre los que se guarecen en sus filas. Conocidos son tambi茅n los delitos de los gendarmes al interior de las c谩rceles y su colaboraci贸n con los capos de las drogas que manejan sus negocios tras las rejas.
Por alguna extra帽a raz贸n son muchos los chilenos que todav铆a conf铆an en la honorabilidad de las Fuerzas Armadas. Parecen olvidarse muy r谩pidamente de aquellos s贸rdidos episodios de nuestra historia en que 茅stos han traicionado el llamado Estado de Derecho convirti茅ndose en verdugos de quienes confiaron en su lealtad e, incluso, vocaci贸n democr谩tica. Cuando todo dice que en sus organizaciones impera la verticalidad de mando. El implacable mandato de los oficiales sobre sus subalternos, lo que los ha llevado, incluso, a provocar la muerte de esos 45 conscriptos en Antuco, abatidos por el fr铆o en un absurdo y criminal operativo militar. Episodio tan grave y alevoso como el de la misma Caravana de la Muerte, durante la Dictadura, y que cont贸 entre sus v铆ctimas a casi un centenar de prisioneros pol铆ticos.
Cobard铆a m谩s que negligencia ha sido la de la pol铆tica y la judicatura en relaci贸n a los uniformados, y ahora parece ser tarde para descubrir y sancionar la infiltraci贸n del crimen organizado en las instituciones castrenses. Todos los meses se sabe de la desaparici贸n de armas y pertrechos militares desde los regimientos, como los sobornos en la compra de tanques y aviones, las malversaciones de caudales p煤blicos, las facturas falsas para lavar dinero, como de otros tantos delitos cuyas denuncias por la prensa desaparecen en breve tiempo en favor de la impunidad muy posiblemente consentida por las autoridades civiles.
En materia presupuestaria constan los recortes convenidos por La Moneda y los parlamentarios opositores que afectan a la educaci贸n, las obras p煤blicas, incluso la salud. Pero existe total hermetismo respecto de los recursos que le asigna el fisco a las Fuerzas Armadas, a pesar de que poco tiempo atr谩s tanto se promet铆a el recorte de sus abultados presupuestos. Son muy pocas las voces que actualmente demandan la reducci贸n de los onerosos e in煤tiles gastos militares, en un pa铆s que suma m谩s de cien a帽os sin conflictos con nuestros vecinos.
En relaci贸n a los funcionarios p煤blicos, los militares siguen siendo privilegiados por sus breves a帽os de servicio activo, sus altas remuneraciones y el sistema propio de previsi贸n. Nadie osa revisar esta situaci贸n e instalar la “igualdad ante la ley” que debiera regir al respecto.
Tampoco se les exige a los uniformados someterse a los test para medir su posible adicci贸n a las drogas, especialmente a aquellos soldados apostados en las fronteras y en quienes existe mayor riesgo de ser tentados por el m谩s lucrativo de los negocios. P茅simo, entonces, que el propio Presidente de la Rep煤blica, sus ministros y otros altos funcionarios p煤blicos se resistan a los test que por ley debiera aplic谩rseles. ¿Se podr谩 combatir el narcotr谩fico en un pa铆s en que los propios supervisores se resisten a hacerse, por ejemplo, la “prueba del pelo”, uno de los test m谩s efectivos para comprobar este tipo de adicciones. ¡Qu茅 horrible mal ejemplo ante el mundo el de nuestras autoridades como el de los miles de uniformados expuestos a las tentaciones del narcotr谩fico!
Hace tiempo que los chilenos debieran abandonar los mitos que existen sobre la probidad de los uniformados y asumir lo que es ya una verdad hist贸rica. Esto es, que son las Fuerzas Armadas las que constituyen el principal peligro para la estabilidad de nuestro sistema institucional con sus golpes de estado y cuartelazos. M谩s aun cuando sus efectivos compiten en corrupci贸n con los pol铆ticos, jueces y fiscales as铆 como con el empresariado siempre 谩vido por sumar beneficios de parte del sistema econ贸mico social imperante.
PRESSENZA