COMENTARIO A TIEMPO
Por Teodoro Rentería Arróyave
México
Simple y llanamente bienvenida la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Congreso de la Unión, mismo que liquida al tribunal de alzada llamado ampulosamente como Instituto Nacional de Telecomunicaciones, IFETEL, mismo que lo único a que se dedicó fue a favorecer a los monopolios del ramo en detrimento de los modestos radiodifusores, inclusive con una sola estación de radio, a partir de ahora esos trabajadores de las comunicaciones sociales del país podrán recuperar sus frecuencias y resarcir su patrimonio que les fue arrebatado por una onerosa paga llamado “refrendo”.
Fue de tal manera su absurda hegemonía que hasta al Congreso de la Unión le negó las frecuencias de radio que había solicitado y que tenían como objetivo primordial cumplir con los principios democráticos de la información pronta y expedita del Poder Legislativo.
La nueva Ley favorece en forma preponderante a las estaciones comunitarias, indígenas, en una palabra, sociales, que desde ahora entrarán en el sistema de concesionarias para poder comercializar sus espacios, regla a la que desde siempre se opusieron los grandes consorcios de la radiodifusión.
Recuerdo que por ahí de los años 60 del siglo pasado, un radiodifusor de avanzado, les espetó a sus colegas que “la radio es tan noble que da para todos”, a ello agregaría que cuando se ganaban las frecuencias por el servicio social al que te comprometías, acuñé la frase de que “la concesión era un regalo de Díos, por lo tanto tenias que cumplir a cabalidad con las reglas impuestas que habías aceptado”.
En efecto, la Cámara de Diputados aprobó esa nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que promete una mayor apertura a medios comunitarios, acceso universal a internet y reestructura el poder de los grandes consorcios. Sin embargo, también generó polémica por sus implicaciones en lo que se refiere a la geolocalización y control institucional.
Vamos por partes: la reforma propone reestructurar la industria de medios, desaparecer al IFT y crear un nuevo órgano regulador. Busca abrir espacios a medios sociales, garantizar conectividad y redistribuir el mercado.
La Geolocalización es el tema más polémico. Uno de los puntos más debatidos es la posibilidad de la geolocalización sin orden judicial expresa. Aunque el texto menciona bajo órden de “autoridades competentes”, sin embargo algunos advierten posibles riesgos para la privacidad y libertad de expresión. Se preguntan: ¿Garantía de seguridad o puerta a la vigilancia?
A ello, tenemos que aclarar que desde siempre las empresas del ramo exigen al comprador de todo aparato electrónico, todos sus datos personales, y ahora con la apertura de las nuevas tecnologías, tu huella y fotografía que quedan registradas, admás del iris de tus ojos, para los críticos eso les pasó de noche. Ahora que lo exige el gobierno para efectos de registro y seguridad, los monopolios lo denuncian como medidas de espionaje.
La flamante Ley prioriza a las radios indígenas y comunitarias, permitiéndoles comercializar parte de sus tiempos. Esto ha generado, como ya dijimos el rechazo entre los grandes concesionarios privados, no toman en cuenta el objetivo primordial de equilibrar la competencia y ampliar el acceso de los grupos vulnerables a medios de comunicación.
Afortunadamente desaparece, lo que nunca debió haber existido, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al que sólo le interesaba lucrar. Ahora de acuerdo a la nueva legislación, sus funciones se dividirán entre una Agencia Digital y una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Esta última no será autónoma, tendrá libertad de gestión y un órgano colegiado ratificado por el Senado.
Otro de los avances clave es el acceso universal a Internet. Ya no será exclusivo de grandes empresas. También se incrementará el presupuesto estatal y municipal para apoyar medios sociales y romper la concentración publicitaria.
La nueva LEY DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, sin duda alguna, abre las puertas al acceso comunitario, impulsa la inclusión digital y frena monopolios, aunque algunos plantean dudas sobre la vigilancia, la censura y la pérdida de autonomía reguladora. Su verdadero impacto dependerá de su implementación, vigilancia ciudadana y voluntad política.