(Washington D. C.) – La presidenta del Perú, Dina Boluarte, promulgó una ley de amnistía que otorga impunidad a quienes cometieron delitos graves durante el conflicto armado interno del país, señaló hoy Human Rights Watch.
El Congreso aprobó la ley el 9 de julio de 2025 y Boluarte la promulgó el 13 de agosto. La ley otorga una amnistía general a los miembros de las fuerzas armadas, la policía y los comités de autodefensa acusados o investigados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno del Perú entre 1980 y 2000. La ley también ordena la liberación de personas que fueron condenadas por delitos cometidos durante el conflicto armado y sean mayores de 70 años.
“Esta ley es simple y llanamente una traición a las víctimas”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La ley socava décadas de esfuerzos que buscan garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas y debilita aún más el Estado de derecho en el país”.
El 24 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Perú que se abstuviera de implementar el proyecto de ley hasta que la Corte analizara la compatibilidad de la amnistía con órdenes emitidas anteriormente sobre la investigación de los abusos cometidos durante el conflicto armado.
A pesar de ello, el 31 de julio, durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima, la presidenta Boluarte afirmó que su gobierno seguiría adelante con la ley, independientemente de la posición de la Corte.
Durante el conflicto armado, las fuerzas de seguridad peruanas cometieron graves abusos, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y otras graves violaciones de derechos humanos. Según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, entre 1980 y 2000 murieron aproximadamente 70.000 personas y más de 20.000 fueron desaparecidas. Los tribunales peruanos han emitido sentencias definitivas en más de 150 casos y más de 600 siguen pendientes, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
En virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Perú tiene la obligación de investigar, enjuiciar y sancionar las violaciones graves de derechos humanos. Las leyes de amnistía que impiden la rendición de cuentas por delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura violan estas obligaciones y les niegan a las víctimas su derecho a la justicia.
En años recientes, el gobierno de Boluarte, el Congreso y otras autoridades han desobedecido en repetidas ocasiones las órdenes de la Corte Interamericana. En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional, en violación de las obligaciones del Perú como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que cumplía una condena de 25 años por graves violaciones de derechos humanos. A pesar de que la Corte IDH ordenó al Perú no liberar a Fujimori hasta hacer una evaluación del caso, el gobierno de Boluarte lo liberó.
En julio de 2024, el Congreso aprobó un proyecto de ley para establecer la prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2003. El proyecto de ley contravenía una orden específica de la Corte Interamericana que mandaba al Congreso a suspender el debate sobre la materia debido a su aparente incompatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos. La presidenta Boluarte no vetó el proyecto de ley, que se convirtió en ley en agosto de ese mismo año.
“Con esta decisión, el Perú se une a Nicaragua, Venezuela y otros países que desafían el sistema interamericano de derechos humanos despreciando los derechos de las víctimas”, afirmó Goebertus. “El proyecto de ley de amnistía nunca debió ser promulgado y debería ser derogado”.