OPINIÓN
Carlos Luna Arvelo
Venezuela
La crisis por la que actualmente atraviesa la educación pública en nuestro país tiene muchas aristas y hay tantas variables en ella que no es sencillo abordarla.
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| Héctor Rodríguez, ministro de Educación de Venezuela |
Que el actual Ministro de Educación, Héctor Rodríguez, haga un llamado de incorporación del personal docente a las actividades laborales irrespetando el período vacacional legalmente establecido, nos lleva a formularnos la interrogante que titula estas notas ¿qué pretende el Ministro?
¿Será que como no puede mantener contento al gremio, dado el incumplimiento permanente de las promesas de mejorar la condición de las maestras, ha decido mantenerlo descontento para, como decía Nicolas Maquiavelo, despertar el temor (miedo) de parte de las maestras?
No son pocos los que piensan que este llamado “ilegal” del Ministro está enmarcado en el “conflicto” con los sindicatos que representan al gremio docente. Con lo cual se pone en marcha la estrategia de “ilegalización” de estas organizaciones que, como les corresponde, serian las llamadas a oponerse abiertamente a la decisión ilegal, arbitraria y unilateral del Ministro de Educación. Pare usted de contar los alegatos que podría el Ministerio esgrimir contra quienes sean presentados como opuestos al “sagrado derecho a la educación de los niños y niñas”.
Está totalmente descartado que el Ministro ignore que el período vacacional va desde el 1 de agosto al 15 de septiembre, totalizando 45 días, que al sumársele los 15 de diciembre totalizan los 60 días previstos durante un año escolar. Ya antes Héctor Rodríguez se desempeñó como Ministro de esta cartera y aunque muchas cosas eran distintas entonces, estos lapsos vacacionales están establecidos incluso desde tiempos de la cuarta república y no han variado desde entonces.
Por qué entonces el Ministro se empeña en “imponer” una medida que causará malestar y descontento en el gremio docente, apenas iniciando un nuevo año escolar, o mejor dicho que avivará los innumerables malestares y descontentos acumulados de las maestras y docentes y de quienes laboran en este sector. ¿Acaso pretende con esta decisión forzar a quienes se opongan a que renuncien “voluntariamente” ante un patrón que además de incumplir con sus obligaciones laborales, se empeña en desmejorar sistemáticamente a sus trabajadores?.
Es claro que hace tiempo falta personal en el ámbito educativo, especialmente en educación media, aunque el ministro se ha empeñado en desconocer sistemáticamente esta realidad. Pretende con medidas como éstas crear condiciones para que ante el recrudecimiento de ausencia de personal capacitado, sustituir a docentes profesionalizados y calificados por jóvenes sin preparación y calificación (pasantes y preparadores) quienes se conformarían con percibir “bonos” sin otros beneficios y con condiciones laborales cada día más precarizadas por el patrono.
Que nadie olvide que el Ministro actual es abogado y si bien es cierto que nunca se ha desempeñado en el ejercicio de su profesión, nadie puede creer que es un total ignorante de los aspectos relativos a la legalidad de sus actos y de sus funciones como Ministro.
Los actos, medidas o decisiones ilegales, por su propia naturaleza, deberían ser desconocidos, desatendidos e ignorados por los ciudadanos. Ningún ciudadano debe necesitar representación para desconocer, desatender o ignorar un acto, medida o decisión ilegal.
Carlos Luna Arvelo.