Sin Azul no hay Verde
En las oscuras aguas del Atlántico Sur, los barcos iluminan la noche mientras redes gigantes arrastran millones de calamares hacia la cubierta. Lobos marinos, pingüinos y delfines pierden su alimento, y la contaminación se mezcla con la pesca indiscriminada. Gran parte de esta flota opera con subsidios de sus gobiernos, lo que les asegura rentabilidad incluso violando normas laborales y ambientales. “Es como si un negocio cruzando la calle no pagara impuestos y el Estado lo premiara con electricidad y servicios gratuitos. Ningún sistema en el mundo funcionaría así. Es completamente irracional, injusto y destructivo del ambiente”, señala Milko Schvartzman, experto en pesca ilegal en América Latina.
El calamar Illyx argentinus, segunda especie más capturada del mundo, es el principal objetivo. Su extracción masiva impacta directamente en merluzas, cachalotes, delfines y aves marinas. “Cualquier reducción de esta flota depredadora va a tener un impacto positivo directo sobre todo el ecosistema”, asegura Schvartzman. Pero no solo se trata de calamares: mamíferos marinos, tiburones y aves también sufren, ya sea por captura incidental o intencional, mientras los barcos continúan contaminando las aguas.
El acuerdo que lo cambia todo
Después de años de negociaciones, la Organización Mundial del Comercio aprobó un acuerdo que prohíbe los subsidios a la pesca destructiva, no regulada e ilegal. Argentina ratificó el acuerdo en julio, consolidando décadas de impulso político. “En 2017, durante una reunión de la OMC en Buenos Aires, Argentina fue uno de los impulsores e intentó que se aprobara el acuerdo. Siempre estuvo impulsándolo; prácticamente se convirtió en política de Estado”, recuerda Schvartzman.
La medida afecta principalmente a flotas de China, Corea del Sur, Taiwán y España, cuyo modelo dependía de subsidios para ser rentable. “Sin esos subsidios, muchas embarcaciones van a tener que operar a pérdida, y eso probablemente va a reducir la presión sobre el ecosistema”, explica. Además, permitirá equilibrar la competencia con pescadores legales. “Compiten de manera deslegítima con flotas que utilizan mano de obra esclava, no cumplen normas ambientales ni laborales, y encima reciben subsidios. Este acuerdo va a ayudar a terminar con esa competencia desleal”, asegura Schvartzman.
Vigilancia, regulación y consumidores conscientes
El desafío de fiscalizar estas flotas sigue siendo enorme. Aunque las herramientas satelitales permiten rastrear los barcos, la ausencia de un organismo de regulación en el Atlántico Sur es un problema central. “Debería existir una comisión como la CAMLR de la Antártida, donde se monitoree qué se pesca, cómo se pesca, haya observadores y patrullajes. Sin eso, la pesca sigue sin regulación y la depredación continúa”, alerta Schvartzman.
El acuerdo también tiene un impacto indirecto en los consumidores. “Cada vez hay más conciencia sobre qué hay detrás de un plato de pescado. En Argentina, casi el 40% del pescado que se ofrece en comercios no corresponde a la especie indicada. Hay fraude, y eso también es parte del problema”, explica el especialista. Conocer el origen de los productos y exigir trazabilidad fortalece la pesca legal y sostenible y protege el ecosistema.
Primer paso hacia un Atlántico Sur sostenible
El acuerdo de la OMC no es solo una declaración: representa un paso concreto para reducir la depredación, proteger la biodiversidad y equilibrar la competencia con pescadores legales. Menos barcos destructivos, más especies protegidas y comunidades costeras fortalecidas son los resultados esperados. “Esto no es solo una señal, va a tener repercusión en el mundo real. Es un paso enorme para que el Atlántico Sur empiece a sanar”, concluye Schvartzman.
Aunque el camino todavía tiene desafíos, la combinación de regulación internacional, vigilancia tecnológica y conciencia del consumidor abre la posibilidad de un cambio tangible. Por primera vez en décadas, el Atlántico Sur cuenta con herramientas para equilibrar la explotación pesquera y proteger su biodiversidad, ofreciendo un horizonte de esperanza para el océano y quienes dependen de él.
En las oscuras aguas del Atlántico Sur, los barcos iluminan la noche mientras redes gigantes arrastran millones de calamares hacia la cubierta. Lobos marinos, pingüinos y delfines pierden su alimento, y la contaminación se mezcla con la pesca indiscriminada. Gran parte de esta flota opera con subsidios de sus gobiernos, lo que les asegura rentabilidad incluso violando normas laborales y ambientales. “Es como si un negocio cruzando la calle no pagara impuestos y el Estado lo premiara con electricidad y servicios gratuitos. Ningún sistema en el mundo funcionaría así. Es completamente irracional, injusto y destructivo del ambiente”, señala Milko Schvartzman, experto en pesca ilegal en América Latina.
El calamar Illyx argentinus, segunda especie más capturada del mundo, es el principal objetivo. Su extracción masiva impacta directamente en merluzas, cachalotes, delfines y aves marinas. “Cualquier reducción de esta flota depredadora va a tener un impacto positivo directo sobre todo el ecosistema”, asegura Schvartzman. Pero no solo se trata de calamares: mamíferos marinos, tiburones y aves también sufren, ya sea por captura incidental o intencional, mientras los barcos continúan contaminando las aguas.
El acuerdo que lo cambia todo
Después de años de negociaciones, la Organización Mundial del Comercio aprobó un acuerdo que prohíbe los subsidios a la pesca destructiva, no regulada e ilegal. Argentina ratificó el acuerdo en julio, consolidando décadas de impulso político. “En 2017, durante una reunión de la OMC en Buenos Aires, Argentina fue uno de los impulsores e intentó que se aprobara el acuerdo. Siempre estuvo impulsándolo; prácticamente se convirtió en política de Estado”, recuerda Schvartzman.
La medida afecta principalmente a flotas de China, Corea del Sur, Taiwán y España, cuyo modelo dependía de subsidios para ser rentable. “Sin esos subsidios, muchas embarcaciones van a tener que operar a pérdida, y eso probablemente va a reducir la presión sobre el ecosistema”, explica. Además, permitirá equilibrar la competencia con pescadores legales. “Compiten de manera deslegítima con flotas que utilizan mano de obra esclava, no cumplen normas ambientales ni laborales, y encima reciben subsidios. Este acuerdo va a ayudar a terminar con esa competencia desleal”, asegura Schvartzman.
Vigilancia, regulación y consumidores conscientes
El desafío de fiscalizar estas flotas sigue siendo enorme. Aunque las herramientas satelitales permiten rastrear los barcos, la ausencia de un organismo de regulación en el Atlántico Sur es un problema central. “Debería existir una comisión como la CAMLR de la Antártida, donde se monitoree qué se pesca, cómo se pesca, haya observadores y patrullajes. Sin eso, la pesca sigue sin regulación y la depredación continúa”, alerta Schvartzman.
El acuerdo también tiene un impacto indirecto en los consumidores. “Cada vez hay más conciencia sobre qué hay detrás de un plato de pescado. En Argentina, casi el 40% del pescado que se ofrece en comercios no corresponde a la especie indicada. Hay fraude, y eso también es parte del problema”, explica el especialista. Conocer el origen de los productos y exigir trazabilidad fortalece la pesca legal y sostenible y protege el ecosistema.
Primer paso hacia un Atlántico Sur sostenible
El acuerdo de la OMC no es solo una declaración: representa un paso concreto para reducir la depredación, proteger la biodiversidad y equilibrar la competencia con pescadores legales. Menos barcos destructivos, más especies protegidas y comunidades costeras fortalecidas son los resultados esperados. “Esto no es solo una señal, va a tener repercusión en el mundo real. Es un paso enorme para que el Atlántico Sur empiece a sanar”, concluye Schvartzman.
Aunque el camino todavía tiene desafíos, la combinación de regulación internacional, vigilancia tecnológica y conciencia del consumidor abre la posibilidad de un cambio tangible. Por primera vez en décadas, el Atlántico Sur cuenta con herramientas para equilibrar la explotación pesquera y proteger su biodiversidad, ofreciendo un horizonte de esperanza para el océano y quienes dependen de él.
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| Milko Schvartzman, experto en pesca ilegal en América Latina |