El próximo 29 de octubre, un juzgado pretende expulsar a Maricarmen de la casa que lleva habitando desde 1956. A sus 87 años, y tras 70 barrios en la vivienda, el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones apuesta por la especulación en el barrio de Retiro. Maricarmen lleva viviendo en el inmueble desde que su padre firmó un contrato de renta antigua. Siendo Ibiza uno de los barrios más caros de Madrid, la empresa quiere que asuma un incremento del 275% de alquiler o, de no hacerlo, echarla.
El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento de una vivienda en la madrileña calle de Sainz de Baranda, en el madrileño barrio de Ibiza, ahora convertido en uno de los más caros de Madrid. A su muerte, pocos años después, el contrato se subrogó en su esposa, que continuó viviendo en el mismo domicilio junto a su hija hasta su fallecimiento en 2005. Maricarmen heredó el contrato, subrogándose en las mismas condiciones -una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI- durante casi 20 años.
Entre 1950 y 1985, la legislación española establecía que los contratos de arrendamiento de vivienda tenían carácter vitalicio y podían ser heredados por el cónyuge y los descendientes que habitasen el domicilio. El decreto Boyer de 1985 acabó con esta medida de protección en los alquileres suscritos a partir de tal fecha, si bien se mantuvo el régimen indefinido para los contratos firmados con anterioridad, que desde entonces se conocieron como contratos «de renta antigua».
- La historia de lucha de Maricarmen contra la especulación
En 2018, la familia propietaria del bloque de pisos de Maricarmen vendió toda la finca a Renta Corporación, uno de los grandes holding inmobiliarios de España. Los nuevos dueños contactaron a Maricarmen en 2020 para ofrecerle la compra del piso en el que vivía desde hacía décadas, pero la pensionista no podía permitirse pagar ese precio. Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias.
Con Urbagestión llegaron los problemas. Sus administradores, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes (titulares de más de una docena de empresas en los ámbitos agroalimentario e inmobiliario), notificaron a Maricarmen que el contrato subrogado a su favor quince años antes debía haberse extinguido en 2007. Poco después la llevaron a los tribunales, que dieron la razón a la inquilina en primera instancia, pero los Alonso no cejaron en su empeño de desahuciar a la pensionista, recurriendo una y otra vez hasta que el Tribunal Supremo les dio la razón el pasado mes de marzo. El motivo es que la segunda subrogación del contrato (una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge) sólo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%. Maricarmen, a sus 87 años y con movilidad reducida debido a operaciones de cadera, sufre una discapacidad de “tan sólo” el 50%, y de nada le han servido los derechos adquiridos durante 15 años de subrogación indisputada.
Además, si el contrato se hubiese firmado en la actualidad, ambos padres de Maricarmen serían titulares del primer contrato, y la de Maricarmen sería una primera subrogación, es decir, seguiría con el contrato en vigor. Las leyes machistas del franquismo hicieron que ese primer contrato fuera firmado únicamente por su padre, ante la negación de derechos a la mujer del matrimonio.
Para el Sindicato de Inquilinas, que ha acompañado a Maricarmen en este proceso, se trata de una sentencia inédita que prioriza los requisitos formales de la subrogación por encima del espíritu de la ley, por encima de la voluntad del legislador y de la realidad social del tiempo por el que se deben interpretar las leyes, según el artículo 3 del Código Civil. Urbagestión exige ahora a Maricarmen un alquiler mensual de 1.650 euros -a modo de favor, ya que el resto de apartamentos del inmueble se alquilan a unos 2.650- aun a sabiendas de que la pensión de la octogenaria es de sólo 1.450 euros. En caso contrario, le da de plazo hasta el 31 de mayo para abandonar la vivienda en la que lleva residiendo desde hace 69 años.
- La estrategia NosQuedamos y los contratos indefinidos
Maricarmen ha anunciado su decisión de permanecer en casa cueste lo que cueste. Organizada en el Sindicato, lleva más de un año en la estrategia #NosQuedamos contra los desahucios invisibles, convencida de que no sólo le asiste el derecho, sino que con ello impide que los nuevos propietarios puedan incrementar el precio del apartamento, agravando así la escalada de precios que sufre Madrid. Son ya cientos de inquilinas las que, cuando su casero les obliga a elegir entre una subida abusiva del precio o el abandono de la vivienda, se niegan a aceptar el chantaje y resisten en sus casas, pagando el mismo precio que venían abonando hasta entonces, o depositándolo ante el juzgado en el caso de que sea rechazado por el propietario. La estrategia #NosQuedamos es la única forma efectiva de frenar la escalada de los alquileres en ciudades que, como Madrid, se niegan a aplicar la regulación de precios prevista en la Ley de Vivienda estatal.
Casos como el de Maricarmen ponen en el centro la necesidad de que los contratos de alquiler sean indefinidos, frente a la realidad actual que permite expulsiones cada 5 o 7 años. Los contratos indefinidos son clave para que no puedan expulsarte de tu casa tras 70 años viviendo en ella o para poder hacer proyectos de vida estables y a largo plazo que no dependan de cuándo se te acaba el contrato de alquiler. Por todo ello, el 29 de octubre a las 8.30h estaremos defendiendo la casa de Maricarmen, porque frenar esta expulsión es una forma de luchar por el derecho a la vivienda de todos los madrileños.