Amnistía Internacional insta a una investigación pronta, independiente e imparcial, y con supervisión internacional, tras la operación policial más letal en la historia del estado.
Amnistía Internacional condena enérgicamente la masacre ocurrida durante la denominada “Operación Contención” llevada a cabo el 28 de octubre en el complejo de favelas Alemão y Penha, en Río de Janeiro —la más letal en la historia del estado—, que dejó al menos 121 personas muertas, incluidos cuatro policías, y múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía civil y militar.
“Lo ocurrido en Río de Janeiro no es una operación de seguridad, es una masacre. Más de un centenar de personas, casi todas negras y viviendo en situación de pobreza, fueron asesinadas en una acción planificada y llevada a cabo por el propio Estado. Es urgente que las autoridades realicen una investigación pronta, independiente e imparcial, y que soliciten supervisión internacional para garantizar su efectividad”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “El gobierno de Cláudio Castro en Rio de Janeiro ha convertido la política de seguridad en una política de muerte que debe cesar de inmediato”, añadió.
Lo ocurrido en Río de Janeiro no es una operación de seguridad, es una masacre. Más de un centenar de personas, casi todas negras y viviendo en situación de pobreza, fueron asesinadas en una acción planificada y llevada a cabo por el propio Estado.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Según organizaciones locales y testimonios de residentes, la operación; en la que participaron más de 2.500 agentes de las Policías Civil y Militar; habría incluido disparos desde helicópteros, incursiones sin orden judicial e impedimento para asistir a personas heridas. Testimonios e informes locales señalan que varios cuerpos fueron hallados con signos que podrían indicar ejecuciones extrajudiciales, incluyendo disparos por la espalda, en la nuca y manos atadas.
Bajo el derecho internacional de los derechos humanos, la fuerza letal puede ser utilizada únicamente cuando es estrictamente necesaria para proteger la vida o prevenir lesiones graves ante una amenaza inminente.
No obstante, las declaraciones públicas del gobernador de Río de Janeiro intentaron legitimar el uso ilegal de la fuerza policial al afirmar que “solo los policías fueron víctimas” y al justificar que el Estado puede “exceder sus competencias” en la llamada “guerra contra el crimen”. Este discurso pretende legitimar una política letal y fallida para garantizar la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por parte de las fuerzas de seguridad, y con ello perpetuarlas.
“La población de las favelas vive bajo un estado de alerta y amenaza permanente. Las operaciones policiales en Brasil se han convertido en sinónimo de terror, racismo y desprotección total”, señaló Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil. “No hay justificación posible para este uso de la fuerza letal. La seguridad pública debe proteger vidas, no destruirlas”.
“La población de las favelas vive bajo un estado de alerta y amenaza permanente. Las operaciones policiales en Brasil se han convertido en sinónimo de terror, racismo y desprotección total.
Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.
El patrón de violencia policial en Río de Janeiro refleja una política racista incrustada en la política de drogas y de seguridad pública brasileña. El gobierno de Cláudio Castro ha sido responsable de cuatro de las cinco operaciones más letales en la historia del estado, incluyendo las de Jacarezinho (2021) y Vila Cruzeiro (2022).
A pesar de reiteradas advertencias de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el carácter discriminatorio de la llamada “guerra contra las drogas”, el Estado brasileño continúa implementando sistemáticamente operaciones policiales que violan de manera flagrante los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
Amnistía Internacional advierte que las autoridades de Rio de Janeiro han buscado criminalizar a los familiares y vecinos que, ante la ausencia estatal, rescataron los cuerpos de las víctimas para garantizar su identificación y entierro digno.
La criminalización de familiares, vecinos y defensores de derechos humanos constituye una práctica institucional que refleja la violencia policial estructural en Brasil, caracterizada por el racismo y la impunidad. Ante este escenario, las autoridades tienen el deber de investigar, juzgar y reparar, de manera pronta y efectiva, las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de la Operación Contención, así como de brindar apoyo y acompañamiento constante a las personas familiares de las víctimas y permitir que participen, de manera formal y efectiva, en la investigación siguiendo los protocolos internacionales como el Protocolo de Minnesota.
Asimismo, las autoridades deben facilitar la creación de una comisión de verificación integrada por especialistas internacionales para supervisar las pericias e investigaciones relacionadas con las violaciones de derechos humanos ocurridas en esta operación policial.
“El silencio y la impunidad son cómplices de la violencia. Mientras el Estado no asuma su responsabilidad y garantice los derechos a la verdad, justicia y reparación, se perpetuará un ciclo de abusos que afecta de manera desproporcionada a las comunidades negras, mestizas y periféricas de Brasil”, declaró Ana Piquer.
El silencio y la impunidad son cómplices de la violencia. Mientras el Estado no asuma su responsabilidad y garantice los derechos a la verdad, justicia y reparación, se perpetuará un ciclo de abusos que afecta de manera desproporcionada a las comunidades negras, mestizas y periféricas de Brasil.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Para obtener más información o concertar una entrevista, póngase en contacto con [email protected]