Los trabajadores migrantes que viajaron a Arabia Saudí para trabajar en el proyecto del metro de Riad fueron obligados a pagar comisiones de contratación desorbitadas, trabajaron en condiciones peligrosas debido al calor y cobraron salarios miserables durante un decenio de graves abusos. Así lo ha revelado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.
El informe, titulado “Nobody wants to work in these situations”: A decade of exploitation on the Riyadh Metro Project, documenta abusos laborales en uno de los proyectos emblemáticos de infraestructura saudíes. Promovido como la “espina dorsal” del sistema de transporte público de Riad, el metro recién inaugurado fue construido por destacadas empresas saudíes e internacionales bajo la dirección del gobierno, y está previsto que se amplíe. Sin embargo, a muchos de los trabajadores entrevistados por Amnistía Internacional les cobraron comisiones ilegales para darles trabajo y luego los sometieron a jornadas largas y penosas en condiciones a veces inseguras por un salario mínimo y discriminatorio.
“El metro de Riad se ha celebrado como la espina dorsal del sistema de transporte de la capital, pero bajo su elegante exterior yace un decenio de abusos posibilitados por un sistema laboral que sacrifica los derechos humanos de los trabajadores migrantes. Estos trabajadores, ya de por sí agobiados por la carga de unas comisiones de contratación desorbitadas, soportaron jornadas agotadoras por unos salarios de miseria”, ha manifestado Marta Schaaf, directora del Programa de Clima, Justicia Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de Amnistía Internacional.
“Sus penalidades se vieron agravadas por la exposición a un calor extremo en un país en el que las temperaturas van en aumento a causa del cambio climático inducido por la acción humana. El hecho de que esos abusos persistieran durante años en múltiples empresas en un proyecto emblemático de infraestructura pone de manifiesto la flagrante inacción del gobierno a la hora de hacer cumplir las protecciones y desmantelar un sistema que sitúa a los trabajadores en un alto riesgo de sufrir explotación.”
Amnistía Internacional habló con 38 hombres de Bangladesh, India y Nepal que habían sido empleados por una diversidad de empresas saudíes e internacionales —contratistas directos, subcontratistas y proveedores de mano de obra— que construyeron el sistema de metro de Riad entre 2014 y 2025. Para casi todos ellos, los abusos comenzaron antes de salir de sus hogares, cuando les pidieron que pagaran a agentes de su país de origen entre 700 y 3.500 dólares estadounidenses en concepto de comisiones de contratación y costes asociados, lo que hizo que muchos de ellos contrajeran una fuerte deuda y agravó su exposición a nuevos abusos.
En muchos casos, estos pagos superaron con creces los límites establecidos por los gobiernos de los países de origen, y se les exigieron a los hombres en cuestión pese a la ley saudí que prohíbe que se cobren a los trabajadores comisiones de contratación.
Suman, de Nepal, se vio obligado a vender los ahorros de su familia en oro para hacer frente a las desorbitadas comisiones de un empleo en el que le pagaban un salario básico de tan sólo 266 dólares estadounidenses al mes:
“Pagué 100.000 rupias (700 dólares estadounidenses) al agente de recursos humanos. Pero en los preparativos —viaje, pruebas médicas y papeleo— gasté 200.000 rupias en total (1.400 dólares estadounidenses). En aquel momento, no tenía dinero […] Pedí prestado algo de oro a los padres de mi esposa, lo vendí y conseguí un poco de efectivo […] Como el precio del oro subió, acabé devolviendo casi el doble. Me llevó seis meses pagar los préstamos”.
Una vez en Arabia Saudí, muchos trabajadores recibían menos de dos dólares estadounidenses por hora, mientras que otros percibían apenas la mitad de lo que les correspondía como obreros, limpiadores y asistentes de oficina en el proyecto del metro de Riad. Prácticamente todos trabajaban más de 60 horas a la semana. Aunque la mayoría de los trabajadores dijeron que no les forzaban directamente a hacer horas extra, sus salarios básicos eran tan bajos que sentían que no tenían otra opción. El hecho de que el gobierno no establezca un salario mínimo afianza los salarios bajos entre los trabajadores migrantes —la mayoría de los cuales están racializados— y niega a muchos de ellos un nivel de vida digno.
“Dada la inflación que hay en Nepal, este salario es demasiado bajo para los gastos de una familia. Desaparece cuando pago la educación de mis hijos y otros gastos del hogar. ¿Y yo qué puedo hacer? Me las tengo que arreglar”, explicó Nabin a Amnistía Internacional.
Cuando trabajo con un calor extremo, es como si estuviera en el infierno […] Pienso: ¿cómo he terminado aquí? ¿Habré hecho algo malo y Dios me estará castigando?
Indra, trabajador migrante de Nepal
Las largas jornadas que los trabajadores dedicaban al proyecto del metro de Riad se veían a menudo agravadas por el implacable calor: algunos describían la situación como estar “en el infierno”. Con temperaturas que a menudo se mantenían en al menos 40° C durante más de ocho horas los meses de verano, la prohibición gubernamental de trabajar al exterior bajo el sol directo desde mediodía hasta las tres de la tarde resultaba totalmente inadecuada para proteger a los trabajadores. Y se prevé que las temperaturas aumenten, ya que Arabia Saudí se enfrenta a un calor cada vez más frecuente e intenso, en una tendencia que se espera que se agrave a causa del cambio climático inducido por la acción humana.
“Cuando trabajo con un calor extremo, es como si estuviera en el infierno […] Pienso: ¿cómo he terminado aquí? ¿Habré hecho algo malo y Dios me estará castigando?”, dijo Indra, de Nepal. “Nadie elige trabajar en estas condiciones. Pero, ¿qué puedo hacer? En Nepal no tenía trabajo. Vine aquí para ayudar económicamente a mi familia, así que tengo que estar dispuesto a sufrir.”
Janak, de India, contó que se sentía presionado para trabajar con calor extremo por el personal de grado más alto del contratista para el que trabajaba.
“Los capataces y los ingenieros nos obligaban a hacer horas extra incluso con altas temperaturas. Decíamos: ‘No podemos. Hace muchísimo calor’. Pero nos decían: ‘Seguid trabajando’ […] ¿Qué puede hacer la gente sin dinero? Tenemos que trabajar. Tenemos que hacer un trabajo difícil.”
Muchos trabajadores denunciaron también otros abusos, como confiscación de pasaportes, condiciones de vida insalubres y de hacinamiento, mala alimentación y trato discriminatorio basado en la categoría laboral.
Las experiencias de estos hombres subrayan no sólo las deficiencias del gobierno saudí, sino también el entorno de alto riesgo en el que las empresas —incluidas grandes multinacionales— actúan cuando deciden hacer negocios en el sector de la construcción saudí, que depende enormemente de una inmensa red de subcontratistas.
De hecho, a pesar de las limitadas reformas, el sistema de patrocinio, denominado kafala, sigue existiendo en la práctica. Unido a una débil aplicación de las protecciones laborales —incluidas unas inspecciones que se centran más en el cumplimiento de los objetivos de saudización y en la legalidad de la situación laboral de los trabajadores migrantes que en salvaguardar los derechos de estos trabajadores—, y a la reciente reducción de las penas por prácticas laborales abusivas, se crea un ambiente permisivo para la explotación. Este contexto exige que las empresas ejerzan proactivamente una mayor diligencia debida en materia de derechos humanos para prevenir cualquier daño a dichos derechos. Estas iniciativas se ven severamente limitadas en Arabia Saudí, donde los derechos humanos se reprimen sistemáticamente y la libertad de expresión y asociación son inexistentes en la práctica. Si las empresas no pueden o no quieren evaluar y abordar los riesgos, deben considerar la posibilidad de no emprender esa actividad.
Para las empresas que trabajan o se introducen en Arabia Saudí, estas conclusiones deben servir de advertencia clara: la diligencia debida integral en materia de derechos humanos no es opcional.
Marta Schaaf, directora del Programa de Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de Amnistía Internacional
“En un momento en el que Arabia Saudí se abre camino con megaproyectos de gran resonancia, incluida la Copa Mundial de 2034, las autoridades deben desmantelar por completo el sistema de patrocinio (kafala) y cumplir rigurosamente las leyes laborales de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. La única manera de garantizar que los millones de trabajadores migrantes que hacen posibles estas empresas dejan de ser tratados como artículos desechables es reforzar las salvaguardias y garantizar la rendición de cuentas”, ha declarado Marta Schaaf.
“Para las empresas que trabajan o se introducen en Arabia Saudí, estas conclusiones deben servir de advertencia clara: la diligencia debida integral en materia de derechos humanos no es opcional. Sin unos procesos sólidos que se pongan en práctica en una fase temprana y un plan adecuado para abordar los motivos de preocupación sobre derechos humanos, las empresas corren el riesgo de estar directamente vinculadas a abusos laborales sistemáticos o contribuir a ellos.
“Por último, los países de origen, entre ellos Bangladesh, India y Nepal, deben asumir la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos haciendo un seguimiento, investigando y sancionando la conducta ilegal de las agencias de contratación. Sin una rendición de cuentas adecuada en todos los países implicados, el ciclo de abusos persistirá.”