COMUNICADO de Anticapitalistas
El pasado 20 de noviembre, el Tribunal Supremo condenó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de “revelación de secretos”. Finalmente, el fiscal ha dimitido. Esta decisión ignora deliberadamente los testimonios de varios periodistas que, durante el juicio, afirmaron con claridad que el Fiscal General no fue en ningún momento la fuente primaria de la filtración que se le atribuye; es decir, se le ha condenado sin pruebas.
El fondo del asunto es claro. Estamos ante un caso de lawfare que busca represaliar la investigación que recae sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y defraudador fiscal confeso. Esta condena solo puede entenderse en el marco de una ofensiva judicial reaccionaria, impulsada por un aparato judicial conservador al servicio de los intereses del Partido Popular y Vox. Una nueva muestra de cómo determinados sectores del poder judicial actúan como un dique contra cualquier mínima rendición de cuentas que afecte a las élites políticas y económicas.
Sabemos cómo opera el aparato judicial. Este caso es más mediático porque afecta a uno “de los suyos”, pero en el Estado español el uso de los poderes judiciales para fines reaccionarios está a la orden del día: desde las condenas arbitrarias a activistas (los 6 de Zaragoza o los de La Suiza, Pablo Hasél o el independentismo catalán, por poner solo algunos ejemplos), cuyo reverso es la impunidad de la que gozan las élites.
Al contrario que la izquierda institucional, no creemos que la solución pase por pactos desde arriba o maniobras “astutas” para modificar nominalmente “la relación de fuerzas”, cambiando una pieza por otra. Lo que demuestran este tipo de hechos es que en el Estado español hay una ruptura democrática pendiente. La impotencia con la que la izquierda oficial aborda este tema va acompañada de su complicidad en el reforzamiento del poder duro del Estado “por abajo”, como es el caso de la todavía no derogada Ley Mordaza.
En ese sentido, desde Anticapitalistas denunciamos abiertamente este tipo de maniobras del partido de la derecha judicial y trabajamos por recuperar un horizonte constituyente rupturista y socialista como la única forma de modificar la correlación de fuerzas en el corto plazo, imponiendo mediante la movilización un freno a los excesos del poder judicial y esbozando un horizonte a largo plazo que plantee un nuevo tipo de Estado, realmente controlado por los intereses de los pueblos y de las clases trabajadoras.
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