La instrumentalización de la justicia es inherente a su carácter de clase. Hacer coincidir con el cincuenta aniversario de la muerte de Franco la emisión del fallo de la sentencia, sin publicarse la sentencia, contra el fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo muestra el carácter de clase del aparato del Estado. Las ilusiones de una separación de poderes o de un poder judicial que evite hacer política, que esgrime cierta facción radical de la socialdemocracia – PODEMOS, ERC, etc. -, solo son ensoñaciones para quien quiera evitar ver que: muerto el perro, Franco, sigue la rabia, el Régimen del 78.
La sentencia responde a la crisis política del Régimen del 78. Nos encontramos ante una disputa entre las dos facciones representantes del capitalismo español, el cual está en notable crisis, para seguir insuflándole vida al aparato del Estado. Por un lado tenemos a los que quieren mantener al aparato del Estado tal cómo está confeccionado, por otro a los que quieren volverlo a maquillar para garantizar su continuidad. Los fundamentos del Régimen del 78 surgidos de la dictadura ni se tocan, ni están en disputa. En esta disputa es donde debemos colocar también el auge reaccionario y las llamadas a mantener la “democracia”, así como todas las maniobras políticas para lavar la cara a la institución monárquica.
La sentencia se está catalogando con un “golpe judicial a la democracia”, la realidad es que esta “democracia”, el Régimen del 78, nació de un golpe de Estado que implantó una dictadura que empleó “su” justicia para reprimir y asesinar a miles de españoles. La farsa de la Transición únicamente maquilló el aparato del Estado e integró a los jueces cómplices con la dictadura en las instituciones del Régimen del 78. Recordemos que el Tribunal de Orden Público – TOP-, que celebró cerca de 4.000 juicios y sentenció a más de 10.000 personas entre 1963 a 1977, mutó el mismo día de su disolución en la Audiencia Nacional, continuando sus funciones bajo esta nueva denominación. La Audiencia Nacional se constituyó con buena parte de los jueces del TOP, el resto se repartieron entre el Tribunal Supremo, la fiscalía general del Estado o la Audiencia de Madrid.
¿Cuántos militantes revolucionarios han sido asesinados, torturados, represaliados, encarcelados o se han exiliado por motivos políticos durante el Régimen del 78? ¿Cuántos juicios-farsa y condenas injustas se han dictaminado contra la clase obrera? La enumeración de todas ellas, desde antes del cierre de Egunkaria y el “todo es ETA”, el caso Bateragune, la represión sostenida y constante contra todo el sindicalismo de clase del Estado español, con casos como los 6 de La Suiza, la persecución contra la práctica sindical del SAT, las sentencias contra los sindicalistas de la CTM en las huelgas del metal de los últimos años; casos como los de Alsasua, los 6 de Zaragoza; las sentencias por el caso Tsunami y las protestas contra la criminalización del “Procès” en Catalunya, son sólo algunos de los numerosos casos de sentencias contra la clase obrera y los sectores populares. Una lista que no cesa y aumentará a medida que la clase obrera aumente su nivel de conciencia y lucha contra el Régimen del 78.
El PCPE llama a la organización de la clase obrera para la construcción de una propuesta política revolucionaria para acabar con el Régimen del 78. Es el momento de no caer en la defensa de falsas banderas, de no caer en la defensa de los intereses de los representantes de una de las facciones que defienden el actual Régimen del 78.
¡Por la República Socialista Confederal!
¡Paz, Techo y Trabajo!
Comité Ejecutivo del PCPE