Yasunidos, colectivo ciudadano de Ecuador, presenta una demanda exigiendo cumplimiento del referéndum petrolero en la Amazonía
HEW.- El colectivo ciudadano Yasunidos solicitó el 12 de noviembre a la Corte Constitucional del Ecuador que haga cumplir el referéndum de 2023 para detener la extracción de petróleo en el bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. Dos años después del voto, la extracción continúa y solo se ha cerrado una fracción de los aproximadamente 240 pozos.
La demanda insta a la Corte a ordenar al gobierno la suspensión de la extracción de petróleo, la cancelación de los contratos y licencias relacionados, y la elaboración de un plan creíble para el cierre de los pozos. El colectivo también solicita la destitución de ministros y funcionarios del gobierno que han ignorado el resultado del referéndum, incluyendo la ministra de Ambiente y Energía y la gerente general de la empresa estatal de energía, Petroecuador.
En mayo de 2023, la Corte dictaminó que, si los votantes aprobaban el referéndum, el gobierno debía detener inmediatamente la extracción de petróleo y clausurar todos los pozos antes del 31 de agosto de 2024, un fallo que aún sigue bajo supervisión para verificar su cumplimiento.
El Parque Nacional Yasuní es hogar de pueblos indígenas, como los Waorani, los Kichwa, y los Tagaeri y Taromenane, quienes viven en aislamiento voluntario. Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani de Ecuador (NAWE), declaró ante los líderes en las negociaciones climáticas mundiales de este año que “el pueblo ecuatoriano tomó la decisión democrática de mantener el petróleo del Bloque 43 bajo el subsuelo. Sin embargo, han transcurrido dos años y el gobierno aún no ha demostrado voluntad de cumplir”.
La petición surge en medio de la agitación política y social en Ecuador. Entre septiembre y octubre, la principal organización indígena del país lideró protestas después de que el presidente Daniel Noboa eliminara los subsidios al diésel. Human Rights Watch verificó la represión gubernamental durante las protestas, que dejaron dos muertos, 473 heridos y 206 detenidos. El gobierno de Noboa también ha criticado a la Corte Constitucional, calificándola de “enemiga del pueblo”.
En este contexto, el gobierno ha convocado un referéndum nacional para el 16 de noviembre con el objetivo de redactar una nueva constitución.
Si la Corte permite que el caso prosiga, su fallo podría poner a prueba la capacidad del gobierno de Noboa para respetar el estado de derecho. El gobierno debería suspender de inmediato la extracción de petróleo en el bloque ITT y garantizar la participación de los pueblos indígenas en el diseño e implementación de un plan de cierre serio, transparente y calendarizado.