Este mes se cumplen 60 años desde que la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), uno de los primeros tratados internacionales fundamentales de derechos humanos.
El relato habitual es que los países occidentales regalaron los derechos humanos al mundo y son sus únicos guardianes. Por eso, puede resultar sorprendente que el marco jurídico internacional para prohibir la discriminación racial deba su existencia en gran parte al empeño de los Estados del Sur Global.
En 1963, en plena ola de descolonización, un grupo de nueve Estados africanos recién independizados presentaron una resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se pedía la redacción de un tratado internacional sobre la eliminación de la discriminación racial. Como señaló el representante de Senegal: “La discriminación racial seguía siendo la norma en los territorios coloniales africanos y en Sudáfrica, y no era un fenómeno desconocido en otras partes del mundo […]. Había llegado el momento de implicar a todos los Estados en esa lucha”.
Dos años más tarde, la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la innovadora Convención contra el Racismo, que rechazaba toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial por ser “científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta”.
Hoy, cuando celebramos los 60 años transcurridos desde su adopción, millones de personas en todo el mundo continúan sufriendo discriminación racial, ya sea en la actuación policial, las políticas migratorias o las condiciones de explotación laboral.
En Brasil, Amnistía Internacional documentó en octubre de este año una operación policial letal en las favelas de Río de Janeiro que desembocó en una masacre de más de 100 personas, en su mayoría afrobrasileñas y que vivían en la pobreza, perpetrada por las fuerzas de seguridad.
En Túnez hemos visto en los últimos tres años que las autoridades utilizan las políticas migratorias para llevar a cabo arrestos y detenciones por motivos raciales y expulsiones masivas de personas refugiadas y solicitantes de asilo negras.
Mientras, en Arabia Saudí, las mujeres kenianas empleadas en el servicio doméstico sufren racismo y explotación a manos de sus entidades empleadoras y soportan condiciones laborales agotadoras y abusivas.
En Estados Unidos, las iniciativas de diversidad, igualdad e inclusión para combatir el racismo sistémico se han eliminado de todos los organismos federales. Las redadas de personas refugiadas y migrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son un elemento aterrador de la agenda de detenciones y deportaciones masivas del presidente Donald Trump, basada en una narrativa supremacista blanca.
Personas migrantes recluidas en centros de detención han sido objeto de tortura y de un patrón de abandono intencionado con el fin de deshumanizar y castigar.
En otros lugares, Amnistía Internacional ha documentado cómo las nuevas tecnologías digitales están automatizando y afianzando el racismo, mientras que las redes sociales ofrecen foros insuficientemente moderados para contenidos racistas y xenófobos. Por ejemplo, según las conclusiones de nuestra investigación sobre los disturbios racistas de Southport en Reino Unido, las decisiones de diseño y política de X crearon un terreno abonado para los discursos incendiarios y racistas que dieron paso a ataques violentos contra personas musulmanas y migrantes.
Los propios defensores y defensoras de los derechos humanos del Sur Global se enfrentan a discriminación racial cuando tienen que solicitar visado a países del Norte Global para asistir a reuniones donde se toman decisiones clave en materia de derechos humanos.
Todos estos ejemplos de racismo sistémico hunden sus raíces en el legado de la dominación colonial europea y la ideología racista sobre la cual se construyó. Durante el colonialismo europeo, que abarcó casi cuatro siglos y afectó a los seis continentes, se cometieron atrocidades que tuvieron consecuencias históricas, desde el borrado de poblaciones indígenas hasta la trata transatlántica de esclavos.
Con el auge de los movimientos antiderechos en todo el mundo han resurgido los discursos racistas y xenófobos y el uso de las personas refugiadas y migrantes como chivos expiatorios, y se han reducido las medidas y protecciones contra la discriminación.
Todos estos ejemplos de racismo sistémico hunden sus raíces en el legado de la dominación colonial europea y la ideología racista sobre la cual se construyó.
Melissa Hendrickse y Rym Khadhraoui
Al mismo tiempo, a algunos Estados occidentales les ha faltado tiempo para desmontar el derecho y las instituciones internacionales a fin de legitimar el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza y proteger a las autoridades israelíes de la acción de la justicia y la rendición de cuentas.
Así como la creación de la Convención contra el Racismo fue impulsada por Estados africanos hace 60 años, los países del Sur Global siguen estando en primera línea de la lucha contra la opresión, injusticia y desigualdad racial. Sudáfrica en particular presentó una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia y fue cofundador del Grupo de La Haya, coalición de ocho Estados del Sur Global organizados para exigir responsabilidades a Israel por el genocidio.
En el frente de la reparación, los Estados caribeños y africanos, junto con los pueblos indígenas y africanos y las personas afrodescendientes, son quienes han liderado la lucha por la justicia. La Comunidad del Caribe (CARICOM) ha intensificado la presión sobre los gobiernos europeos para que admitan su pasado colonial, incluso durante una visita reciente a Reino Unido de su Comisión de Reparaciones.
Mientras la Unión Africana anunciaba el mes pasado la declaración de 2026-2036 como la Década de las Reparaciones, los dirigentes africanos se reunían en Argel para celebrar la Conferencia Internacional sobre los Crímenes del Colonialismo, en la que consolidaron las demandas para tipificar el colonialismo como crimen de derecho internacional.
Los Estados aún deben enfrentarse al racismo como problema estructural y sistémico, y dejar de fingir que la esclavitud y el colonialismo son cosa del pasado y no influyen en nuestro presente.
Melissa Hendrickse y Rym Khadhraoui
Pero eso no es suficiente. Los Estados aún deben enfrentarse al racismo como problema estructural y sistémico, y dejar de fingir que la esclavitud y el colonialismo son cosa del pasado y no influyen en nuestro presente.
En todo el mundo, la gente está oponiendo resistencia. El mes pasado en Brasil, cientos de miles de mujeres afrobrasileñas protagonizaron la Marcha de las Mujeres Negras por la Reparación y el Bienestar y contra la violencia histórica racista y de género. En Estados Unidos, la gente se ha enfrentado este año a la campaña de redadas federales de inmigrantes: miles de personas salieron a la calle en Los Ángeles para protestar, y en Chicago se movilizaron residentes para proteger comunidades y negocios de personas migrantes contra las redadas del ICE.
Los gobiernos deben escuchar a la ciudadanía y cumplir sus obligaciones en virtud de la Convención contra el Racismo y de la legislación nacional para proteger a las personas marginadas y oprimidas frente a la discriminación.
No cejaremos en la lucha para que nuestras voces se escuchen y el racismo realmente sea cosa del pasado.