A un año de la desaparición forzada de Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo e Ismael Arroyo, sus familiares siguen demandando justicia, verdad y reparación.
Los “cuatro niños de las Malvinas”, como han sido conocidos públicamente, fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por miembros de las Fuerzas Armadas durante un operativo de seguridad en el sector popular de las Malvinas, en la ciudad de Guayaquil, y sus cuerpos fueron localizados sin vida el 24 de diciembre de 2024, con signos de tortura, en las inmediaciones de una base militar en el poblado de Taura, en la provincia de Guayas.
“Expresamos nuestra solidaridad y admiración a la lucha de las familias de los cuatro niños desaparecidos en Las Malvinas. Estamos ante un momento decisivo para la observancia de los derechos humanos en Ecuador. Estas desapariciones forzadas no solo conmocionaron profundamente al país, sino que también evidenciaron el fracaso de la política de seguridad del presidente Noboa. Las familias de los niños y de todas las víctimas de desapariciones forzadas cometidas por las Fuerzas Armadas en la costa ecuatoriana tienen derecho a la justicia, a la verdad y a una reparación integral,” dijo Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas.
Las familias de los niños y de todas las víctimas de desapariciones forzadas cometidas por las Fuerzas Armadas en la costa ecuatoriana tienen derecho a la justicia, a la verdad y a una reparación integral.”
Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas.
A principios del año, una investigación de la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra 16 efectivos militares por su posible participación en los hechos, que actualmente se encuentran en prisión preventiva, y en abril se formularon cargos adicionales a un coronel. En octubre, los 17 sospechosos fueron llamados a un juicio que, en las últimas semanas, ha estado viendo numerosas audiencias y se encuentra ya en la etapa de presentación de alegatos finales. En paralelo, la Corte Constitucional de Ecuador también está analizando estos crímenes.
En septiembre de este año, Amnistía Internacional emitió el informe “Son militares, yo los vi” detallando la desaparición forzada de 10 personas, incluyendo la de “los cuatro niños de las Malvinas”. La investigación, presentada en Guayaquil, concluye que la estrategia de seguridad militarizada promovida por el presidente Daniel Noboa había facilitado la comisión de violaciones graves de derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas, que son crímenes de derecho internacional.
De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía de la Nación, a septiembre de 2025, existía registro de 43 desapariciones ocurridas en la costa ecuatoriana en el marco de operativos de seguridad de las Fuerzas Armadas en 2024. Amnistía Internacional considera que hasta ahora el principal obstáculo para que las víctimas y sus familias accedan a la justicia es la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas en las investigaciones penales en curso.