Desde que se hizo con el poder el 1 de febrero de 2021, la junta militar de Myanmar ha ejercido una represión generalizada y ha cometido abusos en todas las facetas de la vida del país. Así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional, Fortify Rights y Human Rights Watch. Las atrocidades cometidas por el ejército desde el golpe de Estado, que incluyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, han ido en aumento durante el último año a medida que la junta ha tratado de afianzar su gobierno mediante operaciones militares abusivas y elecciones orquestadas.
Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los gobiernos de la región y otros Estados interesados deberían brindar más apoyo a la población de Myanmar y hacer que la junta rinda cuentas de sus crímenes. Las elecciones, fuertemente controladas y celebradas en tres fases entre el 28 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026, han sido ampliamente descalificadas por considerarse fraudulentas y organizadas para garantizar la victoria del partido respaldado por el ejército.
“No es un accidente que estas elecciones hayan sido posibles mediante un aumento de los abusos contra los derechos humanos, que van desde la detención arbitraria hasta los ataques ilegítimos contra la población civil, en lo que ha sido el modus operandi del ejército durante decenios”, ha manifestado Ejaz Min Khant, especialista en derechos humanos de Fortify Rights. “A medida que esta crisis se adentra en su sexto año, el gobierno debe centrarse en las iniciativas de rendición de cuentas y justicia por los numerosos crímenes cometidos por el ejército de Myanmar, unas iniciativas sin las que el país no puede avanzar.”
Desde el golpe de Estado, la junta ha prohibido sistemáticamente decenas de partidos políticos y ha detenido a más de 30.000 personas por motivos políticos. En enero, la junta informó de que había emprendido acciones legales contra más de 400 personas en virtud de una ley de “protección de las elecciones” aprobada en julio, en la que se tipificaban como delito las críticas a las elecciones y se prohibían los discursos y la organización o celebración de protestas que alteraran cualquier parte del proceso electoral.
Las elecciones han sido una pieza central de los intentos de la junta de sofocar toda la oposición política, hacer descarrilar las iniciativas para restaurar el gobierno civil y afianzar el sistema de Estado controlado por el ejército. Tal como se esperaba, y por diseño, los resultados electorales indican una victoria aplastante del representante del ejército, el Partido para la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión.