Especiaalistas de la ONU* alertaron de que, más de un año después de una histórica sentencia del Tribunal Constitucional de Ecuador, las víctimas de condiciones similares a la esclavitud en la empresa Furukawa Plantaciones C.A. siguen viviendo en situación de extrema precariedad.
El fallo reconoció graves violaciones de derechos humanos, como trabajo forzoso, servidumbre, trabajo infantil y falta de acceso a vivienda, salud y educación. Aunque el tribunal ordenó reparaciones integrales para 342 víctimas, hasta ahora solo se ha producido una disculpa pública del Estado.
Según los expertos, la empresa habría rechazado la sentencia, acosado a las víctimas y despedido a los demandantes, mientras continúa operando y exportando abacá.
La empresa también habría lanzado una campaña para estigmatizar públicamente a los demandantes, presentándolos como oportunistas.
Garantizar la reparación
“La empresa Furukawa C.A. no solo ha sometido a las personas trabajadoras a una grave explotación laboral durante décadas, sino que también ha revictimizado a los supervivientes en lugar de reconocerlos y cumplir con sus obligaciones establecidas por la Corte Constitucional”, afirmaron los expertos.
En este sentido, expresaron su preocupación por que el Estado ecuatoriano no haya tomado medidas efectivas ni garantizado reparaciones materiales, lo que crea un entorno peligroso para los supervivientes y los defensores de los derechos humanos.
Los expertos subrayaron que tanto al Estado como la empresa Furukawa deben actuar sin más demora para garantizar la plena reparación, la protección de las víctimas y la adopción de políticas que impidan que se repitan estas graves violaciones de los derechos humanos.
“De no hacerlo, se podría producir una escalada de las tensiones actuales, poniendo en peligro la vida de quienes ya han sufrido durante décadas”, concluyeron.
*Especialistas:
• Tomoya Obokata, relator especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias
• Pichamon Yeophantong (presidenta), Damilola Olawuyi (vicepresidenta), Fernanda Hopenhaym, Lyra Jakulevičienė y Robert McCorquodale, Grupo de Trabajo sobre las empresas y los derechos humanos