Jerusalén ocupada, 17 feb (SANA) Desde incursiones militares sobre el terreno hasta decisiones administrativas adoptadas en despachos oficiales, Israel continúa avanzando en medidas que consolidan su control sobre tierras palestinas en Cisjordania, transformando lo que ha sido descrito durante décadas como una ocupación temporal en una estructura con carácter legal permanente.
Lo que durante años se manifestó en la expansión progresiva de asentamientos ha dado camino a un nuevo paso administrativo: por primera vez desde 1967, las autoridades israelíes han comenzado a registrar tierras en Cisjordania bajo la clasificación de “tierras estatales”. Esta medida permite formalizar la incorporación de terrenos al control israelí y facilitar su asignación a colonos.
El ministro israelí Bezalel Smotrich calificó la decisión como una “revolución en materia de asentamientos”, en referencia a un proceso que institucionaliza el registro oficial de tierras y amplía el margen legal para su reasignación. Observadores palestinos advierten que este paso consolida el control israelí sobre amplias áreas del territorio y afecta las perspectivas de establecer un Estado palestino independiente y territorialmente contiguo dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, conforme a resoluciones de la ONU.
Detalles de la decisión
La medida autoriza a la Autoridad de Tierras dependiente del Ministerio de Justicia israelí a operar en Cisjordania. Con ello, la gestión de tierras pasa de un marco militar a uno de carácter civil-administrativo. Según analistas, esta transición implica una consolidación estructural del control israelí y modifica los mecanismos legales existentes que durante décadas han sido utilizados por palestinos para documentar la propiedad de sus tierras.
¿Por qué ahora?
La decisión se enmarca en una serie de medidas aprobadas por el Gabinete de Seguridad israelí el 8 de febrero, orientadas a eliminar lo que las autoridades denominan “obstáculos legales” para la expansión de asentamientos, permitir la compra directa de tierras por parte de colonos y acelerar proyectos de construcción.
Transferir el expediente de tierras al Ministerio de Justicia, en lugar de mantenerlo bajo administración militar, supone tratar a Cisjordania bajo parámetros administrativos similares a los del territorio israelí, lo que ha generado críticas por parte de sectores palestinos e internacionales que consideran que ello altera el estatus jurídico del territorio ocupado.
Entre las implicaciones señaladas se encuentran nuevas demoliciones, modificaciones en la planificación urbana y medidas que podrían afectar áreas bajo control administrativo de la Autoridad Palestina. Asimismo, se ha mencionado la posible retirada de competencias al Municipio de Hebrón en zonas próximas a la Mezquita Ibrahimi, lo que reaviva tensiones en una ciudad históricamente sensible.
Cifras en contexto
Más del 60% de Cisjordania —clasificada como Área bajo los Acuerdos de Oslo— permanece bajo control total israelí.
Actualmente residen en Cisjordania aproximadamente 750.000 colonos israelíes, incluidos más de 230.000 en Jerusalén Oriental. Con el nuevo marco administrativo, se prevé una ampliación del registro de tierras que podría abarcar decenas de miles de dunams en los próximos años.
Derecho internacional y reacciones
La Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU establece que los asentamientos israelíes en territorio ocupado carecen de validez legal y constituyen una violación del derecho internacional. Asimismo, la Corte Internacional de Justicia ha reiterado el principio de inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza y ha rechazado medidas que alteren el estatus legal de los territorios palestinos.
Sin embargo, pese a las condenas y advertencias emitidas por diversos países y organismos internacionales, no se han adoptado mecanismos efectivos que detengan la implementación de estas decisiones sobre el terreno.
Autoridades palestinas, así como sectores de la sociedad civil, han rechazado la medida, calificándola como una confiscación de tierras y una aceleración del proceso de desplazamiento. También se han registrado condenas a nivel árabe e internacional.
Impacto y perspectivas
Analistas advierten que estas medidas podrían profundizar la fragmentación territorial, aislar comunidades y tierras agrícolas, afectar recursos hídricos y dificultar aún más la viabilidad de un Estado palestino contiguo.
El proceso de registro de tierras introduce un cambio cualitativo: mientras la ocupación militar implica un control de facto, la formalización administrativa consolida ese control en el plano legal. De este modo, lo que comenzó como una administración temporal evoluciona hacia una estructura permanente.
En este contexto, la solución de dos Estados respaldada por la comunidad internacional enfrenta crecientes desafíos, mientras la realidad sobre el terreno continúa transformándose con rapidez.