«Estamos ante un nuevo pacto de impunidad y una grave violación a la legalidad constitucional e internacional», dijo el jurista. Foto: Congreso Honduras.
A través de su cuenta en la red social X, el abogado Joaquín Mejía sostuvo que ningún decreto de amnistía en Honduras puede beneficiar a personas responsables de violaciones de los derechos humanos, como las ocurridas durante la asonada militar que derrocó al entonces presidente constitucional Manuel Zelaya (2006-2009).
El jurista enfatizó que este tipo de iniciativa contraviene el bloque de constitucionalidad, integrado por la carta magna de la República y por los tratados internacionales que ha suscrito Honduras en materia de derechos humanos.
«Estamos ante un nuevo pacto de impunidad y una grave violación a la legalidad constitucional e internacional», remarcó al referirse al proyecto legislativo sometido a discusión en el Congreso Nacional (Parlamento). La moción fue presentada esta semana por los diputados Kilvett Bertrand y Luz Ernestina Mejía, de los partidos de derecha Nacional (PN) y Liberal (PL).
Estos partidos son mayoritarios en el Legislativo y aliados en el actual Gobierno neoliberal del presidente Nasry Asfura. Según el defensor de los derechos humanos, aprobar un perdón de esta índole implicaría el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado hondureño en materia de justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos fundamentales.
Mejía denunció que una medida de esta naturaleza negaría el acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares, además de sentar un precedente contrario a los estándares del derecho internacional.
Cuestionó, además, que «expertos» salieran en medios de comunicación a defender la iniciativa, «ignorando su prohibición en el marco del derecho internacional cuando se trata de violaciones a derechos fundamentales».
La polémica llega después de que esta semana se presentara en el Parlamento hondureño una propuesta de decreto que plantea indultar a varios generales en condición de retiro de las Fuerzas Armadas (FFAA).
Entre los beneficiarios está Romeo Vásquez, quien era el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA el 28 de junio de 2009, cuando el exmandatario Zelaya fue derrocado y expulsado del país. También incluiría a Carlos Puerto y Venancio Cervantes, los otros dos generales que, junto a Vásquez, enfrentan un proceso judicial por el asesinato del joven Isy Obed y por la tentativa de asesinato de Alex Zavala durante la represión de protestas contra la asonada militar.
Prensa Latina - TeleSUR