Como todo decreto ley, el texto estaba en vigor desde su aprobación por el Consejo de Ministros, esto es desde el pasado viernes, 20 de marzo, pero tenía que convalidarse en el Congreso en un plazo de treinta días y la Cámara Baja lo ha hecho este jueves. El hemiciclo también ha aprobado tramitar el decreto como proyecto de ley.
El decreto supone un conjunto de 80 medidas que movilizará 5.000 millones de euros. En concreto, el Real Decreto-ley recoge la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y 'pellets', al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano y se recupera la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria.
Se baja el IVA al 10%, y los impuestos que afectan al precio de la gasolina y el gasoil hasta el mínimo que permite la directiva europea. Dentro de la factura de la luz, a la rebaja del IVA se suma la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%, fijado por la Unión Europea.
AYUDA DE 20 CÉNTIMOS POR LITRO A SECTORES AFECTADOS
La norma incluye la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del impuesto de hidrocarburos y, para los sectores más afectados, incluyendo transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, se establece una ayuda de veinte céntimos por cada litro de gasóleo profesional empleado en su actividad. La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra.
A ello se suma una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes con el fin de que "esos sectores tan importantes puedan capear esta crisis y para contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra", ha apuntado el presidente.
PROHIBIRÁ DESPEDIR POR EFECTOS ECONÓMICOS DE LA GUERRA
El plan de respuesta del Gobierno al impacto de la guerra en Irán incluirá la prohibición a las empresa de acometer despidos objetivos por efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Próximo y también para aquellas compañías que reciban ayudas públicas relacionadas con la guerra.
También se dota de mayores capacidades de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ninguna empresa que reciba las ayudas contempladas en el plan de respuesta a la guerra en Irán se beneficie de la misma. Además, en este paquete de medidas se incluye un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible.
En concreto, el Gobierno de coalición ha acordado reforzar la supervisión de los márgenes de estas empresas a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como la habilitación al Consejo de Ministros para establecer limitaciones a sus beneficios.
IMPULSAR EL AUTOCONSUMO Y LAS BOMBAS DE CALOR Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Por otro lado, el decreto incluye un paquete de deducciones fiscales para impulsar el autoconsumo energético y las bombas de calor.
Estas deducciones, vía Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se dirigirán a la instalación de placas solares, así como a puntos de recarga, bombas de calor o climatización de edificios, y se enmarcan en ese eje del plan más de "naturaleza estructural". De igual forma, se prevén deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.
Asimismo, el decreto extiende las ayudas para la rehabilitación de vivienda que, según datos del Ministerio de Vivienda, ya han beneficiado a más de 290.000 personas desde 2021. La prórroga de los beneficios fiscales por obras de mejora energética de las viviendas supone extenderlas para las actuaciones realizadas en los años 2025 y 2026.
DEDUCCIONES POR OBRAS EN VIVIENDA
Esta deducción se aplica sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual, en viviendas alquiladas o con expectativas de alquilarlas, y en los edificios residenciales, acreditadas a través de certificado de eficiencia energética.
Entre los años 2021 y 2024 que ya estuvieron en vigor, se presentaron un total de 291.763 declaraciones con un beneficio medio por contribuyente de 1.918 euros, lo que acreditó obras de mejora energética en un total de 203.756 inmuebles.
Las deducciones por rehabilitación energética incluye un 20% por las obras que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda habitual, alquilada o en expectativa de alquiler. También incluye un 40% por las obras que reduzcan en un 30% el consumo de energía primaria no renovable o logren una calificación energética A o B. Sendas ayudas están vigentes hasta el 31 de diciembre de este año.
A su vez, el texto incorpora una deducción del 60% en edificios de uso mayoritariamente residencial que reduzcan al menos un 30% o alcancen una calificación energética A o B. Esta ayuda está vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.
IMPULSO DE VIVIENDA PÚBLICA
Por último, se introduce un cambio normativo para impulsar la construcción de vivienda pública y asequible, de manera que se modifica la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la construcción de vivienda asequible en suelos de titularidad pública.
Este cambio busca avanzar en la simplificación y flexibilización del marco normativo para facilitar la aplicación de las distintas fórmulas de colaboración público-privada recogidas en la Ley de Vivienda de 2023.
Así, la norma establece ahora una serie de particularidades a los contratos de concesión cuando estos tengan por objeto realizar actuaciones de construcción o rehabilitación sobre suelo o inmuebles de titularidad pública y cuyo destino sea el de vivienda social o a precios asequibles.
IVA AL 10% EN CARBURANTES, GAS NATURAL Y LUZ
Bajada del IVA del 21% al 10% en gasolina, gasóleo, gas y electricidad, junto a la reducción del impuesto sobre pellets y leña al 10%, con el objetivo de aliviar la factura energética de los hogares y empresas.
VUELEN LAS DEDUCCIONES PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
Los contribuyentes podrán volver a acogerse a las deducciones del 30% y del 40% en el IRPF por la rehabilitación energética de viviendas.
DEDUCCIONES EN EL IRPF POR LA COMPRA DE COCHES ELÉCTRICOS
Los contribuyentes podrán aplicarse nuevamente la deducción del 15 por ciento del valor de adquisición de un vehículo eléctrico con una base máxima de 20.000 euros, siempre que se cumplan con el requisito de no estar afecto a una actividad económica.
REGRESA LA AMPLIACIÓN DEL BONO SOCIAL ELÉCTRICO
El Gobierno también aprueba la ampliación del bono social eléctrico y mantiene el escudo social durante todo 2026:
- Descuento del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos.
- Ayuda mínima del bono térmico, que sube a 50 euros.
- Prohibición de cortar el suministro energético a los hogares más vulnerables mientras dure el plan.
FRENO AL PRECIO DEL BUTANO Y PROPANO
El precio de la bombona de butano y del propano quedará congelado durante todo 2026, para evitar que las subidas de la energía se trasladen a los hogares que dependen de estos combustibles.
SUSPENSIÓN DEL IMPUESTO ENERGÉTICO
El Congreso prorroga la suspensión del Impuesto del 7% sobre la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y reduce el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) hasta el mínimo europeo, del 0,5%.
En esta línea, se concede una bonificación del 80% en los peajes eléctricos a la industria electrointensiva.
REBAJA EN EL IMPUESTO A LOS HIDROCARBUROS
Se reduce la carga fiscal sobre los hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea, aliviando el coste de gasolinas y gasóleos utilizados por el transporte profesional y por los sectores más expuestos al encarecimiento de la energía.
No obstante, por tratarse de medidas excepcionales, las reducciones de los tipos durante el mes de junio de 2026 del Impuesto sobre Hidrocarburos, del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del IVA, quedan subordinadas a la evolución del índice de precios al consumo de los productos afectados.
DESCUENTO DE 20 CÉNTIMOS PARA SECTORES AFECTADOS
El paquete incluye también una ayuda directa equivalente a 20 céntimos a sectores afectados, incluyendo transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra.
A ello se suma una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes para contener los precios de la cesta de la compra.
IMPUSLO A LA ENERGÍA VERDE
Asimismo, se incorporan bonificaciones en el IBI de hasta el 50% a favor de las construcciones con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar o de la energía ambiente, junto con una bonificación de hasta el 95% en el ICIO a favor de las construcciones, instalaciones u obras que incorporen esos sistemas.
PROHIBICIÓN DE DESPIDOS POR EFECTOS ECONÓMICOS DE LA GUERRA
El plan de respuesta del Gobierno al impacto de la guerra en Irán incluirá la prohibición a las empresas de acometer despidos objetivos por efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Próximo y también para aquellas compañías que reciban ayudas públicas relacionadas con la guerra.
LIMITACIÓN DE MÁRGENES EMPRESARIALES
También se dota de mayores capacidades de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ninguna empresa que reciba las ayudas contempladas en el plan de respuesta a la guerra en Irán se beneficie de la misma. Además, en este paquete de medidas se incluye un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible.
En concreto, el Gobierno de coalición ha acordado reforzar la supervisión de los márgenes de estas empresas a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como la habilitación al Consejo de Ministros para establecer limitaciones a sus beneficios.
PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS EMPRESAS
El decreto adelanta de 24 a 12 meses el plazo para implantar los planes de movilidad sostenible al trabajo: las empresas y entidades públicas con más de 200 personas trabajadoras, o 100 por turno, deberán contar obligatoriamente con estos planes antes del 5 de diciembre de 2026.
IMPULSO DE VIVIENDA PÚBLICA
Por último, se introduce un cambio normativo para impulsar la construcción de vivienda pública y asequible, de manera que se modifica la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la construcción de vivienda asequible en suelos de titularidad pública.
Este cambio busca avanzar en la simplificación y flexibilización del marco normativo para facilitar la aplicación de las distintas fórmulas de colaboración público-privada recogidas en la Ley de Vivienda de 2023.