Un comité de Naciones Unidas señaló el uso recurrente de los estados de excepción en Ecuador, la militarización de la seguridad interior y medidas contra la crisis de violencia que generan riesgo adicional a la población.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas instó al Gobierno de Ecuador a abandonar el enfoque militarizado y garantizar que la seguridad ciudadana sea manejada bajo un modelo civil, con mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Foto: EFE.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas expresó este miércoles una “profunda preocupación” por el contexto de seguridad en Ecuador, marcado por la militarización, los estados de excepción impuestos por el Gobierno de Daniel Noboa y denuncias sobre vulneraciones de los derechos humanos, entre ellas desapariciones forzadas.
Un informe del Comité analiza las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano frente a la crisis de violencia y el crimen organizado, y advierte que varias de estas acciones podrían estar generando riesgos adicionales para la población,
Otro dato aportado refleja que estos casos involucrarían a miembros de la fuerza pública. Las poblaciones más vulnerables se encuentran en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos.
Ante este escenario, el comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada instó al Gobierno de Ecuador a abandonar el enfoque militarizado y garantizar que la seguridad ciudadana sea manejada bajo un modelo civil, con mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
De igual manera, se cuestiona el uso recurrente de los estados de excepción en Ecuador, donde desde enero de 2024 se han registrado más de una veintena de declaratorias, situación que ha propiciado el riesgo de abusos y desapariciones.
El Comité incluso cuestiona el toque de queda recientemente establecido en marzo de 2026, al señalar que no se habrían aplicado suficientes salvaguardas para evitar actuaciones desproporcionadas por parte de las fuerzas de seguridad.
En este contexto, recomienda que estas medidas sean estrictamente temporales, proporcionales y sujetas a control judicial.
Entre las recomendaciones del Comité están el retiro progresivo a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad interna, fortalecer las instituciones civiles y los mecanismos de control, garantizar investigaciones rápidas, independientes y efectivas, crear un registro nacional unificado de personas desaparecidas y asegurar la protección de víctimas, familiares y defensores de derechos humanos.
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