RSF: La escalada de amenazas de muerte contra periodistas en Ecuador deja en evidencia la inacci贸n de las autoridades y su deriva restrictiva contra la prensa
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha documentado cuatro casos de amenazas de muerte contra periodistas en Ecuador entre enero y febrero de 2026, un aumento alarmante si se compara con los tres casos registrados por una organizaci贸n aliada de RSF durante todo el a帽o 2025. Las amenazas — llamadas telef贸nicas y mensajes directos — suelen producirse tras la publicaci贸n de reportajes sobre redes criminales, presuntas irregularidades en la gesti贸n municipal de tierras y otros temas locales sensibles. Algunos de estos amedrentamientos se dirigen a familiares de los periodistas. Este repunte se produce en medio de nuevas normas que restringen el acceso de los medios a coberturas oficiales, lo que suscita preocupaci贸n sobre la protecci贸n de los periodistas y el estado de la libertad de prensa en el pa铆s.
El 7 de febrero de 2026, en la regi贸n andina de Ecuador, el periodista independiente Jonathan David Quezada Castillo recibi贸 amenazas de muerte vinculadas a publicaciones en redes sociales que se le atribu铆an sobre denuncias de habitantes locales en Guaranda, capital de la provincia de Bol铆var, en una p谩gina de Facebook para la cual, seg煤n afirma, nunca ha producido contenido ni administrado. Este caso es un claro ejemplo de c贸mo la desinformaci贸n se utiliza con frecuencia para alimentar graves amenazas contra periodistas. En sus denuncias ante la Fiscal铆a, el periodista declar贸 haber recibido un mensaje de audio por WhatsApp con amenazas desde un n煤mero con c贸digo de pa铆s colombiano y que, tras presentar una primera denuncia, recibi贸 otra amenaza de muerte tanto contra 茅l como contra su familia. Seg煤n informaci贸n de RSF, la Fiscal铆a ha iniciado recientemente diligencias investigativas en el caso. RSF ya hab铆a documentado amenazas previas contra Jonathan David Quezada Castillo en 2024.
En la frontera norte, el 23 de enero de 2026, Jonathan Bonifaz, director del medio digital Llamingo EC, recibi贸 una amenaza de muerte v铆a WhatsApp despu茅s de publicar informaci贸n sobre grupos criminales que operan en la zona. Seg煤n ha informado el periodista a RSF, sus fuentes indicaron que dos individuos hab铆an sido enviados a Quito, la capital de Ecuador, para matarlo en represalia por su trabajo. El periodista se vio obligado a trasladarse y mantener en secreto su ubicaci贸n, lo que dificulta enormemente continuar las investigaciones en un territorio marcado por la presencia de grupos criminales y la violencia transfronteriza. Seg煤n informaci贸n de RSF, se present贸 una denuncia ante la Fiscal铆a y la organizaci贸n local Periodistas Sin Cadenas, aliada de RSF, brind贸 apoyo psicol贸gico al periodista. Sin embargo, debido a que el mecanismo estatal de protecci贸n depende en gran medida de factores de ubicaci贸n en su log铆stica, resulta dif铆cil implementar medidas de protecci贸n cuando la persona debe ocultar su paradero.
El 6 de enero de 2026, Joffre Paredes Ronquillo, periodista y presentador del programa “Sin Anestesia” en el canal digital KLN, recibi贸 un mensaje de texto en su tel茅fono celular en el que se le informaba que estaba siendo vigilado y se le amenazaba a 茅l y a su familia. El mensaje fue enviado despu茅s de sus reportajes sobre presuntas irregularidades en la gesti贸n de tierras en la ciudad costera de La Libertad, provincia de Santa Elena. Seg煤n datos de RSF, el caso fue reportado a la Fiscal铆a y el periodista fue incluido en un esquema de protecci贸n que contempla un bot贸n de p谩nico, escolta policial al salir de su domicilio y patrullajes policiales diarios frente a su casa. A pesar de estas medidas de seguridad, su labor se vio inmediatamente afectada, ya que redujo su tiempo en espacios p煤blicos y limit贸 sus coberturas.
De manera similar, el 15 de enero de 2026, Fernando Mu帽oz, periodista de Radio Salinas, fue amenazado de muerte tanto en persona como v铆a WhatsApp para que no transmitiera una entrevista con un activista sobre presunta corrupci贸n en la venta de terrenos en la ciudad de Salinas, tambi茅n en la provincia de Santa Elena. Los mensajes lograron su objetivo y la entrevista fue cancelada. Este episodio de autocensura restringi贸 el derecho de la audiencia local a estar informada sobre un asunto que les concern铆a directamente. Seg煤n informaci贸n de RSF, el caso fue reportado al mecanismo de protecci贸n, pero el periodista decidi贸 no presentar una denuncia formal y mantener un perfil bajo — una decisi贸n com煤n, ya que los periodistas amenazados a menudo no conf铆an en que las instituciones estatales los protejan de manera efectiva y temen que presentar una denuncia formal pueda aumentar su riesgo.
Estas amenazas de muerte no son incidentes aislados en Ecuador: son una herramienta utilizada para silenciar investigaciones sobre corrupci贸n local, econom铆as ilegales y crimen organizado. Y el impacto es inmediato: la cobertura se reduce a medida que los periodistas se autocensuran e incluso huyen de las zonas donde informan por razones de seguridad. La respuesta del Estado sigue siendo insuficiente, y su capacidad para investigar y prevenir estos ataques se ve a煤n m谩s debilitada por decisiones oficiales que restringen el acceso de la prensa a la informaci贸n p煤blica. RSF insta a las autoridades ecuatorianas a fortalecer urgentemente los sistemas de protecci贸n para periodistas amenazados e investigar estos casos — incluyendo an谩lisis forenses de los mensajes, grabaciones de audio y n煤meros telef贸nicos — para garantizar que los responsables sean identificados y sancionados. La ONG tambi茅n advierte de que la adopci贸n de medidas restrictivas contra la prensa representa un grave riesgo para el acceso del p煤blico a la informaci贸n en un pa铆s que ya enfrenta un preocupante aumento de amenazas contra periodistas.
Artur Romeu. Director de RSF Am茅rica Latina.
Amenazados y restringidos
Este entorno laboral hostil para los periodistas se ve agravado por el aumento de restricciones impuestas por el Estado a la prensa. El 28 de enero de 2026, las Fuerzas Armadas emitieron un documento interno, al que tuvo acceso RSF, que establece reglas para determinar qu茅 periodistas y medios de comunicaci贸n pueden acceder a la cobertura de sus eventos oficiales, filtrando a los medios seg煤n su l铆nea editorial y publicaciones anteriores, y permitiendo la exclusi贸n de aquellos que, a juicio de los militares, “da帽en” la imagen de la instituci贸n. Aunque la medida no est谩 vigente, seg煤n informaron p煤blicamente las fuerzas armadas, su emisi贸n y anuncio pone de relieve la apat铆a del gobierno frente al deterioro de la libertad de prensa en el pa铆s.