El jueves pasado, Josu Jon Imaz, CEO de Repsol exhibía sin tapujos unos espectaculares beneficios de 929 millones de euros de Repsol conseguidos durante los primeros tres meses del año. Unos márgenes comerciales oportunamente inflados habían obrado este milagro económico. Es decir, el porcentaje que se lleva la compañía por la fabricación de cada barril de combustible lo han subido al doble (de 5,3 $/barril el año pasado frente a los 10,9 $/barril de ahora). Esta política empresarial desgraciadamente ha sido la norma: otras petroleras como ENI, Total o Shell han anunciado dividendos de récord para sus accionistas. “Hacer caja” a costa de una sociedad en shock por el conflicto en Irán.
Los gobiernos pueden seguir participando en este juego o romper el ciclo con energías renovables y soluciones basadas en la justicia.
La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está devastando vidas en todo el país y la región. Los civiles son los primeros y más perjudicados: pierden la vida o viven con miedo, sufren desplazamientos, viven con infraestructuras destruidas y el daño ambiental cada vez es mayor, mientras que el riesgo de una guerra regional más amplia crece día a día. Recordemos que hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al régimen islámico con ataques de gran envergadura si no acata su ultimátum de reabrir el estrecho de Ormuz. Greenpeace condena estos ataques, exige el cese inmediato de la violencia y el retorno a una diplomacia real bajo una supervisión y cooperación internacional creíbles.
Al mismo tiempo, el conflicto está provocando una enorme crisis en el sector de los combustibles fósiles y la petroquímica. Los envíos a través del estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo para el petróleo y el gas fósil, se están viendo interrumpidos, lo que eleva los precios del combustible, los alimentos, los plásticos y los productos de primera necesidad. Familias en países que no tuvieron voz ni voto en esta guerra ahora pagan más en las gasolineras, en los supermercados y en sus facturas de energía. Es el resultado de un sistema energético basado en combustibles fósiles que convierte cada crisis en una fuente de ganancias para las compañías petroleras y gasísticas.
Llueve sobre mojado. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, las petroleras sacaron provecho del caos energético y duplicaron con creces sus ganancias en lo que se convirtió en uno de sus mejores años. La guerra contra Irán tiene el mismo patrón en un escenario aún más volátil, tal y como demuestran los beneficios récord de todas las petroleras. Desde Ucrania hasta Ormuz, la industria de los combustibles fósiles sigue una estrategia bélica predecible diseñada para convertir la inestabilidad en poder, contaminación y ganancias.
La salida a este ciclo de guerra de combustibles fósiles es clara. Los gobiernos pueden optar por una respuesta a la crisis que logre dos objetivos a la vez: garantizar el acceso de la población a la energía a precios asequibles y eliminar definitivamente la dependencia de los combustibles fósiles.
A corto plazo, esto implica un apoyo específico para los hogares y las pequeñas empresas, financiado mediante impuestos contundentes sobre las ganancias del petróleo y el gas fósil. Las empresas contaminantes que se benefician de la inestabilidad y el daño ambiental deben pagar por los daños que causan, en lugar de ser protegidas de las fluctuaciones de precios con dinero público, mientras que las personas que ya sufren el alto costo de la vida soportan la carga de la crisis energética. Las reducciones de impuestos y los subsidios a los combustibles fósiles solo protegen las ganancias de las poderosas compañías petroleras. Por otro lado, nuevos recargos nacionales y un impuesto global sobre las ganancias de los combustibles fósiles en el marco de un convenio fiscal de la ONU podrían recaudar cientos de miles de millones para reducir las facturas de energía, fortalecer la protección social e invertir en soluciones climáticamente seguras.
Los gobiernos deben dejar de derrochar dinero público en nuevos proyectos de petróleo, gas y petroquímica. Cada euro, dólar o rupia invertido hoy en terminales de GNL, gasoductos o refinerías genera décadas de mayor exposición a la volatilidad de los precios, a regímenes autoritarios y al caos climático. En cambio, los fondos públicos deberían destinarse a proyectos que garanticen la resiliencia económica a largo plazo y la seguridad energética: sistemas energéticos basados en energías renovables, aislamiento térmico de viviendas, transporte público, sistemas alimentarios locales y sostenibles, e infraestructura de reutilización que reduzca la demanda general de combustibles fósiles y plásticos.
Las energías renovables ya están demostrando cómo pueden ser la verdadera seguridad energética. No se puede bloquear el sol ni sancionar el viento. Los países que han impulsado la energía solar, eólica y el almacenamiento de energía son menos vulnerables a las fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles que aquellos que aún dependen en gran medida del petróleo y el gas fósil importados. Los sistemas renovables descentralizados y de propiedad democrática son más difíciles de sabotear y tienen mayor capacidad para mantener en funcionamiento hogares, escuelas y hospitales durante las crisis.
Desde la guerra contra Irán hasta la guerra en Ucrania, esta crisis sigue demostrando lo mismo: una economía basada en combustibles fósiles genera guerras y fluctuaciones de precios basadas en combustibles fósiles. Podemos seguir con esta estrategia bélica basada en combustibles fósiles, o abandonarla y construir sistemas energéticos que prioricen a las personas, la paz y el planeta por encima del beneficio empresarial. Y podamos celebrar que vivimos mejor y no que quiénes nos matan, se embolsan más de 19.000 millones de beneficios extra.
Dimitris Ibrahim es activista climático y energético de Greenpeace Internacional, con sede en Atenas. Mehdi Leman es editor de contenidos de Greenpeace Internacional, con sede en Francia. Texto traducido y editado por Francisco del Pozo, Responsable de gas fósil en Greenpeace España.
Manual de comunicación de Repsol (y del resto de empresas de combustibles fósiles) en caso de guerra
El manual que parecen tener Josu Jon Imaz y otros directivos de las grandes petroleras en sus despachos tiene un mensaje central que repiten hasta la saciedad: los combustibles fósiles son esenciales. En torno a esta idea, la industria repite una serie de movimientos cada vez que un conflicto afecta a una importante región productora.
En primer lugar, las empresas de combustibles fósiles y los políticos que las apoyan amplifican el miedo y la escasez, ignorando su papel central en el problema y presentándose como la solución. Se insta a los gobiernos europeos y asiáticos a prepararse para la escasez y los apagones. Esto crea la sensación de que no hay alternativa a más perforaciones, más gas fósil, -lo que se conoce malamente como gas natural licuado (GNL)-; y más dinero público para la infraestructura de combustibles fósiles. Y eso es precisamente lo que buscan los gigantes del petróleo y el gas fósil: todas sus «soluciones» consisten en redoblar la apuesta por los combustibles fósiles que nos llevaron a la crisis, profundizando la dependencia y asegurándose de poder seguir lucrándose con las crisis durante las próximas décadas. Sus tácticas son egoístas y siguen un patrón constante: proteger y maximizar las ganancias, afianzar la dependencia y trasladar los costos a la ciudadanía.
En segundo lugar, la industria se declara indispensable. Durante la crisis del gas fósil que siguió a la invasión rusa de Ucrania, los exportadores estadounidenses de GNL se presentaron como los salvadores del «gas de la libertad» para Europa. Literalmente, pocas horas después de la invasión rusa de Ucrania, se impusieron con un papel fundamental en el apoyo a los aliados europeos, garantizándoles un suministro estable de energía fiable y asequible. Hoy, mientras las perturbaciones de la guerra con Irán afectan a las rutas marítimas, las mismas empresas se posicionan de nuevo como la solución, prometiendo proporcionar energía abundante y fiable si los gobiernos aprueban nuevas terminales de exportación, oleoductos y contratos a largo plazo. No nos engañemos: se trata de tácticas egoístas diseñadas para proteger y maximizar sus beneficios, y profundizar la dependencia de los combustibles fósiles mientras la población sufre las consecuencias.
En tercer lugar, normalizan las fluctuaciones de precios y externalizan la culpa. Las grandes petroleras y gasísticas presentan el alza vertiginosa de los precios como un resultado desafortunado pero inevitable de la guerra, las sanciones o las normativas medioambientales, en lugar de reconocerlo como consecuencia de un sistema que concentra el control de combustibles esenciales en manos de unos pocos países y corporaciones. Los bancos centrales y los analistas de mercado hablan de inflación y de la incertidumbre del mercado, mientras que los directivos de las empresas de combustibles fósiles se embolsan discretamente beneficios extraordinarios y aumentan los dividendos para los accionistas,como los anunciados hoy.
Finalmente, exigen expansión. En Europa, Asia y otras regiones, los grupos de presión de la industria aprovechan el impacto energético de la guerra de Irán para impulsar la construcción acelerada de terminales de GNL, asegurar nuevos yacimientos de gas y debilitar las salvaguardias ambientales y sociales que, según afirman, “lo impiden”. Todo esto consolida más décadas de dependencia de los combustibles fósiles en nuestras economías, lo que beneficia directamente a la industria de combustibles fósiles. Se ignora a los científicos y a las comunidades afectadas que advierten que cada nuevo proyecto agrava el colapso climático y aumenta la exposición a futuras guerras.
Esto no se trata sólo de política energética. Se trata de poder y ganancias. Cada vez que los gobiernos siguen la estrategia de la guerra por combustibles fósiles, refuerzan un sistema extractivo que enriquece a unos pocos, tratando a la naturaleza como un recurso que se puede quemar y a la vida humana como un costo desechable.