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Campesinos sin alternativa al cultivo de coca

COLOMBIA - Imposibilitados de comercializar sus productos alimenticios, agricultores siembran coca para sobrevivir

•elmercuriodigital ▫ Orsetta Bellani.- El Catatumbo es un rincón de Colombia perteneciente al departamento Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, utilizado como corredor por el narcotráfico internacional y donde la violencia de los paramilitares entre 1999 y 2004 cobró la vida de unas 11,000 personas.

En junio del 2013 unos 20,000 cocaleros bloquearon las carreteras durante 53 días, y los choques con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) causaron la muerte de cuatro campesinos. Los agricultores demandaban al gobierno que financiara soluciones alternativas a la siembra de la coca, una sustitución concertada de las matas y la creación de una Zona de Reserva Campesina, figura jurídica que garantiza importantes derechos a los agricultores, como la formalización de la propiedad de la tierra.

Foto: Orsetta Bellani
Para los campesinos del Catatumbo cultivar coca es una elección obligatoria. Hasta fines de la década de 1980 muchos sembraban alimentos, pero luego la distancia de las ciudades hizo imposible comercializar sus productos. El pésimo estado de las carreteras hacía que el transporte hasta los mercados costara más que la ganancia esperada de su venta.

El Estado nunca les ofreció otra opción que cultivar coca, cuyos compradores —los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— llegaban hasta la puerta de las fincas.

La situación de los campesinos catatumbenses empeoró con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con Canadá (2011) y EEUU (2012), países que subsidian su sector agrícola permitiendo vender sus productos en el mercado colombiano a un precio inferior que los locales. De hecho, la caída del precio de las hortalizas coincide con el aumento de los cultivos de coca en el Catatumbo.

Acuerdos incumplidos
Según el Monitoreo de Cultivos de Coca 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), dado a conocer el pasado 26 de junio, Colombia tiene 48,000 Ha sembradas con coca, la misma cantidad que en el 2012. En algunas regiones su cultivo ha bajado y en algunas otras hubo un incremento, como es el caso del Catatumbo, donde el aumento fue de 41.6%. De acuerdo con la UNODC, el área productiva estimada en la región es de 5,604 Ha y la producción promedio de hoja de coca fresca, que en el 2009 era de 13.8 TM, en el 2013 subió a 30.8 TM.

A causa del incumplimiento, por parte del gobierno, de los acuerdos tomados con la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) después de la movilización de junio del 2013, los cocaleros de la región decidieron sumarse al paro agrario que en mayo pasado fue convocado en todo el territorio nacional.

“El 9 de mayo se realizó una nueva movilización masiva para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno”, relata a Noticias Aliadas Leonardo Rojas Díaz, representante de ASCAMCAT en la mesa de interlocución con el gobierno. “Logramos presionarlo para que se abriera un espacio nacional que permita avanzar en la discusión de la problemática campesina”.

Los campesinos cocaleros no sólo son los que perciben la menor ganancia en la cadena desde la producción hasta la venta al menudeo de la cocaína, sino pueden también ser encarcelados por la ley 30 de 1986 —que tipifica como delito la siembra de los cultivos de uso ilícito—, y están expuestos a las consecuencias de las aspersiones aéreas con el glifosato Roundup Ultra, un herbicida producido por Monsanto que se utiliza para acabar con las matas de coca. La fumigación está prevista por el Plan Colombia, el acuerdo bilateral con EEUU para la lucha contra el narcotráfico vigente desde el 2000.

Colombia es el único país en el mundo que fumiga los cultivos de usos ilícitos en una superficie que anualmente comprende más de 100,000 Ha. La práctica persiste a pesar de que una sentencia del Consejo de Estado del 11 de diciembre del 2013 establece que las aspersiones violan el principio de precaución que prevé la suspensión de las actividades humanas cuyos riesgos están probados.

“Hace 14 años fumigaron mi terreno con los aviones, después de la tercera vez que pasaron dejé de sembrar coca”, cuenta a Noticias Aliadas Romaira G., campesina cocalera del Catatumbo. “Una se siente mal después de la fumigación, me picaba todo el cuerpo”.

Atacar la oferta pero no la demanda
Los problemas dermatológicos causados por las aspersiones han sido demostrados en una investigación realizada en el 2012 por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, en Bogotá, estudio que estuvo a cargo de los catedráticos Daniel Mejía Londoño, director del CESED, y Adriana Camacho. El estudio revela también que en las zonas de aspersión hay una mayor tasa de abortos, mientras que otros trabajos encontraron efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la confianza en las instituciones de las personas que tienen fumigaciones en sus municipios.

Otra estrategia utilizada para acabar con los cultivos de coca es su erradicación manual, que en el 2012 se realizó en más de 30,000 Ha.

“La erradicación manual tiene un alto costo, muchos erradicadores murieron por las minas antipersona sembradas por las FARC o por los paramilitares”, denuncia Mejía Londoño a Noticias Aliadas. “Incluso si fuera una estrategia eficiente, no veo por qué deban de morir tantos colombianos para que llegue menos cocaína a los EEUU y a Europa. Están transfiriendo todo el costo a los países productores”.

El 16 de mayo pasado, el presidente Juan Manuel Santos y las FARC anunciaron la firma, en el marco de las conversaciones de paz, de un acuerdo sobre los cultivos de uso ilícito, que será efectivo sólo si se llega a un consenso sobre los demás puntos en agenda.

“En las elecciones presidenciales del 25 de mayo Santos fue elegido porque está en un proceso de paz, por ello los sectores demócratas lo apoyaron”, explica Rojas Díaz. “Santos es el representante de la derecha tradicional colombiana, lo trágico de este momento es que era preferible él al candidato uribista Óscar Iván Zuluaga. Mi única esperanza es que el pueblo colombiano tenga la capacidad de presionar para que concluya de forma coherente este proceso de paz”. —Noticias Aliadas.

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