EL MERCURIO DIGITAL
En Colombia, 249,023 personas mayores se encuentran en situación de desplazamiento. De ellas, el 51,2% son hombres mientras que el 48,8% restante son mujeres.
· La depresión, los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático, las patologías psicosomáticas, enfermedades respiratorias o cardiovasculares, entre otras afecciones, son frecuentes en las personas mayores que han sido desplazadas.
· Al no existir en el país un enfoque diferencial en la atención a las personas mayores de 60 años, ellas se ven enfrentadas a diferentes obstáculos que en muchos casos impiden que puedan acceder fácil y adecuadamente a los auxilios que el Estado ofrece a estas personas.
· La conmemoración del Día Mundial de las Personas Mayores, es una oportunidad para reflexionar acerca de esta problemática invisible en la población mayor de 60 años, la cual vulnera gran parte de sus derechos como a la vida, a la salud, a tener una familia, entre otros.
Bogotá, D.C. 01 de octubre de 2012. El desplazamiento forzado es una problemática que por más de dos décadas ha generado desigualdad y muchos otros impactos negativos en distintos sectores de la población colombiana, siendo el de las personas mayores uno de los grupos más vulnerables, por sus condiciones especiales. De acuerdo con las proyecciones del Dane, este grupo de la población representa el 10,3% del total de colombianos.
En el país no existen cifras que identifiquen con exactitud el número de colombianos en situación de desplazamiento, como tampoco datos que den cuenta de la realidad de la población mayor de 60 años en esta situación. No obstante, algunas instituciones han trabajado en la recolección de información que permita tener un mejor panorama de esta problemática.
De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través de la Red Nacional de Información, hay 249,023 personas mayores que se encuentran en situación de desplazamiento en el país. De ellas, el 51,2% son hombres mientras que el 48,8% restante son mujeres. Este reporte lo entrega la entidad como un acumulado a septiembre de 2012.
Los departamentos en los que se reporta los índices más altos de desplazamiento de personas mayores son: Antioquia (20,6%); Bolívar (9,1%); Magdalena (6,4%) y Cesar (5,4%). (Ver anexo N°1. Cifras por Departamento).
Lina María González, médica psiquiatra con trabajo en adulto mayor y consultora del tema para la Fundación Saldarriaga Concha, manifiesta que las personas mayores que se enfrentan al desplazamiento “se encuentran en una mayor vulnerabilidad asociada, entre otras, a situaciones propias de la salud, a la dependencia, al abandono previo y a la soledad”.
González agrega que en procesos como el desplazamiento, “las personas mayores son ‘dejadas atrás’, son ignoradas por sus propios familiares y por sus propias redes de apoyo, incluyendo las gubernamentales, debido a la percepción de no dar prioridad a una persona que ‘está finalizando su curso vital’”.
“Soy una campesinita que vine a esta ciudad, a buscar, encontrar alivio y trabajo pero nada, nada puedo yo trabajar. Capullito de Azucena quién fue que a ti te mandó, a que buscaras a esta viuda que el pueblo la abandonó. No la dejes capullito, no la vayas a olvidar, mira que nosotros los campesinos siempre te vamos a buscar”. Este es un verso de María Olga Ponce, una mujer de 68 años que desde hace 7 vive en la ciudad de Cali en situación de desplazamiento.
María Olga Ponce hace parte de ese grupo de personas mayores que viven en situación de desplazamiento. A sus 68 años, esta nariñense, amante de la música y la lírica, tal como lo demuestran sus versos, vive en el Distrito de Agua Blanca en Cali, alejada de su hogar, de sus pertenencias, de sus amigos y sobre todo de sus sueños, aquellos que aún recuerda y que la remontan a las épocas de abundancia y tranquilidad.
El apoyo jurídico y psicosocial que como María Olga han recibido alrededor de 355 personas mayores por parte de la Fundación Paz y Bien y de la organización HelpAge durante dos años en esta zona del país, ha permitido que estas personas conozcan sus derechos, los exijan y avancen hacia el restablecimiento de los mismos.
No obstante, María Olga manifiesta que la calidad de vida que también enfrentan muchos de sus vecinos es deplorable, pues según Ponce “ninguno tiene cómo sobrevivir”. “Me da mucha tristeza cada vez que algún familiar o yo sentimos hambre; inmediatamente recuerdo la abundancia que había en mi casa en Nariño, no nos faltaba nada; ahora pasan los días y sigo recordando, aquí no tenemos oportunidades y por ende no podemos conseguir dinero ni nada y así sobrevivir es muy difícil”, afirma María Olga.
El camino hacia el olvido
El desplazamiento forzado hace que las personas mayores se alejen del entorno que por décadas les ha pertenecido, obligándolas a trasladarse hacia ciudades y cabeceras municipales. Esto les genera grandes perjuicios emocionales, sociales y económicos. Un adulto que se desplaza proviniendo de áreas rurales se enfrenta a un entorno completamente desconocido. Su educación, sus habilidades y sus relaciones no les permiten una fácil inclusión.
La abogada Fanny Torres, responsable del Proyecto de la Fundación Paz y Bien y de la organización HelpAge en Cali, asegura que los resultados de esta iniciativa le han permitido identificar “que tener que vivir en ciudades grandes obliga a las personas mayores que llegan por desplazamiento a enfrentarse a circunstancias que sobrepasan su capacidad. Ellas no conocen las rutas para exigir sus derechos, no saben cómo acceder a los auxilios de Ley, tienen que vivir en zonas de invasión bajo delicados niveles de hacinamiento, son vulnerables a las enfermedades y muchas veces deben vender en esquinas o semáforos dulces, frutas, bolsas, entre otras actividades que no les permite sobrevivir”.
De igual manera, Lina María González hace énfasis en que la mayoría de la población desplazada habita en zonas rurales y se ve obligada a adaptarse a la vida urbana en donde sufren actos discriminatorios y de aislamiento.
“El desplazamiento en sí se da frente a la amenaza de grupos armados y/o de situaciones de violencia, lo que genera la huída pronta ante un riesgo vital, convirtiéndose en un objetivo para los demás grupos, por lo que se buscan elementos de seguridad a través de acciones como la movilización anónima que en muchas ocasiones limita el acceso a servicios de apoyo”.
Por otra parte, para poder acceder a los auxilios que el Estado ofrece a las personas en situación de desplazamiento, ellas deben acercarse a las unidades de atención a víctimas que operan en las diferentes personerías, defensorías o demás entidades de las ciudades y municipios y dar su correspondiente declaración. Sin embargo, al no existir en el país un enfoque diferencial en la atención a la población mayor de 60 años, ellas se ven enfrentadas a diferentes obstáculos que muchas veces impiden que puedan acceder a estos auxilios.
María Alejandra Torres, coordinadora de Programa de Emergencias de HelpAge Internacional valida lo anterior al afirmar que “las personas mayores en estas unidades son atendidas como cualquier persona, no hay enfoque diferencial, entonces muchas veces deben realizar filas desde tempranas horas del día para tomar un puesto, expuestas al sol, al frío, a condiciones difíciles sin mencionar que los funcionarios no están capacitados para atender a esta población, no saben cómo abordarlos y entonces la comunicación se torna difícil generando así varios inconvenientes”.
La Abogada Fanny Torres agrega que por ejemplo en el caso de Cali y algunas otras ciudades solo hay una persona que toma las declaraciones. “El formulario para la inscripción del Registro Único de Población Desplazada (RUPD) o en el Registro Único de Víctimas (RUV) es muy estricto, hoy por hoy se pueden tardar hasta dos horas tomando la declaración de estas personas lo que hace en el día se atiendan solo a 4 ó 5 personas máximo. Esta situación es difícil porque mientras las personas no declaren no reciben atención”, sostiene Torres.
La huella del desplazamiento impresa en la población mayor
De acuerdo con los especialistas, las personas mayores son el grupo de la población que más se resiste al desplazamiento, pues ellas presentan un importante arraigo a sus lugares, a su cotidianidad y a sus proyectos de vida, por lo cual es difícil que abandonen lo que es suyo. Es por ello que muchas personas toman la decisión de quedarse en sus tierras protegiendo sus predios o a cargo de sus nietos y únicamente se desplazan cuando la situación llega a ser insostenible, siendo de esta manera vulnerables a diversos factores de riesgo psicosocial.
Las situaciones presentadas por el desplazamiento pueden generar en las personas mayores enfermedades de tipo mental, así lo afirma la médica psiquiatra Lina González. “En estos casos, la depresión, los trastornos de ansiedad, con una alta frecuencia el trastorno de estrés postraumático, las patologías psicosomáticas, entre otras, son el resultado del propio proceso de desplazamiento”.
Pero el desplazamiento forzado no solo puede originar enfermedades de tipo mental. En general la salud de las personas mayores puede llegar a verse disminuida drásticamente por esta problemática. “En esta población puede encontrarse un índice más alto de presencia de enfermedades crónicas no transmisibles como las respiratorias o cardiovasculares que no son atendidas adecuadamente”, afirma González.
El Estado y su misión por garantizar los derechos de las personas mayores
Lucas Prado es un hombre de 66 años que desde hace más de cinco vive junto a su familia en la ciudad de Cali en situación de desplazamiento. Él, a diferencia de muchas otras personas en esa condición, ha podido recibir algunas capacitaciones por parte de organizaciones e instituciones públicas y privadas, las cuales le han permitido, entre otras cosas, conocer y tener claro sus derechos así cómo exigir su pleno cumplimiento.
“El Estado debe reconocernos y garantizarnos el derecho a la vida, a que haya paz en el país para que podamos vivir tranquilamente en él”, afirma Lucas, quien agrega que en el caso de las personas mayores el goce pleno de los derechos se da en la medida en que “uno pueda acceder a la educación, a la salud, al trabajo, al poder vivir dignamente, pero al parecer para la población como la nuestra, que se encuentra desplazada, esto es algo que no se ve en el panorama”.
Amanda Valdés, profesional especializada en Envejecimiento y Vejez del Ministerio de Salud y Protección Social, considera que “frente al tema de atención a la población desplazada en general, el país ha avanzado de manera importante a raíz de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional y sus Autos posteriores que, si bien no especifican a la población mayor, sí abordan la problemática de fondo”.
Valdés agrega que pensando en los derechos de las personas mayores es que el Ministerio, en compañía de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) elaboró la ‘Directriz de Enfoque Diferencial para el goce efectivo de derechos de las personas mayores en situación de desplazamiento forzado en Colombia’, con el propósito de concretar un instrumento que apueste y asuma la atención y protección de la población mayor que está en riesgo o situación de desplazamiento.
“El Ministerio piensa desarrollar un proceso de sensibilización con los diferentes entes territoriales para dar a conocer la Directriz y que así ellos puedan tomar consciencia sobre la importancia de reconocer a las personas mayores en situación de desplazamiento como víctimas que merecen prioridad en la atención y restablecimiento de derechos”.
Si bien, Lina María González reconoce y da valor a esta Directriz, la especialista considera que en el país aún se requieren muchos más esfuerzos para lograr una adecuada inclusión, atención y manejo de esta población.
“Es claro que se han dado más estrategias que buscan incluir de manera prioritaria a este grupo, pero aún no se ha logrado el goce efectivo de sus derechos. Esto se ve reflejado en las diferentes regiones, en los diversos municipios y en algunos sectores donde hay una clara vulneración de derechos en torno al acceso de servicios y recursos, entre otros, por parte de la población desplazada adulta mayor”, afirma González.
Finalmente, la especialista reflexiona acerca de que el Estado tiene la voluntad pero no el camino claro para la restauración integral de los derechos de las personas mayores en situación de desplazamiento. Es por ello, que es necesario poner en marcha un trabajo masivo que dé herramientas puntuales y proyectos claros que permitan el goce efectivo de los mismos.
“Un ejemplo de ello sería crear estrategias preventivas para esta población, acceso temprano a los servicios de salud, claridad frente a rutas de denuncia y atención, protección de los bienes, participación de los adultos mayores en la toma de decisiones comunes, inclusión eficaz en la distribución de ayuda, entre otros”, sostiene la médica psiquiatra, Lina María González.
El retorno, ¿una opción lejana?
Tanto Olga María como Lucas Prado aún conservan dentro de sus esperanzas la posibilidad de regresar algún día a sus hogares, aquellos que tuvieron que dejar a causa del conflicto. Sin embargo, el miedo por desconocer lo que allí puedan llegar a encontrar los hace reconsiderar esa posibilidad una y otra vez.
Para Amanda Valdés, el que las personas mayores regresen a sus hogares es una posibilidad que hoy en día va de la mano con la Política de Retorno del Gobierno Nacional con la que se pretende que estas personas puedan volver. Sin embargo, “retornar no es tan fácil porque depende de las condiciones en las que se encuentre el sitio de donde se desplazaron, no siempre pueden llegar al mismo lugar”, sostiene la profesional especializada en Envejecimiento y Vejez.
Valdés agrega que “la Ley de Víctimas tiene todo un esquema de retorno para el otorgamiento de tierras a adultos y personas mayores que perdieron sus propiedades a causa del conflicto o por situaciones de violencia. Ya ha habido experiencias que demuestran que esto es posible, pero solo resta que cada una de estas personas se registre ante la Unidad de Atención y Reparación de las Víctimas, para poder así adelantar este proceso de restablecimiento”.
Frente a este contexto, Lina María González reflexiona acerca de que recuperar lo perdido es viable en cualquier población, pero esta se da en tanto sea posible el acceso a los mecanismos adecuados y a los medios indicados para la misma, más allá de contar o no con el territorio para volver.
“Los procesos de reestructuración y adecuado afrontamiento tanto individual, como familiar y social frente a las situaciones de desplazamiento, requieren en primer lugar y de manera ideal de la adquisición previa de herramientas, de la capacidad resiliente, así como de la generación de diversos recursos psicosociales y opciones de afrontamiento desde el Estado, desde la sociedad civil, desde las redes de apoyo, desde las mismas personas que garanticen un adecuado proceso de recuperación”.
La especialista enfatiza que hoy en día la perspectiva va dirigida al retorno a los hogares, a los lugares de donde se fue desplazado y son las personas mayores quienes por su importante arraigo se convierten en piezas claves para que esto se logre dar de una manera más adecuada. “Ellos se convierten en los artífices, en muchas ocasiones de la reestructuración del tejido social al ser sujetos centrales para las familias y para las sociedades desplazadas al convertirse en los legados de herencia de ellas”, dice González.
Sobre la Fundación Saldarriaga Concha. Creada en 1973, la Fundación Saldarriaga Concha como entidad de cooperación nacional, invierte recursos, aporta conocimientos y asesoría técnica a iniciativas y proyectos que mejoren las condiciones de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad y las personas mayores en Colombia en educación, empleo y productividad, fortalecimiento organizacional y comunitario, entre otras. Para ello, realiza alianzas con organizaciones públicas y privadas del orden nacional e internacional.
http://www.saldarriagaconcha.org/
En Colombia, 249,023 personas mayores se encuentran en situación de desplazamiento. De ellas, el 51,2% son hombres mientras que el 48,8% restante son mujeres.
· La depresión, los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático, las patologías psicosomáticas, enfermedades respiratorias o cardiovasculares, entre otras afecciones, son frecuentes en las personas mayores que han sido desplazadas.
· Al no existir en el país un enfoque diferencial en la atención a las personas mayores de 60 años, ellas se ven enfrentadas a diferentes obstáculos que en muchos casos impiden que puedan acceder fácil y adecuadamente a los auxilios que el Estado ofrece a estas personas.
· La conmemoración del Día Mundial de las Personas Mayores, es una oportunidad para reflexionar acerca de esta problemática invisible en la población mayor de 60 años, la cual vulnera gran parte de sus derechos como a la vida, a la salud, a tener una familia, entre otros.
Bogotá, D.C. 01 de octubre de 2012. El desplazamiento forzado es una problemática que por más de dos décadas ha generado desigualdad y muchos otros impactos negativos en distintos sectores de la población colombiana, siendo el de las personas mayores uno de los grupos más vulnerables, por sus condiciones especiales. De acuerdo con las proyecciones del Dane, este grupo de la población representa el 10,3% del total de colombianos.
En el país no existen cifras que identifiquen con exactitud el número de colombianos en situación de desplazamiento, como tampoco datos que den cuenta de la realidad de la población mayor de 60 años en esta situación. No obstante, algunas instituciones han trabajado en la recolección de información que permita tener un mejor panorama de esta problemática.
De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través de la Red Nacional de Información, hay 249,023 personas mayores que se encuentran en situación de desplazamiento en el país. De ellas, el 51,2% son hombres mientras que el 48,8% restante son mujeres. Este reporte lo entrega la entidad como un acumulado a septiembre de 2012.
Los departamentos en los que se reporta los índices más altos de desplazamiento de personas mayores son: Antioquia (20,6%); Bolívar (9,1%); Magdalena (6,4%) y Cesar (5,4%). (Ver anexo N°1. Cifras por Departamento).
Lina María González, médica psiquiatra con trabajo en adulto mayor y consultora del tema para la Fundación Saldarriaga Concha, manifiesta que las personas mayores que se enfrentan al desplazamiento “se encuentran en una mayor vulnerabilidad asociada, entre otras, a situaciones propias de la salud, a la dependencia, al abandono previo y a la soledad”.
González agrega que en procesos como el desplazamiento, “las personas mayores son ‘dejadas atrás’, son ignoradas por sus propios familiares y por sus propias redes de apoyo, incluyendo las gubernamentales, debido a la percepción de no dar prioridad a una persona que ‘está finalizando su curso vital’”.
“Soy una campesinita que vine a esta ciudad, a buscar, encontrar alivio y trabajo pero nada, nada puedo yo trabajar. Capullito de Azucena quién fue que a ti te mandó, a que buscaras a esta viuda que el pueblo la abandonó. No la dejes capullito, no la vayas a olvidar, mira que nosotros los campesinos siempre te vamos a buscar”. Este es un verso de María Olga Ponce, una mujer de 68 años que desde hace 7 vive en la ciudad de Cali en situación de desplazamiento.
María Olga Ponce hace parte de ese grupo de personas mayores que viven en situación de desplazamiento. A sus 68 años, esta nariñense, amante de la música y la lírica, tal como lo demuestran sus versos, vive en el Distrito de Agua Blanca en Cali, alejada de su hogar, de sus pertenencias, de sus amigos y sobre todo de sus sueños, aquellos que aún recuerda y que la remontan a las épocas de abundancia y tranquilidad.
El apoyo jurídico y psicosocial que como María Olga han recibido alrededor de 355 personas mayores por parte de la Fundación Paz y Bien y de la organización HelpAge durante dos años en esta zona del país, ha permitido que estas personas conozcan sus derechos, los exijan y avancen hacia el restablecimiento de los mismos.
No obstante, María Olga manifiesta que la calidad de vida que también enfrentan muchos de sus vecinos es deplorable, pues según Ponce “ninguno tiene cómo sobrevivir”. “Me da mucha tristeza cada vez que algún familiar o yo sentimos hambre; inmediatamente recuerdo la abundancia que había en mi casa en Nariño, no nos faltaba nada; ahora pasan los días y sigo recordando, aquí no tenemos oportunidades y por ende no podemos conseguir dinero ni nada y así sobrevivir es muy difícil”, afirma María Olga.
El camino hacia el olvido
El desplazamiento forzado hace que las personas mayores se alejen del entorno que por décadas les ha pertenecido, obligándolas a trasladarse hacia ciudades y cabeceras municipales. Esto les genera grandes perjuicios emocionales, sociales y económicos. Un adulto que se desplaza proviniendo de áreas rurales se enfrenta a un entorno completamente desconocido. Su educación, sus habilidades y sus relaciones no les permiten una fácil inclusión.
La abogada Fanny Torres, responsable del Proyecto de la Fundación Paz y Bien y de la organización HelpAge en Cali, asegura que los resultados de esta iniciativa le han permitido identificar “que tener que vivir en ciudades grandes obliga a las personas mayores que llegan por desplazamiento a enfrentarse a circunstancias que sobrepasan su capacidad. Ellas no conocen las rutas para exigir sus derechos, no saben cómo acceder a los auxilios de Ley, tienen que vivir en zonas de invasión bajo delicados niveles de hacinamiento, son vulnerables a las enfermedades y muchas veces deben vender en esquinas o semáforos dulces, frutas, bolsas, entre otras actividades que no les permite sobrevivir”.
De igual manera, Lina María González hace énfasis en que la mayoría de la población desplazada habita en zonas rurales y se ve obligada a adaptarse a la vida urbana en donde sufren actos discriminatorios y de aislamiento.
“El desplazamiento en sí se da frente a la amenaza de grupos armados y/o de situaciones de violencia, lo que genera la huída pronta ante un riesgo vital, convirtiéndose en un objetivo para los demás grupos, por lo que se buscan elementos de seguridad a través de acciones como la movilización anónima que en muchas ocasiones limita el acceso a servicios de apoyo”.
Por otra parte, para poder acceder a los auxilios que el Estado ofrece a las personas en situación de desplazamiento, ellas deben acercarse a las unidades de atención a víctimas que operan en las diferentes personerías, defensorías o demás entidades de las ciudades y municipios y dar su correspondiente declaración. Sin embargo, al no existir en el país un enfoque diferencial en la atención a la población mayor de 60 años, ellas se ven enfrentadas a diferentes obstáculos que muchas veces impiden que puedan acceder a estos auxilios.
María Alejandra Torres, coordinadora de Programa de Emergencias de HelpAge Internacional valida lo anterior al afirmar que “las personas mayores en estas unidades son atendidas como cualquier persona, no hay enfoque diferencial, entonces muchas veces deben realizar filas desde tempranas horas del día para tomar un puesto, expuestas al sol, al frío, a condiciones difíciles sin mencionar que los funcionarios no están capacitados para atender a esta población, no saben cómo abordarlos y entonces la comunicación se torna difícil generando así varios inconvenientes”.
La Abogada Fanny Torres agrega que por ejemplo en el caso de Cali y algunas otras ciudades solo hay una persona que toma las declaraciones. “El formulario para la inscripción del Registro Único de Población Desplazada (RUPD) o en el Registro Único de Víctimas (RUV) es muy estricto, hoy por hoy se pueden tardar hasta dos horas tomando la declaración de estas personas lo que hace en el día se atiendan solo a 4 ó 5 personas máximo. Esta situación es difícil porque mientras las personas no declaren no reciben atención”, sostiene Torres.
La huella del desplazamiento impresa en la población mayor
De acuerdo con los especialistas, las personas mayores son el grupo de la población que más se resiste al desplazamiento, pues ellas presentan un importante arraigo a sus lugares, a su cotidianidad y a sus proyectos de vida, por lo cual es difícil que abandonen lo que es suyo. Es por ello que muchas personas toman la decisión de quedarse en sus tierras protegiendo sus predios o a cargo de sus nietos y únicamente se desplazan cuando la situación llega a ser insostenible, siendo de esta manera vulnerables a diversos factores de riesgo psicosocial.
Las situaciones presentadas por el desplazamiento pueden generar en las personas mayores enfermedades de tipo mental, así lo afirma la médica psiquiatra Lina González. “En estos casos, la depresión, los trastornos de ansiedad, con una alta frecuencia el trastorno de estrés postraumático, las patologías psicosomáticas, entre otras, son el resultado del propio proceso de desplazamiento”.
Pero el desplazamiento forzado no solo puede originar enfermedades de tipo mental. En general la salud de las personas mayores puede llegar a verse disminuida drásticamente por esta problemática. “En esta población puede encontrarse un índice más alto de presencia de enfermedades crónicas no transmisibles como las respiratorias o cardiovasculares que no son atendidas adecuadamente”, afirma González.
El Estado y su misión por garantizar los derechos de las personas mayores
Lucas Prado es un hombre de 66 años que desde hace más de cinco vive junto a su familia en la ciudad de Cali en situación de desplazamiento. Él, a diferencia de muchas otras personas en esa condición, ha podido recibir algunas capacitaciones por parte de organizaciones e instituciones públicas y privadas, las cuales le han permitido, entre otras cosas, conocer y tener claro sus derechos así cómo exigir su pleno cumplimiento.
“El Estado debe reconocernos y garantizarnos el derecho a la vida, a que haya paz en el país para que podamos vivir tranquilamente en él”, afirma Lucas, quien agrega que en el caso de las personas mayores el goce pleno de los derechos se da en la medida en que “uno pueda acceder a la educación, a la salud, al trabajo, al poder vivir dignamente, pero al parecer para la población como la nuestra, que se encuentra desplazada, esto es algo que no se ve en el panorama”.
Amanda Valdés, profesional especializada en Envejecimiento y Vejez del Ministerio de Salud y Protección Social, considera que “frente al tema de atención a la población desplazada en general, el país ha avanzado de manera importante a raíz de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional y sus Autos posteriores que, si bien no especifican a la población mayor, sí abordan la problemática de fondo”.
Valdés agrega que pensando en los derechos de las personas mayores es que el Ministerio, en compañía de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) elaboró la ‘Directriz de Enfoque Diferencial para el goce efectivo de derechos de las personas mayores en situación de desplazamiento forzado en Colombia’, con el propósito de concretar un instrumento que apueste y asuma la atención y protección de la población mayor que está en riesgo o situación de desplazamiento.
“El Ministerio piensa desarrollar un proceso de sensibilización con los diferentes entes territoriales para dar a conocer la Directriz y que así ellos puedan tomar consciencia sobre la importancia de reconocer a las personas mayores en situación de desplazamiento como víctimas que merecen prioridad en la atención y restablecimiento de derechos”.
Si bien, Lina María González reconoce y da valor a esta Directriz, la especialista considera que en el país aún se requieren muchos más esfuerzos para lograr una adecuada inclusión, atención y manejo de esta población.
“Es claro que se han dado más estrategias que buscan incluir de manera prioritaria a este grupo, pero aún no se ha logrado el goce efectivo de sus derechos. Esto se ve reflejado en las diferentes regiones, en los diversos municipios y en algunos sectores donde hay una clara vulneración de derechos en torno al acceso de servicios y recursos, entre otros, por parte de la población desplazada adulta mayor”, afirma González.
Finalmente, la especialista reflexiona acerca de que el Estado tiene la voluntad pero no el camino claro para la restauración integral de los derechos de las personas mayores en situación de desplazamiento. Es por ello, que es necesario poner en marcha un trabajo masivo que dé herramientas puntuales y proyectos claros que permitan el goce efectivo de los mismos.
“Un ejemplo de ello sería crear estrategias preventivas para esta población, acceso temprano a los servicios de salud, claridad frente a rutas de denuncia y atención, protección de los bienes, participación de los adultos mayores en la toma de decisiones comunes, inclusión eficaz en la distribución de ayuda, entre otros”, sostiene la médica psiquiatra, Lina María González.
El retorno, ¿una opción lejana?
Tanto Olga María como Lucas Prado aún conservan dentro de sus esperanzas la posibilidad de regresar algún día a sus hogares, aquellos que tuvieron que dejar a causa del conflicto. Sin embargo, el miedo por desconocer lo que allí puedan llegar a encontrar los hace reconsiderar esa posibilidad una y otra vez.
Para Amanda Valdés, el que las personas mayores regresen a sus hogares es una posibilidad que hoy en día va de la mano con la Política de Retorno del Gobierno Nacional con la que se pretende que estas personas puedan volver. Sin embargo, “retornar no es tan fácil porque depende de las condiciones en las que se encuentre el sitio de donde se desplazaron, no siempre pueden llegar al mismo lugar”, sostiene la profesional especializada en Envejecimiento y Vejez.
Valdés agrega que “la Ley de Víctimas tiene todo un esquema de retorno para el otorgamiento de tierras a adultos y personas mayores que perdieron sus propiedades a causa del conflicto o por situaciones de violencia. Ya ha habido experiencias que demuestran que esto es posible, pero solo resta que cada una de estas personas se registre ante la Unidad de Atención y Reparación de las Víctimas, para poder así adelantar este proceso de restablecimiento”.
Frente a este contexto, Lina María González reflexiona acerca de que recuperar lo perdido es viable en cualquier población, pero esta se da en tanto sea posible el acceso a los mecanismos adecuados y a los medios indicados para la misma, más allá de contar o no con el territorio para volver.
“Los procesos de reestructuración y adecuado afrontamiento tanto individual, como familiar y social frente a las situaciones de desplazamiento, requieren en primer lugar y de manera ideal de la adquisición previa de herramientas, de la capacidad resiliente, así como de la generación de diversos recursos psicosociales y opciones de afrontamiento desde el Estado, desde la sociedad civil, desde las redes de apoyo, desde las mismas personas que garanticen un adecuado proceso de recuperación”.
La especialista enfatiza que hoy en día la perspectiva va dirigida al retorno a los hogares, a los lugares de donde se fue desplazado y son las personas mayores quienes por su importante arraigo se convierten en piezas claves para que esto se logre dar de una manera más adecuada. “Ellos se convierten en los artífices, en muchas ocasiones de la reestructuración del tejido social al ser sujetos centrales para las familias y para las sociedades desplazadas al convertirse en los legados de herencia de ellas”, dice González.
Sobre la Fundación Saldarriaga Concha. Creada en 1973, la Fundación Saldarriaga Concha como entidad de cooperación nacional, invierte recursos, aporta conocimientos y asesoría técnica a iniciativas y proyectos que mejoren las condiciones de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad y las personas mayores en Colombia en educación, empleo y productividad, fortalecimiento organizacional y comunitario, entre otras. Para ello, realiza alianzas con organizaciones públicas y privadas del orden nacional e internacional.
http://www.saldarriagaconcha.org/
