CCOO califica de “absurdo e injustificado paso atrás” la reforma del Sistema Especial de Seguridad Social de las Empleadas de Hogar

EL MERCURIO DIGITAL -


El Gobierno ha decidido modificar la reciente regulación de Empleadas de Hogar pese al evidente éxito que ha cosechado el proceso de integración en el Régimen General derivado de la Ley 27/2011 pactada en su día con los sindicatos y aprobado por unanimidad en el Congreso, que ha conseguido en menos de un año incrementar en más de 114.000 (un tercio del empleo sumergido en el sector estimado por la Encuesta de Población Activa) el número de nuevas trabajadoras dadas de alta, lo que supone un incremento del 38,9%  y que éste sector de actividad haya sido el único en crecer en afiliados en un contexto en el que el conjunto de la Seguridad Social ha perdido a más de 700.000 trabajadores afiliados, cerca de 3 millones en lo que llevamos de crisis.

Para CCOO la reforma anunciada hoy tras el Consejo de Ministros anuncia una reforma de este régimen de integración que pretende transferir a las trabajadoras, en determinadas ocasiones, responsabilidades que realmente corresponden a sus empleadores.

Se argumenta que así se facilita que estos cumplan con la obligación de alta ignorando dos cuestiones:
-          Que en 11 meses hemos pasado de 212.000 empleadores declarados a más de 500.000.
-          Que permitir que las trabajadoras presenten la documentación en la Seguridad Social no exige que se transfiera la responsabilidad entre los empleadores y estas.
Aunque debemos esperar a estudiar con detalle el texto que finalmente se publique en el BOE, el anuncio hecho por el Ministerio de Empleo indica que la reforma supone, en algunos casos, la transferencia de responsabilidad del empleador hacia la trabajadora del deber de solicitar el alta y asumir el ingreso de las cotizaciones sociales en su totalidad, tanto las que corresponden a la trabajadora como las que corresponden al empleador.
Dicha transferencia de responsabilidad requiere de acuerdo previo entre las partes, por lo que no es obligatorio. Y, en todo caso, se mantiene siempre la responsabilidad subsidiaria del empleador, lo cual no deja de generar dudas sobre la inseguridad jurídica en la que podrían quedar tanto empleadores como trabajadoras en determinadas situaciones. Por lo que desde CCOO, instamos a los empleadores para que, en previsión de posibles situaciones de inseguridad jurídica, mantengan en todos los casos su responsabilidad de alta e ingresos de cotizaciones.
Igualmente, y aún con la prevención lógica que debemos tener hasta conocer el texto legal final, el Gobierno ha informado la reducción del número de tramos de cotización lo que supondrá en la práctica un incremento automático de costes derivados de dichas cotizaciones, centrados principalmente sobre los empleadores y las trabajadoras con menores salarios y jornadas de trabajo más pequeñas.
Este incremento de costes resulta especialmente significativo cuando se pone en relación con la transferencia de responsabilidad de los ingresos de las cuotas hacia las trabajadoras, quienes, salvo que se produzca una nueva modificación de la norma, no tienen establecidas la reducciones de cuotas que sí tienen los empleadores (-20% con carácter general, y -45% en los casos de familia numerosas).
Incremento insuficiente del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El Gobierno ha aprobado aumentar el SMI un 0,6% para 2013, lo que previsiblemente supondrá nuevas pérdidas de poder adquisitivo para los trabajadores que tienen este salario como referencia, como lo son la mayoría de las Empleadas de Hogar, que se suma a las que ya han soportado en 2012 (cuando el SMI se ha congelado y los precios han aumentado un 2,9% interanual en noviembre de 2012) y anteriormente en 2010 y 2011, años en los que el fuerte aumento del IPC unido al moderado incremento nominal del SMI, originaron una pérdida de su poder real.
Suspensión de la entrada en vigor de la jubilación anticipada de la Ley 27/2011.
En lo relativo al anuncio realizado sobre la suspensión de la entrada en vigor de las nuevas modalidades y requisitos de las fórmulas de jubilación anticipada a los 61 y los 63 años, hemos de resaltar la situación de inseguridad jurídica en la que quedan miles de trabajadores de edad avanzada que, a través de EREs u otras vías, han perdido su empleo en los últimos meses y, si se concretan cambios en la jubilación anticipada y parcial en los próximos meses, se generan situaciones de desprotección e inseguridad en muchos casos.
En este punto, debemos esperar a conocer el texto legal definitivamente publicado en el BOE para determinar el alcance final de la suspensión (plazos, modalidades afectadas, etc.) ya que la escasa información que ha dado públicamente el Gobierno sólo genera incertidumbre al respecto.
Desde CCOO debemos insistir de nuevo en que los distintos acuerdos alcanzados en las empresas en los últimos meses (despidos colectivos, EREs, etc.) tomados en base a un marco legal que posibilitaba la jubilación anticipada en determinadas condiciones y requisitos deben ser tenidas en cuenta en cualquier acción legislativa de futuro.
Finalmente, debemos volver a insistir en que modificar la reciente y profunda reforma pactada del Sistema de Pensiones, antes incluso o sin dejar que esta entre en vigor, es innecesario y no existe fundamento ni económico ni jurídico para ello. Si finalmente se concreta, nuestra reacción y valoración serán adecuadas y proporcionales a la intensidad de los cambios aprobados al margen del Diálogo Social y del Pacto de Toledo.