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El ciclo represivo de violaciones generalizadas de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad, que persiguen a los partidarios del ex presidente Laurent Gbagbo, está haciendo que la reconciliación en Costa de Marfil sea aún más difícil de alcanzar, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.
El ejército nacional, creado por el presidente Alassane Outtara para integrar a las fuerzas leales al ex presidente tras los incidentes violentos desencadenados después de las elecciones de 2010 que causaron la muerte de casi 3.000 personas, tenía por objeto garantizar “la seguridad de personas y propiedades sin distinción” y “ser un poderoso instrumento para la cohesión nacional”.
Pero la verdad que se esconde tras estas palabras es que este nuevo ejército nacional, junto con una milicia armada de cazadores tradicionales —los dozos—, está cometiendo ejecuciones extrajudiciales, homicidios deliberados y arbitrarios, detenciones por motivos políticos y torturas. So pretexto de garantizar la seguridad y combatir a los autores de ataques armados, sus miembros actúan con casi total impunidad.
“Costa de Marfil necesita romper el ciclo de abusos e impunidad. Ni un solo miembro del ejército nacional ni ningún otro seguidor del presidente Alassane Outtara ha respondido de sus actos, lo que representa un fracaso absoluto del Estado de derecho y menoscaba gravemente el proceso de reconciliación iniciado en julio de 2011”, ha declarado Gaëtan Mootoo, investigador sobre África Occidental de Amnistía Internacional.
En septiembre y octubre de 2012, una delegación de Amnistía Internacional visitó varios centros de detención de Costa de Marfil, dos de ellos no oficiales. La delegación escuchó testimonios de primera mano de personas detenidas, en su mayoría, por su afiliación política o pertenencia a una etnia, que permanecen recluidas durante meses sin acceso a sus familias, abogados o médicos.
Algunas familias sólo supieron dónde estaban sus familiares tras ser informadas por la delegación de Amnistía Internacional.
Detenidos y ex detenidos explicaron que les habían torturado con descargas eléctricas o plástico fundido para obtener confesiones sobre su presunta participación en ataques armados. Al menos dos detenidos murieron a consecuencia de la tortura.
La delegación de Amnistía Internacional pudo entrevistarse con todos los familiares y colaboradores de Laurent Gbagbo recluidos en cinco centros de detención del centro y el norte del país. Algunos de ellos han sido objeto de tratos inhumanos y degradantes.
Un hombre dijo a Amnistía Internacional que había estado encerrado 49 días junto con 27 personas más en una celda de cuatro metros cuadrados sin servicios higiénicos.
“Teníamos que hacer nuestras necesidades en bolsas. Sólo recibíamos una comida al día, a las 2 o 3 de la tarde. Y sólo nos daban un litro de agua cada 48 horas”.
Amnistía Internacional ha observado graves irregularidades en la investigación de los casos; las autoridades han hecho muy poco para garantizar la celebración de vistas con garantías y han menoscabado gravemente el derecho a la defensa.
El informe también documenta el ataque y destrucción, en julio de 2012, de un campo para personas internamente desplazadas pertenecientes en su mayoría al grupo étnico gueré, al que se considera partidario de Gbagbo, que causó la muerte de al menos 14 personas, aunque se cree que se arrojó a los pozos un número mucho mayor de cuerpos.
El ataque se produjo en Nahibly (cerca de la población de Duékoué), en la región occidental del país, que sufre algunas de las violaciones más graves de derechos humanos, y fue dirigido por los dozos —especialmente activos en el oeste—, que actuaron junto con miembros armados de la población local y del ejército.
“Algunas de las peores violaciones de derechos humanos del conflicto de 2011 se cometieron en Duékoué, y es terrible ver que, dos años después, las mismas personas vuelven a cometer las mismas violaciones y abusos contra la misma población —afirmó Mootoo—. ¿Qué tiene eso de justicia?”.
Observando la inacción general de las autoridades para garantizar justicia y reparaciones, Amnistía Internacional pide que se cree una comisión internacional para investigar este ataque.
La organización también pide a las autoridades de Costa de Marfil que pongan fin a las violaciones de derechos humanos y a los abusos que siguen cometiendo con impunidad los agentes del Estado o milicias que cuentan con el apoyo de éste.
“Hace mucho que los ciudadanos de Costa de Marfil debían haber obtenido justicia —concluyó Mootoo—. Si no se toman medidas de inmediato para controlar a las fuerzas de seguridad, Costa de Marfil corre el riesgo de sufrir sucesivas crisis políticas que convertirán la reconciliación nacional en una esperanza perdida”.
El ciclo represivo de violaciones generalizadas de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad, que persiguen a los partidarios del ex presidente Laurent Gbagbo, está haciendo que la reconciliación en Costa de Marfil sea aún más difícil de alcanzar, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.
El ejército nacional, creado por el presidente Alassane Outtara para integrar a las fuerzas leales al ex presidente tras los incidentes violentos desencadenados después de las elecciones de 2010 que causaron la muerte de casi 3.000 personas, tenía por objeto garantizar “la seguridad de personas y propiedades sin distinción” y “ser un poderoso instrumento para la cohesión nacional”.
Pero la verdad que se esconde tras estas palabras es que este nuevo ejército nacional, junto con una milicia armada de cazadores tradicionales —los dozos—, está cometiendo ejecuciones extrajudiciales, homicidios deliberados y arbitrarios, detenciones por motivos políticos y torturas. So pretexto de garantizar la seguridad y combatir a los autores de ataques armados, sus miembros actúan con casi total impunidad.
“Costa de Marfil necesita romper el ciclo de abusos e impunidad. Ni un solo miembro del ejército nacional ni ningún otro seguidor del presidente Alassane Outtara ha respondido de sus actos, lo que representa un fracaso absoluto del Estado de derecho y menoscaba gravemente el proceso de reconciliación iniciado en julio de 2011”, ha declarado Gaëtan Mootoo, investigador sobre África Occidental de Amnistía Internacional.
En septiembre y octubre de 2012, una delegación de Amnistía Internacional visitó varios centros de detención de Costa de Marfil, dos de ellos no oficiales. La delegación escuchó testimonios de primera mano de personas detenidas, en su mayoría, por su afiliación política o pertenencia a una etnia, que permanecen recluidas durante meses sin acceso a sus familias, abogados o médicos.
Algunas familias sólo supieron dónde estaban sus familiares tras ser informadas por la delegación de Amnistía Internacional.
Detenidos y ex detenidos explicaron que les habían torturado con descargas eléctricas o plástico fundido para obtener confesiones sobre su presunta participación en ataques armados. Al menos dos detenidos murieron a consecuencia de la tortura.
La delegación de Amnistía Internacional pudo entrevistarse con todos los familiares y colaboradores de Laurent Gbagbo recluidos en cinco centros de detención del centro y el norte del país. Algunos de ellos han sido objeto de tratos inhumanos y degradantes.
Un hombre dijo a Amnistía Internacional que había estado encerrado 49 días junto con 27 personas más en una celda de cuatro metros cuadrados sin servicios higiénicos.
“Teníamos que hacer nuestras necesidades en bolsas. Sólo recibíamos una comida al día, a las 2 o 3 de la tarde. Y sólo nos daban un litro de agua cada 48 horas”.
Amnistía Internacional ha observado graves irregularidades en la investigación de los casos; las autoridades han hecho muy poco para garantizar la celebración de vistas con garantías y han menoscabado gravemente el derecho a la defensa.
El informe también documenta el ataque y destrucción, en julio de 2012, de un campo para personas internamente desplazadas pertenecientes en su mayoría al grupo étnico gueré, al que se considera partidario de Gbagbo, que causó la muerte de al menos 14 personas, aunque se cree que se arrojó a los pozos un número mucho mayor de cuerpos.
El ataque se produjo en Nahibly (cerca de la población de Duékoué), en la región occidental del país, que sufre algunas de las violaciones más graves de derechos humanos, y fue dirigido por los dozos —especialmente activos en el oeste—, que actuaron junto con miembros armados de la población local y del ejército.
“Algunas de las peores violaciones de derechos humanos del conflicto de 2011 se cometieron en Duékoué, y es terrible ver que, dos años después, las mismas personas vuelven a cometer las mismas violaciones y abusos contra la misma población —afirmó Mootoo—. ¿Qué tiene eso de justicia?”.
Observando la inacción general de las autoridades para garantizar justicia y reparaciones, Amnistía Internacional pide que se cree una comisión internacional para investigar este ataque.
La organización también pide a las autoridades de Costa de Marfil que pongan fin a las violaciones de derechos humanos y a los abusos que siguen cometiendo con impunidad los agentes del Estado o milicias que cuentan con el apoyo de éste.
“Hace mucho que los ciudadanos de Costa de Marfil debían haber obtenido justicia —concluyó Mootoo—. Si no se toman medidas de inmediato para controlar a las fuerzas de seguridad, Costa de Marfil corre el riesgo de sufrir sucesivas crisis políticas que convertirán la reconciliación nacional en una esperanza perdida”.
