Sergio Ferrari*.- En los últimos años varios de los colaboradores más cercanos del ex presidente Álvaro Uribe; una treintena de ex – parlamentarios de su partido; así como miembros de su familia más próxima fueron procesados – e incluso condenados- por su implicación con los grupos paramilitares responsables de miles de asesinatos en Colombia. En enero 2013 fue su turno. La Fiscalía General de Colombia abrió una investigación directa por su presunta responsabilidad en la creación y financiamiento de grupos paramilitares.
“Es esencial que las autoridades judiciales colombianas aceleren este proceso evitando la eventual prescripción de los hechos”, enfatiza el joven abogado Franklin Castañeda durante una reciente visita a Suiza invitado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
Para “blindar y proteger esta iniciativa jurídica” es fundamental que la sociedad civil y la clase política suiza - y europea- se involucren activamente en el acompañamiento del mismo, asegurando su buena marcha procesual, enfatizó el jurista.
El acompañamiento internacional, enfatizó, servirá también “para proteger nuestra seguridad en tanto juristas que participamos de esta causa, así como la de los funcionarios que llevan adelante el proceso y los testigos. La mayoría hemos sido amenazados de muerte”, enfatiza.
Castañeda en su condición de dirigente del MOVICE (Movimiento de las Víctimas de Crímenes de Estado) representa en este proceso contra Uribe Vélez a algunos de los afectados de las acciones paramilitares. Se desempeña también como presidente de la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), organización no gubernamental encargada de defender los derechos de los detenidos por causas políticas y sociales.
Uribe, paramilitar antes que presidente
Los hechos que las autoridades judiciales del país sudamericano investigan se remontan a mediados de la década de los noventa, cuando Álvaro Uribe se desempeñaba como Gobernador de la Provincia de Antioquía, antes de ser electo como mandatario.
Según declaraciones documentadas de dos testigos y otras pruebas en proceso de verificación, el entonces Gobernador habría colaborado en la creación del Bloque Metro de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización responsable de crímenes, atentados y masacres.
Los testigos, Juan Guillermo Monsalve- que trabajó en la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, epicentro del grupo armado- y Pablo Hernán Sierra, acusaron en septiembre del 2011 desde sus respectivos lugares detención al ex mandatario en declaraciones brindadas al abogado y parlamentario nacional Iván Cepeda, principal promotor del proceso en marcha.
Reconocieron también el apoyo de las AUC a la campaña presidencial de Uribe.
En repetidas ocasiones la defensa de Uribe, en particular su abogado Jaime Granados, desestimó el valor de las acusaciones calificándolas públicamente de “imprecisas y mentirosas”.
Un grupo de 21 pruebas que podrían ser esenciales para dilucidar los hechos son investigadas en la actualidad. Aunque debido a presiones políticas y riesgos de seguridad de los fiscales encargados “son de difícil y lento análisis”, explica Franklin Castañeda durante su presencia en Suiza.
“Corremos graves riesgos de seguridad y amenazas contras nuestras vidas por participar en este proceso” subraya Castañeda, quien como los otros acusadores viven con protección permanente brindada por el Estado. “24 horas sobre 24 debo estar escoltado por guarda espaldas o bien acompañado por miembros de las PBI suizas que participan en nuestra protección en tanto defensor de derechos humanos”, señala.
“Necesitamos apoyo internacional”
La movilización y la presión de la comunidad internacional “ha sido determinante para que se reabriera el proceso al ex presidente Uribe, subraya Castañeada quien hace referencia a las cartas de apoyo enviadas a mediados del año pasado por 21 parlamentarios suizos y 24 diputados del Parlamento Europeo.
En esta etapa, insiste Castañeda, es importante continuar con esa presión solidaria para que el proceso jurídico no se detenga y avance aceleradamente. Se corre el riesgo que los hechos imputados, 20 años luego de haber acaecidos –según lo establece la ley colombiana- prescriban en 2016 si el proceso no avanza a ritmo sostenido.
En un momento ulterior, explica el joven abogado, “pensamos solicitar también a reconocidas asociaciones de juristas de diversos países, entre ellos Suiza, para que en tanto que observadores independientes se expresen sobre la naturaleza del proceso”.
El recurso último de recurrir al Tribunal Penal Internacional de La Haya no está excluido. “Se trata de crímenes de lesa humanidad y esa sería una instancia adecuada”. En diciembre del 2012, el abogado y parlamentario Iván Cepeda presentó ante el Fiscal General de ese organismo una primer denuncia contra Uribe Vélez, en este caso en relación a los hechos ilegales durante su presidencia promovidos por el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) contra políticos opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Solidaridad helvética
“No es fácil para nosotros apoyar activamente un proceso jurídico que se desarrolla a 10 mil kilómetros de distancia”, explica el abogado suizo Gerhard Hauser, miembro de la directiva de la Asociación de Juristas Democráticos de Berna.
Sin embargo, “espero que esta información en Europa sobre el proceso a Álvaro Uribe ayude especialmente a proteger a los abogados de las víctimas, les testigos y los jueces de las amenazas y eventual represión de aquéllos a los que no le interesa que la causa avance”, subraya luego de un encuentro con Castañeda.
“Me impresiona comprobar el coraje y el compromiso de jóvenes juristas, como es el caso de Castañeda, a favor del estado de derecho y la democracia en su país”, concluye Hauser.
*Sergio Ferrari, en colaboración con swissinfo.ch
