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EL SALVADOR - Archivos de crímenes de guerra en el limbo

La Iglesia Católica cierra la oficina que daba asesoría legal a víctimas de la guerra

2013.elmercuriodigital.es ▫ Tomás Andréu.- En 1977 El Salvador se dirigía hacia una guerra civil y las violaciones a los derechos humanos estaban a la orden del día. A raíz de eso nació Tutela Legal, oficina de socorro jurídico para las víctimas, gracias a monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Rufina Amaya, a la salida del juzgado de San Francisco
 Gotera, en 1989, después de rendir su primer testimonio
sobre la masacre de El Mozote

El esfuerzo pasó a ser parte de la Iglesia Católica salvadoreña a partir de 1982, pero el pasado 30 de setiembre la entidad fue clausurada por el arzobispo José Luis Escobar, presidente de la Conferencia Episcopal Salvadoreña, dejando más de 50,000 casos en un camino incierto.

“Tutela Legal ya no tenía ninguna razón de ser”, fue la respuesta sorpresiva que más de una decena de trabajadores de la institución recibieron de monseñor Escobar, quien afirmó que encontró “irregularidades” en el manejo de la entidad. El argumento no sirvió y la población lo criticó fuertemente. Organismos defensores de los derechos humanos locales e internacionales se pronunciaron e instaron a defender la memoria de las víctimas.

Escobar dijo que los archivos pertenecen a la Iglesia.  Estos contienen casos de violaciones a los derechos humanos como las masacres de El Mozote, La Guacamaya (departamento de Morazán) y El Sumpul (departamento de Chalatenango), o el asesinato en 1989 de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras y muchísimos expedientes más que fueron llegando tras las firma de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla y el gobierno en 1992.

El cierre de Tutela Legal coincide en el momento en que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estudia —tras varias solicitudes— si la Ley de Amnistía General de 1993, que impide que se juzguen los crímenes de guerra, es inconstitucional.

Abrazar la memoria
La profesora Margarita Pascasio de López desapareció en 1982 tras la salida de su  trabajo en San Salvador. El único dato sobre su paradero es que fue capturada y retenida en instalaciones militares de aquel entonces. Su hija Nora López Pascasio acudió a Tutela Legal e informó la desaparición. El caso continúa abierto. El pasado 6 de octubre volvió a las oficinas de Tutela Legal, que estaban ubicadas en la Catedral Metropolitana.

“Esperamos que [monseñor Escobar] no haya destruido los archivos, porque este hombre se identifica con la derecha”, dijo López Pascasio a Noticias Aliadas. “Se ha inventado que los empleados trabajaban mal. Es un distractor. Tiene que entregar los archivos”.

 Ella tiene miedo de que los archivos sobre el caso de su madre, como de muchos otros, puedan desaparecer. Desde que perdió a su madre, se comprometió a encontrarla y darle justicia y para ello se integró a la organización SOS Justicia.

“Ni perdón ni olvido. Yo quiero justicia”, exclamó López Pascasio.

Desde que se supo sobre la clausura de Tutela Legal, fueron las nuevas generaciones las que echando mano de las redes sociales convocaron a la manifestación pacífica “Abrazo a la memoria por la justicia que nos pertenece”.  La acción —que se realizó el pasado 6 de octubre— tuvo como objetivo hacer una cadena humana de mujeres, hombres y niños para abrazar la catedral.

“Hay una gran transgresión a nuestra gente. Este abrazo demuestra que el pueblo está protegiendo estos documentos con graves violaciones a los derechos humanos. No sólo son papeles, son memoria. La paz no llegará hasta que no se reivindiquen todos esos delitos”, expuso a Noticias Aliadas, Ramiro Navas, del colectivo Oveja Negra, grupo que afirma estar “preocupado por la realidad nacional, porque el país necesita cambios desde la gente”.

La presión pública hizo que monseñor Escobar hablara de una nueva entidad que no vele únicamente por lo ocurrido en la guerra, para lo cual creó —anunciándola el 13 de octubre, tras el cierre de Tutela Legal—  una comisión con monseñor Jesús Delgado y los sacerdotes Jaime Paredes, Luis Coto y José María Tojeira, quienes gozan de respeto en la sociedad salvadoreña y darán vida al Centro de Documentación y Archivo Monseñor Arturo Rivera Damas. Este último fue quien continuó con la semilla que sembró monseñor Romero tras ser asesinado con un disparo en el pecho por un sicario de la ultraderecha salvadoreña en 1980.

El abogado investigador de la desaparecida Tutela Legal, Wilfredo Medrano, contó a Noticias Aliadas —antes de que el jerarca católico hablara sobre la comisión— que “en el Arzobispado se estaba eliminando el trabajo social [salud, agricultura sostenible, vivienda]. No sabemos qué rostro le va a dar a la institución que va a crear. Nosotros, lo que hacíamos ahí, era en beneficio de la gente desposeída que no  tenía recursos para pagarse un abogado”.

El presidente Mauricio Funes también manifestó su preocupación por “el mensaje que se está enviando, la mala señal que se está enviando de que la Iglesia Católica, y particularmente el Arzobispado de San Salvador, no está decidida a acompañar las causas justas de este pueblo, como es el funcionamiento de una oficina tan importante para la defensa y vigencia de los derechos humanos”.

La Secretaría de la Cultura de la Presidencia intentó que se declare patrimonio cultural a los archivos de la clausurada Tutela Legal, pero la Sala de lo Constitucional se lo impidió el 1 de noviembre, luego que el abogado de la Iglesia, Mario Machado, buscara el amparo de los magistrados arguyendo que la entidad religiosa es privada y que los documentos son de propiedad de la Iglesia que no deben de ser públicos.

El tribunal también ordenó que “ninguna otra autoridad estatal podrá ejercer o dictar actos que permitan el ingreso y acceso al archivo documental histórico” y a la Iglesia le ordenó adoptar “medidas especiales de resguardo de la información que permanece en las oficinas (…) mientras se determina la situación definitiva en cuanto al resguardo y manejo de los archivos mencionados”.

Niños de la guerra
Durante el conflicto armado miles de niños fueron arrancados de los brazos de sus familiares o del seno de sus hogares. El ejército de El Salvador hizo negocio con ese dolor al entregar a los pequeños a familias en EEUU o en Europa. En otros casos se quedaron con ellos o los ejecutaron.

En 1994, el sacerdote jesuita Jon Cortina —ya fallecido— junto con los familiares de estos niños desaparecidos dio vida en 1994 a la Asociación Pro Búsqueda en el departamento de Chalatenango. La misión de este organismo es reencontrar a esos pequeños —ahora adultos — con sus padres biológicos o familiares sobrevivientes del conflicto bélico. La asociación es el resultado del descontento que la Ley de Amnistía de 1993 generó al no abordar las desapariciones forzadas de la niñez salvadoreña en la guerra.

Si el cierre de Tutela Legal indignó a la población salvadoreña, el robo y el incendio ocurrido el 14 de noviembre en la Asociación Pro Búsqueda levantó una ola de condenas nacionales e internacionales. Hombres armados ingresaron en la madrugada a la sede institucional, ataron a los empleados y al vigilante, sustrajeron archivos, hurtaron computadoras y rociaron gasolina y le prendieron fuego a las oficinas.

La vocera de la asociación, Ester Alvarenga, no quiere aventurarse en las calificaciones fáciles, pero sí ha asegurado a la prensa que no se trató de un delito común. Hubo una intención deliberada.

El 18 de noviembre se suspendió por segunda vez la audiencia especial que indaga sobre el destino de nueve niños. El caso se remonta a 1982 cuando el Ejército hizo una incursión en Chalatenango. El operativo no sólo dejó centenares de muertos, también dejó a 53 niños desaparecidos de los cuales se han recuperado 20, según Pro Búsqueda.

Pro Búsqueda sostiene que alrededor de 2,000 niños desaparecieron en la guerra. La institución, desde su gestación hasta la actualidad, ha resuelto 387 casos de más de 1,000 denuncias recibidas. —Noticias Aliadas.




 

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