"Suponen la identificación indiscriminada de personas al objeto de controlar su situación administrativa, haciendo dichas identificaciones a personas cuya apariencia física difiere de la mayoritaria y sin que medien motivos de indicios de un delito, de alteración del orden público o de inseguridad ciudadana"
2013.elmercuriodigital.es ▫ Varias organizaciones, entre ellas SOS-Racismo Madrid, Pueblos Unidos, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía y Asociación Libre de Abogados, han presentado una queja al defensor del pueblo por la redada racista realizada el pasado 11 de diciembre de 2013, en el Municipio de Galapagar.La redada fue realizada por parte de la policía local del municipio en colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería.
La entidades firmantes de la queja consideran que los hechos son muy graves, ya que suponen la identificación indiscriminada de personas al objeto de controlar su situación administrativa, haciendo dichas identificaciones a personas cuya apariencia física difiere de la mayoritaria y sin que medien motivos de indicios de un delito, de alteración del orden público o de inseguridad ciudadana.
Esta práctica, consistente en identificaciones basadas en perfiles étnicos o raciales es contraria a Derecho, y son numerosas las instituciones que han solicitado al Gobierno Español que abandone la misma.
Es por ello, que las entidades firmantes de la queja solicitan que se investigue los hechos denunciados, para que se depuren responsabilidades, al objeto de evitar que se vuelvan a producir estos hechos.
Sin embargo, para el Ayuntamiento de la localidad, la "redada racista" fue una operación "contra la inmigración irregular en España", en la que la Policía Local, en colaboración con la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, detuvo a seis personas -cuatro de origen marroquí y dos hondureños- e identificó a un total de 112.
Según el Ayuntamiento, uno de los detenidos tenía una orden de expulsión en vigor y a los otros cinco, que estaban en situación ilegal, se les abrió expediente para expulsarles del país.
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