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Comunidad LGBTI en lucha

Cuba - El respeto a la diversidad sexual sigue siendo una asignatura pendiente en la isla

Nicaragua - Avances y retrocesos en derechos para comunidad LGBTI
República Dominicana -Homofobia institucionalizada

2014.elmercuriodigital.es ▫ Lídice Valenzuela.- Aunque hay avances, aún es débil la intervención del Estado en la promulgación de mecanismos que garanticen los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en el país.

Las autoridades cubanas sólo dan tibias respuestas a las reclamaciones públicas de la comunidad LGBTI, que constituye una de las minorías más discriminadas en Cuba, pero también una de las más activas en la conquista de sus derechos ciudadanos.

La visibilidad del grupo LGTBI es baja en Cuba, a pesar del sostenido trabajo que por su reconocimiento legal y social realiza el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), adscrito al Ministerio de Salud Pública y dirigido por la sexóloga Mariela Castro Espín, diputada al Parlamento Nacional y considerada la máxima impulsora de las acciones contra la homofobia.

En entrevistas concedidas a diversos medios, Castro Espín señala los avances alcanzados a favor de la diversidad sexual, como son el hecho que desde el  2007 se celebre en Cuba todos los 17 de mayo el día contra la homofobia;  el que el Estado se encargue gratuitamente de las operaciones de cambio de sexo; el que el Partido Comunista de Cuba apoye la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI. Destaca también la implementación de un sistema de salud pública gratuito y atención integral a las personas transexuales.

Castro Espín señala además que se han presentado al Parlamento nacional las modificaciones al nuevo Código de Familia que incluye el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género y la posibilidad de que se respeten los derechos patrimoniales y personales, que incluyen la adopción a las parejas homosexuales.

El CENESEX que dirige es la única institución cubana especializada en temas de la diversidad sexual. Para ello dispone de departamentos que atienden a la comunidad LGTBI. Sus acciones sociales, educativas, políticas y culturales intentan transformar el pensamiento de la sociedad sobre el homosexualismo. Entre sus servicios destaca, por su connotación social, el de asesoría jurídica y representación legal de la comunidad LGTBI, con una ágil actuación ante procesos discriminatorios.

Creada hace seis años, el servicio de asesoría jurídica atendió más de 600 solicitudes de servicio en el 2012  y un promedio de 30 mensuales durante el 2013. Gracias a ese departamento el Estado aceptó desde el 2009 la modificación de los documentos de identidad de los transexuales, cuya nueva imagen aparece en los registros oficiales. Antes vivían en un limbo jurídico.

Otro programa fundamental es el de prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH para “Hombres que tienen Sexo con Hombres”. El CENESEX cuenta con redes  sociales de activistas voluntarios cuya presencia en lugares de mayoría homofóbica es aceptada debido a la capacidad de convencer sobre los riesgos de contraer ITS o SIDA. Sus acciones en conglomerados heterosexuales promueven la solidaridad con personas de diversidad sexual, bajo los principios de igualdad, no discriminación y dignidad humana.

En Cuba, aunque es baja la incidencia del VIH-SIDA, existen 3,969 enfermos atendidos de manera ambulatoria. Se estima que hay 5,146 personas que viven con vih/sida.

Uno de estos activistas es el diseñador Luis Enrique Ledesma, 40 años, quien es miembro del Equipo técnico provincial de la Línea de apoyo del Centro Nacional de Prevención de la ITS y también de la Red Social Humanidad por la Diversidad.

Como parte de su activismo ofrece conferencias en La Habana y en otras provincias y realiza investigaciones sobre la sexualidad y la prevención de las ITS.

En conversación con Noticias Aliadas, este promotor habanero precisa que “la población cubana va ganando conciencia sobre nuestra sexualidad y en los barrios tenemos el respeto y el apoyo solidario de los vecinos. Las personas en general rechazan a quienes hacen manifestaciones extravagantes o se apartan de la ética que debe existir entre los seres humanos”.

“Aunque al principio el grupo LGTBI que visitábamos las provincias, donde es más visible el machismo, temíamos el rechazo de los colectivos, en la práctica encontramos personas ávidas de conocer los mensajes que llevábamos sobre las ITS, que atacan a cualquier persona. Repetimos visitas a un mismo lugar y recibimos amabilidad. Solo el respeto, la inserción social, la defensa de nuestros derechos como la de cualquier otra minoría permitirá que en un tiempo que sabemos será largo, ocupemos el lugar que nos corresponde en la sociedad cubana”.

Lucha por derechos
A pesar de los esfuerzos continuos del CENESEX y de su directora, y aunque han ganado un espacio social, los  resultados aún son bajos en comparación con las necesidades de la comunidad LGBTI.

Para ampliar su campo de acción, la comunidad de diversidad sexual continúa organizándose en células comunitarias —como “Las Isabelas”, mujeres lesbianas de Santiago de Cuba—, para desde sus localidades crear una nueva mirada hacia su orientación sexual e incidir en la aprobación de regulaciones estatales que reconozca sus derechos.

La exclusión oficial de la comunidad LGBTI se manifestó en el Censo de Población y Viviendas realizado en el 2012  y en el anteproyecto de Código del Trabajo debatido en los centros laborales entre julio y octubre del 2013 y que fue aprobado por el Parlamento Nacional en diciembre pasado.

El censo no incluyó preguntas que ayuden a identificar cuantitativamente a la comunidad LGBTI. Y el Código de Trabajo no incluyó el derecho al empleo con independencia de la orientación sexual o identidad de género, a pesar de que el ámbito laboral constituye el principal escenario de vulneración de los derechos de estas personas, según el CENESEX.

Una Declaración Especial del primer Taller Nacional de las Redes Sociales Comunitarias por la Diversidad y el primer Taller Nacional de la Red de Juristas por los Derechos Sexuales, celebrado en noviembre último en la provincia de Camagüey, sobre la propuesta de Código de Trabajo pone énfasis en esa carencia.

El documento precisa: “En el texto no existe una mención explícita a la orientación sexual e identidad de género como causa de discriminación, a pesar de ser los centros laborales donde con mayor frecuencia y gravedad se producen hechos de vulneración de los derechos ciudadanos de las personas con sexualidades diferentes de la heterosexualidad hegemónica”.

Las posiciones oficiales y civiles en Cuba están demarcadas en la lucha contra la homofobia y los derechos de la comunidad LGBTI.

Personalidades relevantes de la intelectualidad como el escritor Miguel Barnet y el historiador de La Habana, Eusebio Leal, acompañan esta titánica tarea emprendida hace más de cuatro décadas. Pero todavía hay muchos escollos que burlar y muchas personas por convencer en esta nación arraigadamente machista y patriarcal.

NICARAGUA - La Procuraduría anuncia un proyecto de ley de identidad de género pero persisten la discriminación y la homofobia

Nicaragua fue el último país de la región en despenalizar la homosexualidad al entrar en vigencia en junio del 2008 el nuevo Código Penal que derogó el artículo 204 que castigaba con tres años de cárcel las relaciones sexuales entre hombres. Sin embargo, todavía no existen las garantías necesarias para que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) sean consideradas sujetos de derecho.

En el 2009 fue creada la Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual como parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y nombró a la activista lesbiana Samira Montiel Sandino como la primera titular de esa instancia.

“Una muestra de la voluntad política de parte del Estado nicaragüense ha sido iniciar un proceso restitutorio de derechos de la comunidad LGBTI”, dijo Montiel en entrevista con la organización activista CiudadaníaSX. “En el país existen altos niveles de violencia contra lesbianas, trans y gays, además se les niegan sus derechos fundamentales, así como, en el caso de las  [personas] trans, el reconocimiento a su identidad de género”.

Montiel considera que uno de sus grandes retos es “vencer la discriminación institucionalizada en Nicaragua, no sólo referida a instituciones sino también al ciudadano promedio, que está vinculado a romper la herencia patriarcal heredada. Debemos combatir la cultura patriarcal heredada, apostar por nuevos paradigmas rompiendo la dicotomía biologista que nos han impuesto. Solamente respetando los derechos de lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales y gay estaremos en presencia de una verdadera democracia”.

Discriminación galopante
No obstante esos avances, para colectivos como la Comunidad Homosexual de Nicaragua (CHN) “la discriminación continúa galopante en el país”, según señala en su informe 2013 sobre Diversidad Sexual en Nicaragua.

Además de denunciar casos de crímenes de odio ocurridos en los departamentos de Chinandega y Matagalpa, la CNH denunció el bloqueo por parte del gobierno del financiamiento a proyectos de defensa de los derechos de la comunidad LGBTI por parte de la cooperación internacional.

Para la CNH, se ha instaurado en Nicaragua “una clara política de homofobia de Estado”.

Durante un Foro sobre Transgeneridad realizado en diciembre, Montiel anunció que la Procuraduría a su cargo se encontraba elaborando un anteproyecto de ley de identidad de género que permitiría garantizar el derecho a una identidad a personas transexuales.

“Un persona, dependiendo del género con el que se identifique, va a ser reconocida en su documento o cédula de identidad”, dijo Montiel. “Si logramos aprobar esta ley, otro desafío será educar a nuestra sociedad en el respeto hacia la identidad de género, aunque en ese particular creo que la sociedad nicaragüense ha ido avanzando”.

No obstante, Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, manifestó que “tenemos dudas grandísimas de que esto pueda ser una realidad, aún con la promesa de algunos diputados”, agregando que el tema debe ser ampliamente debatido y no quedarse “entre cuatro paredes”.

“Creemos que las leyes no sólo deben ser discutidas con las personas que visiblemente están tocadas por esas leyes, deben ser de amplia discusión”, dijo.

REPÚBLICA DOMINICANA - Homofobia institucionalizada

El reciente asesinato del presentador de noticias Claudio Nasco ha puesto nuevamente sobre el tapete la situación de vulnerabilidad que se encuentran las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI) en República Dominicana.

Nasco, de 37 años, fue hallado muerto el 13 de diciembre en una cabaña en las afueras de Santo Domingo. El crimen fue cometido por tres jóvenes con quienes el locutor habría mantenido relaciones sexuales.

Aunque este caso se trata de un crimen de odio, por el ensañamiento con el que fue cometido, la mayor parte de los medios lo han calificado como un homicidio por robo y atribuyen este tipo de actos criminales a la exclusión social, falta de empleo, estudios y oportunidades de ascenso social de los jóvenes perpetradores.

Para Leonardo Sánchez, presidente de la organización Amigos siempre Amigos (ASA), defensora de los derechos de la comunidad  LGBTI, en el país existe una “homofobia institucionalizada”.

“Todo el sistema está diseñado y construido para no dar pie, para no reconocer y para no permitir la unión de la comunidad gay, lesbiana, bisexual y transexual”, dijo en declaraciones recogidas por la prensa.

Según cifras de ASA, entre el 2006 y el 2013 se han producido al menos 26 crímenes de odio y sólo dos de los 13 casos presentados a la justicia por la asociación Trans Siempre Amigas (TRANSSA), que agrupa a transexuales, travestis y transgéneros, no han quedado impunes.

“Sólo dos se pudieron investigar”, precisó Sánchez. “Los otros se cayeron porque la familia y la Fiscalía, que está llamada a seguir la investigación y condenar al criminal, no hacen nada y no le dan seguimiento”.

De hecho, uno de los motivos para que los casos no sean judicializados es que a las familias les avergüenza la condición de sus familiares LGBTI y no quieren que sus casos trasciendan.

“Una vez que el homosexual es asesinado, la familia deja eso así, no le da seguimiento, entonces hay una impunidad; la propia familia es culpable de eso, porque no pide justicia para el asesinato de su familiar”, agregó Sánchez.

El informe alterno presentado en el 2012 al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas LGBTI en República Dominicana resaltó que la Constitución dominicana, si bien establece que no debe existir discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal, no prohíbe específicamente la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

Citado por el documento, Sánchez afirmó que “por uso y costumbre es bien visto que las personas  tengan que avergonzarse o esconder su preferencia sexual, sobre todo el mundo laboral. En muchas empresas, para poder permitirles un ascenso hasta los obligan a casarse. En la banca nacional, las posiciones gerenciales son ocupadas preferiblemente por personas casadas y con familias, y así hay muchas normativas no escritas pero que se imponen por uso y costumbre”. —Noticias Aliadas.


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