Amnist铆a Internacional, M茅dicos del Mundo, Red Acoge y Center for Economical and Social Rights
2014.elmercuriodigital.es ▫ El Comit茅 Europeo de Derechos Sociales considera regresiva la legislaci贸n que deniega la atenci贸n a los inmigrantes en situaci贸n irregular y advierte al gobierno espa帽ol que la crisis econ贸mica no puede servir como pretexto para restringir o denegar el acceso a la sanidad a este colectivo.El Comit茅 que supervisa la Carta Europea de Derechos Sociales ha publicado las Conclusiones de la revisi贸n peri贸dica de los informes nacionales de los pa铆ses miembros del Consejo de Europa, respecto al nivel de cumplimiento de los estados sobre el derecho a la salud y a la protecci贸n social.
La evaluaci贸n del Comit茅 sobre la situaci贸n del derecho a la salud en Espa帽a destaca que el Real Decreto-Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/12 son contrarios al art铆culo 11 de la Carta Social Europea, de la cual Espa帽a es Estado parte.
Asimismo, le ha recordado al gobierno espa帽ol que “los estados tienen obligaciones positivas respecto al acceso a la sanidad de las personas migrantes con independencia de su estatus administrativo.”
El Art铆culo 11 de la Carta Europea obliga a asegurar el acceso universal a la salud, es decir que el sistema de salud sea accesible a toda la poblaci贸n sin discriminaci贸n alguna.
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| Foto: Facua |
El Comit茅 advierte que si Espa帽a mantiene el RDL 16/2012 y el RD 1192/12, no habr谩 forma de mostrar, en la pr贸xima revisi贸n del informe estatal, que la situaci贸n del derecho a la salud se ajusta a las disposiciones de la Carta Social Europea.
"El gobierno de Espa帽a viene ignorando de manera reiterada las directivas y recomendaciones de los mecanismos internacionales."
Desde que se aprob贸 la reforma sanitaria han sido varios los mecanismos internacionales de protecci贸n de derechos humanos que han subrayado que 茅sta contraviene los est谩ndares internacionales en materia de derechos humanos y han solicitado a Espa帽a la modificaci贸n del RDL 16 para garantizar el acceso a la sanidad para todas las personas sin discriminaci贸n.
En Mayo de 2012 lo hizo el Comit茅 de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, quien, al referirse a la reforma sanitaria, pidi贸 al Estado que asegure el acceso a los servicios de salud de todas las personas que residen en su territorio, cualquiera que sea su situaci贸n administrativa, en consonancia con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias.
En Enero de 2013, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre formas contempor谩neas de racismo, discriminaci贸n racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, recomend贸 la revisi贸n de las medidas de reforma de la salud adoptadas en el contexto de la crisis econ贸mica para asegurar el acceso a la sanidad de los inmigrantes sin importar su estatus migratorio.
"La crisis econ贸mica no debe servir como pretexto para restringir o denegar el acceso a la salud de manera tal que afecte a la esencia misma de ese derecho". El Comit茅 reitera que los gobiernos est谩n obligados a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los derechos de la Carta se garantizan con eficacia durante la crisis, periodo en el que las personas necesitan m谩s de dicha protecci贸n.
En la misma l铆nea el Comit茅 reafirma lo que ya han establecido antes otros organismos supervisores de los tratados de DDHH de las Naciones Unidas y de Europa: que "los contextos de crisis econ贸mica no rebajan las obligaciones de derechos humanos de un estado y que los gobiernos deben analizar el impacto de las medidas que planean tomar en respuesta a la crisis, en particular el efecto sobre los grupos m谩s vulnerables de la sociedad, en consulta con las organizaciones pertinentes."
Al emitir las recomendaciones sobre Espa帽a en Mayo de 2012, el Comit茅 de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas record贸 a todos los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos Sociales y Culturales, incluida Espa帽a, los criterios que las pol铆ticas de austeridad y otras pol铆ticas asumidas por los Estados en tiempos de crisis econ贸mica han de respetar para cumplir con las obligaciones derivadas del Pacto.
"Cualquier medida que pueda impedir la realizaci贸n progresiva de los derechos econ贸micos, sociales y culturales ha de ser temporal y limitada al periodo de crisis; debe ser estrictamente necesaria y proporcionada; la medida no puede ser discriminatoria y debe tomar en cuenta todas las alternativas posibles, entre ellas, medidas de pol铆tica fiscal, para garantizar las prestaciones necesarias para paliar las desigualdades que pueden surgir en tiempos de crisis."
Finalmente, las medidas "deben identificar y proteger el contenido m铆nimo esencial de los derechos consagrados en dicho Pacto."
Las organizaciones firmantes han exigido de manera reiterada la evaluaci贸n y publicaci贸n de las medidas adoptadas por el gobierno en respuesta a la crisis a la luz estos criterios, incluido un an谩lisis del impacto del RDL 16/2012, sin embargo hasta la fecha el gobierno sigue ignorando este requerimiento.
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| Luis Andr茅s Ulloa Carvajal, ciudadano chileno de 34 a帽os enfermo de c谩ncer de vejiga afectado en su derecho de acceso a la salud por las restricciones del Real Decreto. © Amnist铆a Internacional |
Amnist铆a Internacional, M茅dicos del Mundo, Red Acoge y Center for Economical and Social Rights:
Instan al gobierno a modificar las leyes que contravienen la Carta Social Europea en materia de derecho a la salud, y a poner fin al retroceso de los derechos sociales de todas las personas que viven en el territorio espa帽ol con independencia de su situaci贸n administrativa y sin discriminaci贸n alguna, en concordancia con las observaciones del Comit茅 Europeo de Derechos Sociales, y las recomendaciones sobre esta materia emitidas por los organismos antes citados.Instan a todas las autoridades nacionales encargadas de vigilar y hacer cumplir las normas de derecho internacional y europeo a las que se ha comprometido Espa帽a en materia de derechos sociales a realizar una labor m谩s eficaz en el escrutinio de las pol铆ticas y medidas adoptadas por el Estado a la luz de las normas y directivas antes descritas. Continuaremos exigiendo que el Estado espa帽ol cumpla con sus obligaciones internacionales, regionales y constitucionales en materia de derechos sociales, sobre todo en tiempos de crisis.