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El Congreso aprueba la ley que limita la Justicia Universal

ESPAÑA - La oposición clama contra el fin de Justicia Universal que "revuelve a inocentes en la tumba y alivia a los criminales". "Esta vergüenza protagoniza un día triste para la Justicia"

EFE
•elmercuriodigital ▫ El Congreso español ha aprobado, con los únicos votos del PP -180 votos a favor y 137 en contra-, la proposición de ley que modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que restringe las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, es decir, la limitación de la llamada justicia universal.

La reforma supone que solo se puedan investigar y enjuiciar en España delitos graves cometidos fuera del territorio nacional como los de genocidio y lesa humanidad cuando la causa se dirija contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho o cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Ello cuando se haya interpuesto querella por el agraviado por el Ministerio Fiscal.

En la práctica abre la puerta al archivo de las 12 causas abiertas en la Audiencia Nacional, en cuanto el Senado ratifique los cambios, y lleva a su sobreseimiento si no se demuestra que satisfacen los nuevos requisitos.

EUROPA PRESS.- Todos los grupos de la oposición han clamado contra la "derogación" de la Justicia Universal y han coincidido en que hoy es un día "triste" para la Justicia, en el que "muchos inocentes se revolverán en sus tumbas, mientras que los criminales suspirarán aliviados". A sus juicio, ha ganado el "dinero" y los intereses de potencias extranjeras mientras que "la Justicia ha quedado muda, sorda y ciega".

La Cámara Baja ha debatido este jueves las tres enmiendas de totalidad de PSOE, UPyD y ERC y las 31 enmiendas al articulado que han sido presentadas por la oposición, después de que el PP haya impuesto una tramitación de urgencia en lectura única a su proposición de ley para ventilarla cuanto antes y remitirla de inmediato al Senado.

Este "sumarísimo" proceder ha suscitado la crítica de los grupos, que han retado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, --que asistía al debate desde el 'banco azul'-- a tener el "valor" de pedir los informes preceptivos a los órganos consultivos. "El Gobierno ha utilizado al Grupo Popular y este se ha ofrecido gustosamente a ser su alfombra", ha dicho la diputada de UPyD Irene Lozano.

Los portavoces han atribuido esta iniciativa a la "debilidad gubernamental" y al "chantaje" de potencias, como China, mientras que han coincidido en que los nuevos requisitos son de "imposible" cumplimiento, lo que conduce a la práctica derogación de la jurisdicción universal.

Varios grupos han considerado que la aplicación retroactiva de la norma roza la inconstitucionalidad. Este carácter supondrá el archivo indiscriminado de una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional, como las de José Couso, Ignacio Ellacuría o el genocidio en el Tibet, como ha advertido la Junta de Fiscales de este tribunal.

El portavoz de Justicia del PP, José Miguel Castillo Calvín, ha defendido la tramitación que ha seguido esta ley, apuntando que el PSOE ha recurrido "docenas de veces" a esta vía. Como ejemplo, ha señalado que la reforma de la justicia universal de 2009 no contó con los informes del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial.

En su opinión, la regulación actual no cumple con las expectativas de las víctimas y su proposición refuerza la persecución de los delitos de violencia de género, delincuencia sexual infantil o trata de seres humanos. "Con nuestra proposición se instruirá todo aquello que se pueda juzgar. Esa es nuestra propuesta con realismo y sentido común, sin demagogia ni cuentos chinos", ha remachado.

Por su parte, el portavoz de Justicia del PSOE Julio Villarrubia ha advertido de que la iniciativa del PP deja sin tutela a víctimas españolas, al limitar las investigaciones a los países que han ratificado los Convenios Internacionales de derechos humanos o eliminar la denuncia o la acción popular en estas investigaciones. "Hoy es un día muy triste para los que creemos en los derechos fundamentales", ha remachado.

"¿ACASO SE CREEN JUECES O DIOSES?"

"¿Se imaginan una ley que obligara a cerrar el caso Bárcenas o el caso Urdangarin?", ha cuestionado el diputado de ERC Joan Tardá, para preguntar a la bancada 'popular' si acaso se creen "jueces o dioses". "Su mayoría absoluta no está por encima de la separación de poderes. Queda claro que ha hablado el dinero y ha enmudecido la Justicia", ha remachado.

ERC, que ha presentado un texto alternativo contra el "hachazo" que "entierra" la justicia universal, ha advertido de que la "República catalana que haremos nacer consagrará en su Constitución la prevalencia de la Justicia Universal". "Sentimos pena, vergüenza e indignación por vender a precio de saldo la impunidad de crímenes internacionales", ha remachado.

"Hoy muchos inocentes se revolverán en sus tumbas en el Sáhara, en el Tibet, en Guantánamo, en Ruanda, se revolverán en sus tumbas José Couso o Ignacio Ellacuría. Hoy muchos criminales suspirarán aliviados en sus guaridas. Hoy muchas personas decentes sentiremos vergüenza al ver que esta infamia se aprueba con los votos del PP, que quiere una Justicia local, ciega, muda, sorda, coja y manca", ha enfatizado el parlamentario de Compromís-Equo Joan Baldoví.

Para la parlamentaria del BNG Olaia Fernández Dávila, Gallardón está detrás de la propuesta aunque, de cara a la galería, haya querido evitar volver a ser el "centro de la polémica". "Es el PP por mandato de usted", le ha espetado, tras afirmar que su grupo votará en contra.

Desde Amaiur, Rafael Larreina ha advertido también de que los intereses económicos o geoestratégicos de China, Israel o Estados Unidos no pueden prevalecer sobre la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.

FECHORÍA DEL PP

El portavoz del PNV en Justicia, Emilio Olabarria, ha clamado contra la "felonía" y la "fechoría" perpetrada por el partido que sustenta al Gobierno a través de un procedimiento 'exprés', que debería ser examinado por el Tribunal Constitucional. "Pido que reconozcan qué intereses espurios están intentando ocultar mediante la presentación de una iniciativa tan vergonzante"", ha remachado.

En esta misma línea, se ha expresado la diputada de UPyD Irene Lozano, que ha puesto de relieve la ausencia de argumentos para justificar esta iniciativa que "ampara a corruptos, mafiosos, genocidas y tiranos". "Cuatro atributos que reúnen sus amigos los jerarcas chinos", ha apostillado.

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ha denunciado que el carácter retroactivo de la norma supone un "escarnio" para las víctimas. "Hoy es un día vergonzoso y vergonzante. A mí me gustaría que el ministro que, es tan gallardo para atribuirse la responsabilidad de otras normas, lo fuera también en esta. Es una ley taimada, hecha a sabiendas de que vulnera las formas democráticas más básicas", ha remachado.

Para el diputado de CiU, Jordi Jané, hoy es también "un mal día para la Justicia". Por ello, ha emplazado al PP a reconsiderar su propuesta, ha defendido el papel de la acción popular y ha considerado de "dudosa constitucionalidad" la aplicación retroactiva de la ley.




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