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CCOO: El nuevo sistema de facturación de la electricidad va a crear una gran confusión sin beneficiar a consumidores

ESPAÑA

•elmercuriodigital ▫ El nuevo sistema aprobado el pasado viernes por el Gobierno, si bien elimina el sobrecoste especulativo que era la subasta CESUR, ni soluciona ni pone freno al elevado coste de las tarifas eléctricas al no abordar los problemas estructurales del Sistema Eléctrico, como se le viene reclamando desde diferentes sectores, entre ellos CCOO.

Para CCOO, los problemas pasan fundamentalmente por la retribución de  la energía generada muy por encima de su coste real, garantizando así  importantes beneficios para las grandes empresas que dominan el sector, junto con la elevada fiscalidad o el incremento del término fijo del recibo,  que penaliza a las familias con menor consumo y renta. Esto, unido al impacto de la crisis y del desempleo,  está provocando un crecimiento imparable de la pobreza energética en nuestro país.

A lo anterior se suma la extrema complejidad del nuevo sistema, en el que las familias se verán obligadas a optar entre cuatro opciones. Dos relacionadas directamente con el coste de la electricidad del mercado mayorista: para la mayoría que sólo cuenta con contadores analógicos, a través de  un promedio del coste de la electricidad diario durante el periodo de facturación bimensual, mientras que si su contador digital se lo permite,  la facturación sería por el precio de cada hora de ese suministro, con 1500 mediciones durante el periodo de facturación.  Una tercera opción, consistente en un precio fijo anual que le ofrecerá su compañía eléctrica, o bien, en cuarto lugar, por negociar directamente las tarifas con la empresa suministradora.

CCOO considera que ninguna de las referidas cuatro modalidades de fijación de precios establecidas para los consumidores domésticos garantiza sus derechos. Por un lado, y en cuanto a las dos primeras modalidades,  los precios que se determinen serán en función del mercado mayorista, un mercado  que funciona a coste marginal donde el precio final es el  de la energía más cara que entra en el sistema y no el coste real de cada tipo de energía. Un mercado que no es transparente y resulta fácilmente manipulable, al existir escasamente 3 operadores que controlan más del 75% del mercado. En este sentido, solo hay que ver que la última subasta trimestral anulada fijó un precio de 61 euros el megavatio, mientras que se ha cerrado el trimestre con un precio de 26 euros, pero que puede volver a subir a los 90 euros en promedio como ocurrió en diciembre.

Por otro lado, teniendo en cuenta que los usuarios no podrán conocer de antemano las tarifas, vulnerando con ello la legislación española y el derecho  esencial de los ciudadanos a conocer el precio de un servicio antes de su contratación, con la metodología establecida se aumenta en la opacidad de  la determinación de tarifas, facilitando las subidas injustificadas, dificultando la posibilidad de verificar irregularidades  y  aumentando la indefensión y las reclamaciones.

En definitiva, la tarifa fija anual que permitiría en principio eliminar la incertidumbre señalada,  va a suponer una tarifa mas cara, como reconoce el propio Gobierno,  lo que consideramos inadmisible en un contexto de precios muy superiores a los de la mayoría de los países la Unión Europea. Mientras que la opción de negociar directamente con la empresa suministradora resulta inviable al ser inexistente la capacidad de negociación de los usuarios frente a las grandes empresas.

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