BOLIVIA - AI: El Estado condena a las v铆ctimas de los gobiernos militares a ser borradas de la historia
•elmercuriodigital ▫ La falta de voluntad pol铆tica para garantizar la verdad, la justicia y la reparaci贸n a las personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos durante los reg铆menes militares y autoritarios que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982 condena a las v铆ctimas a ser borradas de la historia, ha asegurado hoy Amnist铆a Internacional.Al cumplirse 10 a帽os de la promulgaci贸n de la Ley 2640 que buscaba otorgar reparaci贸n a las v铆ctimas y familiares de las violaciones a derechos humanos cometidas durante los reg铆menes militares, Amnist铆a Internacional ha presentado hoy el informe No me borren de la historia. Verdad, justicia y reparaci贸n en Bolivia (1964-1982).
Dicho informe documenta lo insuficientes que han sido las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas para conocer la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos cometidas durante esos a帽os, llevar a sus responsables ante la justicia y proveer reparaci贸n a las v铆ctimas.
"Bolivia no puede pasar esta p谩gina negra de su historia sin leerla del todo. Las autoridades bolivianas han hecho hasta ahora una lectura selectiva al no enjuiciar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y reparar cabalmente a las v铆ctimas. Si no rectifican, estar谩n condenando a cientos de v铆ctimas al olvido", dijo Mar铆a Jos茅 Eva Parada, investigadora de Amnist铆a Internacional sobre Bolivia.
Seg煤n datos de Amnist铆a Internacional y organizaciones de v铆ctimas, m谩s de 150 personas habr铆an sido v铆ctimas de desaparici贸n forzada y al menos 200 de ejecuciones extrajudiciales. Cerca de 5.000 sufrieron detenci贸n arbitraria y miles se vieron forzadas a partir al exilio.
Las medidas para reconocer y reparar a las v铆ctimas y familiares de v铆ctimas de violaciones de derechos humanos no han respondido a las expectativas. La Ley 2640 de resarcimiento a v铆ctimas de la violencia pol铆tica, aprobada en 2004, estableci贸 mecanismos para reconocer a las v铆ctimas y otorgarles honores, atenci贸n m茅dica y compensaci贸n. Sin embargo, su puesta en pr谩ctica no ha garantizado una reparaci贸n justa.De las 6.000 peticiones que fueron entregadas, menos de un tercio fueron exitosas. Los estrictos requisitos impuestos por la ley y sus reglamentaciones, la rigidez de los plazos y la falta de informaci贸n sobre el proceso, han sido un obst谩culo para que muchas v铆ctimas y sus familiares hubieran podido calificar o presentar sus antecedentes.
“Esto es una afrenta para las v铆ctimas y sus familiares. La forma con la que se ha aplicado esta ley de reparaci贸n revela la falta de atenci贸n con que las autoridades bolivianas han abordado la situaci贸n de las v铆ctimas y sus familiares, a quienes no s贸lo se les ha negado una reparaci贸n integral, sino tambi茅n, en muchos casos, su condici贸n de v铆ctima. Muchas de ellas son de edad avanzada y puede ser que mueran sin alcanzar siquiera ese reconocimiento,” ha a帽adido Eva Parada.
Medio siglo despu茅s de que el golpe de Estado del general Barrientos inaugurara casi dos d茅cadas de gobiernos autoritarios en el pa铆s, siguen sin ser atendidas las demandas de las v铆ctimas para establecer la verdad de lo ocurrido durante esa 茅poca.
La nula colaboraci贸n de las autoridades militares para hacer disponibles sus archivos clasificados referentes a esa 茅poca es un factor clave que ha contribuido a la falta de verdad, justicia y reparaci贸n en Bolivia.
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El informe No me borren de la historia. Verdad, justicia y reparaci贸n en Bolivia (1964-1982) est谩 basado en tres visitas al pa铆s que entre 2012 y 2013 realiz贸 una delegaci贸n de Amnist铆a Internacional. Durante dichas visitas, las delegadas de la organizaci贸n realizaron m谩s de 100 entrevistas a v铆ctimas y familiares de v铆ctimas de violaciones de derechos humanos durante las dos d茅cadas de gobiernos militares y autoritarios de diversas zonas del pa铆s, incluyendo La Paz, Cochabamba, Tarija y Oruro.
Eva Parada: “Lamentablemente, aunque ha habido algunos avances en la lucha contra la impunidad, fuera de unos pocos casos emblem谩ticos, la mayor铆a de los responsables de los abusos de aquella 茅poca no han comparecido ante la justicia”
La organizaci贸n recibi贸 documentaci贸n acerca de decenas de casos y solicit贸 informaci贸n y mantuvo reuniones con varias autoridades bolivianas, incluyendo representantes del Ministerio de Justicia y de Defensa, la Fiscal铆a General y del Defensor del Pueblo.