HRW: La comunidad internacional debe modificar el tratado sobre trabajo forzado
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| © John Hulme |
El Convenio 29 sobre el Trabajo Forzoso de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo, uno de los tratados m谩s importantes en materia de derecho laboral internacional, fue adoptado en 1930 y ha sido ratificado por 177 pa铆ses. Sin embargo, muchas de sus disposiciones est谩n desactualizadas. Gobiernos, sindicatos y asociaciones de empleadores se reunir谩n en junio en Ginebra para negociar normas complementarias que aborden de manera m谩s adecuada las modalidades contempor谩neas de abuso. Human Rights Watch manifest贸 que los nuevos est谩ndares deber铆an ser jur铆dicamente vinculantes.
“Millones de personas en todo el mundo contin煤an atrapadas en condiciones aberrantes de explotaci贸n a trav茅s del trabajo forzado, una situaci贸n que causa profunda consternaci贸n”, observ贸 Nisha Varia, investigadora s茅nior de la divisi贸n de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Los miembros de la OIT deber铆an exigir en茅rgicamente que los gobiernos adopten est谩ndares rigurosos y efectivos, y estrategias modernas para su implementaci贸n”.
La definici贸n de trabajo forzado que ofrece el tratado y la exigencia de tipificar este delito penalmente se han incorporado a la normativa de los pa铆ses e internacional. Sin embargo, la mayor铆a de las dem谩s disposiciones versan sobre el trabajo forzado en colonias en el extranjero, por lo que ya no resultan relevantes o no est谩n vigentes. Los patrones de trabajo forzado se han modificado. La OIT estima que el 90 por ciento del trabajo forzado se produce ahora en la econom铆a privada, en contextos como hogares, empresas locales, delincuencia organizada y cadenas de suministro multinacionales.
La actualizaci贸n de los est谩ndares globales sobre trabajo forzado complementar铆a las acciones de lucha contra la trata de personas, dado que ambos fen贸menos tienen numerosos puntos de contacto. Sin embargo, en muchos pa铆ses las medidas contra la trata de personas han estado orientadas a la trata con fines de explotaci贸n sexual, y pr谩cticamente no se han ocupado de identificar y proteger a v铆ctimas de explotaci贸n laboral. De las m谩s de 18 millones de personas que se encuentran en condiciones de trabajo forzado en la econom铆a privada, la OIT estima que 4,5 millones son v铆ctimas de explotaci贸n sexual, y 14,2 millones sufren explotaci贸n laboral.
Los miembros de la OIT votar谩n para determinar si estos nuevos est谩ndares complementarios deber铆an conformar un protocolo vinculante que los pa铆ses pudieran ratificar, o una recomendaci贸n no vinculante. Seg煤n surge de sus indicaciones preliminares, la postura de los gobiernos estar铆a dividida. Entre los pa铆ses a favor de adoptar est谩ndares jur铆dicamente vinculantes se incluyen Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, M茅xico, Rusia y Sud谩frica. Algunos de los gobiernos que prefieren una recomendaci贸n sin car谩cter vinculante son Argentina, Australia, Chile, Filipinas, India, Indonesia, Noruega, los Pa铆ses Bajos, Qatar y Suecia.
“Formular un compromiso sobre medidas b谩sicas de prevenci贸n y protecci贸n destinadas a eliminar el trabajo forzado no deber铆a ser optativo”, asever贸 Varia. “Resulta alarmante que pese al compromiso p煤blico expresado por numerosos gobiernos de combatir el trabajo forzado, se muestren renuentes a avalar garant铆as rigurosas que podr铆an detener estos grav铆simos abusos”.
Durante la 煤ltima d茅cada, Human Rights Watch public贸 49 informes sobre trabajo forzado. Estos informes analizaron abusos como obligar a ni帽os a mendigar, la explotaci贸n de trabajadores del hogar, la construcci贸n, la agricultura y la miner铆a; el trabajo forzado en c谩rceles y centros de detenci贸n destinados a drogodependientes; y el servicio militar por tiempo indefinido. Numerosas v铆ctimas trabajan extensas jornadas en condiciones riesgosas a cambio de una remuneraci贸n 铆nfima o nula, sufren abusos f铆sicos o sexuales, y no tienen libertad para salir debido a confinamiento, servidumbre por deudas, amenazas de represalias u otros factores.
Estos abusos en general se mantienen alejados de la mirada p煤blica y tienen un alto costo econ贸mico para las v铆ctimas y la sociedad. La OIT estima que la remuneraci贸n no percibida por las personas en situaci贸n de trabajo forzado asciende a US$ 21.000 millones cada a帽o, y que quienes se benefician con el trabajo forzado perciben ganancias ilegales por US$ 44.000 millones. Los pa铆ses tambi茅n pierden miles de millones de d贸lares en impuestos y aportes al sistema de seguridad social.
En un informe reciente, Human Rights Watch describi贸 el caso de Andrea N., una trabajadora del hogar originaria de Filipinas que se traslad贸 a Londres junto con su empleador, un diplom谩tico de un pa铆s del Golfo P茅rsico, y la familia de este. Andrea N. cuidaba a los hijos de la familia y realizaba tareas de cocina y limpieza siete d铆as a la semana, sin ning煤n d铆a de descanso. Comenzaba su jornada a las 6 a.m. y trabajaba todas las noches hasta las 10 u 11 p.m. “Antes de venir aqu铆, el contrato dec铆a que mi salario ser铆a de £ 1.000 [por mes], pero me pagaban £ 200”, dijo a Human Rights Watch. “Me manten铆an encerrada en la casa en Londres y, cuando sal铆amos, a veces no me daban alimentos”.
En Senegal, al menos 50.000 ni帽os que asisten a escuelas cor谩nicas con r茅gimen de internado se encuentran en condiciones de trabajo forzado. Son obligados a mendigar y a conseguir cuotas m铆nimas diarias de comida y dinero que deben entregar a sus maestros. Ibrahima T., un joven de 13 a帽os, dijo a Human Rights Watch: “Cada vez que no lograba conseguir la cuota m铆nima para las 10 a.m., uno de los talib茅s [maestros asistentes] me llevaba a una sala y me encadenaba los tobillos. Luego me golpeaba con un cable el茅ctrico o bandas de goma, tantas veces que perd铆a la cuenta... Aplicaban el mismo castigo si llegaba tarde. Si regresaba despu茅s de las 10 a.m., incluso tras haber conseguido la cuota diaria, me encadenaban hasta la noche y me golpeaban”.
En Vietnam, centros de detenci贸n de drogodependientes gestionados por el gobierno, que tienen la misi贸n de “brindar tratamiento” y “rehabilitar” a personas que consumen drogas, son en realidad poco m谩s que campos de trabajo forzado, donde las personas all铆 internadas trabajan seis d铆as por semana procesando anacardos, cosiendo prendas o fabricando otros art铆culos. Vu Ban ten铆a menos de 30 a帽os cuando ingres贸 al Centro N.° 2 (en la provincia de Lam Dong) para permanecer detenido cinco a帽os. Dijo a Human Rights Watch: “Deb铆a procesar como m铆nimo 30 kilos [de anacardos] por d铆a, y ten铆a que trabajar hasta terminar. Si te negabas a trabajar eras enviado a la sala de castigos, y luego de un mes [all铆] aceptabas trabajar nuevamente”.
En Qatar, Raju S., un trabajador de 20 a帽os de Nepal, dijo que un reclutador de empleo le prometi贸 un trabajo en una oficina por el cual percibir铆a un salario de 1.200 riyales (US$ 329) por mes. Cont贸 que pag贸 a esta persona una comisi贸n de 130.000 rupias nepal铆es (US$ 1.781). Al llegar, su empleador hizo en cambio que trabajara en la construcci贸n y le pagaba 600 riyales (US$ 165) por mes. Cuando intent贸 negarse a las condiciones, su empleador le exigi贸 1.000 riyales m谩s (US$ 275) para rescindir el contrato. Raju S. dijo que debi贸 quedarse para pagar las deudas que hab铆a contra铆do.