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Las autoridades francesas expulsan a 700 personas migrantes y solicitantes de asilo

FRANCIA - AI: Los desalojos forzosos de los campamentos de Calais amenazan con agravar los problemas de salud

•elmercuriodigital ▫ La expulsión hoy de unas 700 personas migrantes y solicitantes de asilo de unos campamentos en el norte de Francia amenaza con agravar los problemas de salud que, según las autoridades, motivaron los desalojos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
La policía antidisturbios durante la expulsión
 de alrededor de 700 personas migrantes y
solicitantes de asilo © AFP / Getty Images

La policía francesa rodeó esta mañana los asentamientos improvisados ocupados por migrantes y solicitantes de asilo en la zona de Calais y empezó a desmantelarlos, justificando su acción como una respuesta a un presunto brote de sarna en los campamentos.

“Las autoridades francesas parecen estar utilizando los desalojos forzosos como una solución a una emergencia médica, en una actuación que amenaza con causar más problemas de los que resuelve. No está claro dónde podrán encontrar nuevas viviendas las personas desalojadas, y cómo accederán al tratamiento médico necesario”, ha manifestado Jezerca Tigani, directora adjunta del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“El desalojo de estas personas no es la respuesta; lo que se necesita es un plan adecuado y bien meditado. Por desgracia, no es ninguna novedad: las autoridades francesas tienen un historial de llevar a cabo desalojos forzosos colectivos sin proporcionar alternativas adecuadas a las personas desalojadas.”

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales han informado de que la mayoría de las personas que vivían en los campamentos eran ciudadanas de Siria, Afganistán y Eritrea. Algunas de ellas ya habían pedido asilo en Francia, y otras confiaban en viajar a Reino Unido.

Un grupo de 10 ONG de derechos humanos, médicas y de defensa de los derechos de las personas migrantes, entre ellas Amnistía Internacional Francia, escribieron ayer al primer ministro francés –antes del desalojo– para recordarle la catastrófica situación de salud en los campamentos.

El grupo instó a las autoridades francesas a ofrecer una respuesta médica adecuada, en lugar de proceder al desalojo.

“Resulta aterrador que las autoridades francesas hayan llevado a cabo este desalojo colectivo y no hayan prestado ninguna atención a las advertencias, realizadas reiteradamente desde hace tiempo por las ONG, sobre la catastrófica situación de la salud en los campamentos informales de la zona de Calais. A nuestra preocupación se le suma la información sobre la inadecuada distribución de medicamentos contra la sarna sobre el terreno”, ha declarado Stephan Oberreit, director ejecutivo de Amnistía Internacional Francia.

“Francia debe respetar su obligación para con las personas migrantes y solicitantes de asilo, y debe tratarlas con dignidad, no arrojarlas a la calle y abandonarlas a su suerte.”

Las operaciones policiales de esta mañana fueron consecuencia de la decisión del prefecto de Arras de llevar a cabo un desalojo por motivos de salud pública, en respuesta al presunto brote de sarna.

La información indica que, de entre las personas desalojadas, sólo se ofrecerá alojamiento alternativo temporal a un número no especificado de menores.

Amnistía Internacional, ONG nacionales y asociaciones locales temen que la mayoría de los habitantes de los campamentos queden sin hogar y expuestos a otras violaciones de derechos humanos.

Los desalojos forzosos son desalojos que se llevan a cabo sin notificación ni consulta adecuada con las personas afectadas, sin salvaguardias jurídicas y sin garantías de un alojamiento alternativo adecuado.

En virtud del derecho internacional, Francia no debe llevar a cabo desalojos forzosos, y debe proteger frente a ellos a todas las personas, incluidas las migrantes y solicitantes de asilo, especialmente cuando se enfrentan a una situación de emergencia médica.

Las condiciones, ya de por sí precarias, de vida y de salud en los asentamientos informales se ven a menudo agravadas por los desalojos forzosos, que perpetúan la falta de vivienda adecuada y pueden interrumpir los tratamientos y programas proporcionados por organizaciones de salud y ONG a las personas que viven en los campamentos.




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