El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas invoca a priorizar acciones contra la violencia hacia las mujeres
•elmercuriodigital ▫ Nicaragua se sometió el 7 de mayo por segunda vez en cuatro años al Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, que evalúa la situación de los derechos humanos de los países miembros de la organización, dejando en evidencia que no respeta sus compromisos internacionales.
De acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Estado ha incumplido en por lo menos 68 de las 109 recomendaciones emanadas del EPU 2010, particularmente las relacionadas a restablecer la figura del aborto terapéutico en el Código Penal y autorizarlo en casos de violación sexual, incesto o cuando esté en riesgo la salud y vida de la madre.“En Nicaragua hay un progresivo deterioro de los derechos humanos”, señalaron representantes del CENIDH en conferencia de prensa. “El Estado no ha mostrado voluntad política para cumplir con las recomendaciones y, por el contrario, el gobierno actuó contra recomendaciones expresas”.
Entre las recomendaciones se incluyó el restablecimiento del aborto terapéutico —desde el 2008 el aborto está totalmente prohibido en Nicaragua— ydar marcha atrás en la reforma a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (o Ley 779) vigente desde el 2012. Un año después de aprobada, con el afán de “salvaguardar la familia”, la Corte Suprema de Justicia incluyóen la versión original de la Ley 779 la figura de la “mediación” de la víctima con su agresor para evitar que este cumpla con una condena carcelaria.
Para la Red de Mujeres contra la Violencia, la “mediación” minimiza la responsabilidad de los agresores y pone en riesgo la vida de las mujeres.
Ley retrógrada
La delegación oficial nicaragüense estuvo presidida por la ministra del Interior, Ana Isabel Morales, quien ante representantes de 77 Estados manifestó la satisfacción de su gobierno sobre los “avances en derechos femeninos”.
Sin embargo, las representaciones de Brasil y Chile, entre otras, calificaron de “retrógrada” la reforma a la Ley 779 y recomendaron priorizar acciones contra la violencia hacia las mujeres, mientras que Uruguay y otras naciones demandaron a Nicaragua acceso a las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva.
Igualmente, numerosas delegaciones, incluyendo a Chile, Honduras, Paraguay, exigieron a las autoridades nicaragüenses la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación todas las formas de Discriminación contra la Mujer, aprobado en 1999. El protocolo, al que Nicaragua se ha negado refrendar, establece mecanismos adicionales a los establecidos en la convención que permiten a las mujeres presentar quejas, denuncias, ya sea de manera individual o colectivas, cuando no encuentran justicia en sus países.
La ministra Morales respondió a las críticas respecto al aborto a que su país no lo considera método de planificación familiar y por lo tanto no contemplan su despenalización, y en cuanto a la Ley 779, explicó que la mediación con el agresor sólo procede cuando la mujer lo considera conveniente.
Tampoco la representación nicaragüense se pronunció respecto al aumento de feminicidios en el país. En los cuatro primeros meses del 2014 se produjeron 30 feminicidios, nueve más que el año pasado en igual periodo, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional. En el 2013, 67 mujeres fueron víctimas de feminicidio.—Noticias Aliadas.
