ESPAÑA - #HuelgaNoEsDelito
•elmercuriodigital ▫ La Cumbre Social apoya la concentración del 1 de julio en la madrileña plaza de Callao y las movilizaciones del 9 de julio frente a las delegaciones del gobierno de todo el país
La Cumbre Social estatal ha hecho público un comunicado en el que denuncia la creciente criminalización del sindicalismo de clase que se viene produciendo en los últimos años y la ofensiva penal contra el derecho de huelga, situaciones que, a juicio de la Cumbre Social, resultan incompatibles con la democracia. Los procesos abiertos contra centenares de sindicalistas por ejercer el derecho constitucional de huelga, solo pueden obedecer a la intervención del Ministerio Fiscal con finalidad discriminatoria.
La Cumbre Social considera que la sucesión de acciones sancionadoras contra la actividad sindical es un hecho sin precedentes en democracia, y advierte que la principal tipología de conflictos de los que se derivan las acciones sancionadoras están relacionados con el desarrollo de las jornadas de huelga general de los años 2010 y 2012, jornadas que acumulan la inmensa mayoría de procedimientos tanto administrativos como penales.
La Cumbre Social considera que el Ministerio Fiscal, y en consecuencia el Gobierno, con su intervención pretende criminalizar la respuesta social y sindical a las políticas de recortes, y llama a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones convocadas al efecto para denunciar esta campaña de vulneración de derechos democráticos.
La concentración de delegados y delegadas sindicales el 1 de julio en la madrileña Plaza de Callao y las movilizaciones en las delegaciones del Gobierno de todo el país, el 9 de julio, son alguna de estas convocatorias que apoya la Cumbre Social.
Toxo: "Estamos ante un ataque sin precedentes al derecho de huelga"
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han denunciado la existencia una ofensiva penal planificada contra el derecho constitucional de huelga y el sindicalismo que, según cálculos de ambos sindicatos, afecta hasta el momento a más de 260 personas para las que el Ministerio Fiscal pide un total de 120 años de cárcel por su participación en huelgas en las que en ningún caso se deduce que haya habido violencia.
Toxo y Méndez presentaron en rueda de prensa un informe que recoge 81 expedientes que afectan a más de 260 personas, para las que el Ministerio Fiscal pide –ya se han producido algunas condenas o, por el contrario, absoluciones – sanciones administrativas y económicas o, en algunos casos, penas mínimas de 3 años de prisión, que implican el ingreso en la cárcel, por su participación en huelgas tanto generales contra las reformas laborales y los recortes en el estado de Bienestar, como sectoriales y de empresas.
Para CCOO y UGT, se trata de un ataque sin precedentes contra el ejercicio del derecho de huelga, que quiebra una larga tradición de 35 años en la que “los trabajadores hemos venido ejerciendo democrática y constitucionalmente este derecho”. Un ataque que, según remarcó el secretario general de CCOO, responde a una planificación y al objetivo de desanimar y “meter miedo a la gente” para que no participe en las huelgas y, en consecuencia, debilitar a los sindicatos. Así lo demuestra, en su opinión, que ahora, y por primera vez en democracia, se utilice el artículo 315 del Código Penal para agravar las penas de cárcel.
“Se utiliza la figura de coacción al derecho al trabajo”, cuando todos los días se vulnera los derechos de los trabajadores en las empresas sin que tenga ninguna consecuencia. Hay dos varas de medir”, señaló el secretario general de CCOO, quien anunció las iniciativas que han adoptado los sindicatos “para impedir que personas injustamente condenadas ingresen en prisión” y cese la persecución contra personas que ejercen el derecho de huelga; personas contra las que se formulan acusaciones, no por su actuación concreta, sino por la facilidad para identificarlas en muchos casos al tratarse de responsables sindicales.
“Con la participación del presidente y de la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), el 1 de julio en la plaza de madrileña de Callao, se va a celebrar una concentración”, a la que seguirán otras el día 9 de julio en la mayoría de las capitales de provincia, explicó Toxo. Además de esta movilización, los sindicatos también se han dirigido al Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, al Fiscal General del Estado y al Ministro de Justicia, así como a diversos organismos internacionales para denunciar la ofensiva contra el derecho de huelga y reclamar la adopción de medidas inmediatas para que acabe la criminalización del sindicalismo.
