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Proliferan las desapariciones forzadas en Siria

30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

República Dominicana: Desapariciones forzadas, la expresión más brutal de los fallos del sistema policial

•elmercuriodigital ▫ Más de 43.000 casos de personas desaparecidas en el mundo, la mayoría de décadas pasadas, permanecen abiertos, ha denunciado la organización Amnistía Internacional con motivo de la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. que se celebre el 30 de agosto.

Continúan las desapariciones forzadas en Siria más de medio año después de que la ONU exigiera poner fin a esta práctica atroz en el país, ha manifestado Amnistía Internacional.
El activista Mohamed Bachir Arab
 se encuentra desaparecido desde
el 2 de noviembre de 2011. AI

“En Siria son habituales los casos de personas arrastradas al abismo de la detención secreta, lo que constituye un claro indicio de que las autoridades utilizan sistemáticamente la desaparición forzada para reprimir la disidencia”, ha señalado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“A pesar de la aprobación, en febrero, de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se pedía el fin de las desapariciones forzadas y otros abusos contra los derechos humanos, innumerables personas consideradas detractores del gobierno sirio –entre ellas activistas, periodistas y profesionales de la salud y del derecho– son aprehendidas de manera habitual en la calle o sacadas de sus casas sólo para hacerlas desaparecer prácticamente en un agujero negro.”

Las personas desaparecidas son recluidas en régimen de incomunicación y en secreto en centros de detención de toda Siria. Muchas soportan condiciones inhumanas y, al estar sustraídas de la protección de ley, son sometidas a tortura u otros malos tratos. A un número indeterminado de personas las han matado estando detenidas en secreto.

En febrero, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se comprometieron a responder con “nuevas medidas en caso de incumplimiento de la resolución”. Sin embargo, seis meses después, el gobierno sirio continúa con su campaña implacable de intimidación de la disidencia.

“Es evidente que la promesa de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU de tomar medidas contra quienes incumplan de manera flagrante las condiciones de la resolución sobre Siria no se ha hecho realidad –ha añadido Philip Luther–.  Ello ha dado, de hecho, rienda suelta al gobierno sirio para continuar impunemente con su campaña implacable de desapariciones forzadas.”

En la resolución se pedía también el levantamiento de los sitios impuestos en muchas zonas y el acceso humanitario a ellas, así como el fin de las detenciones arbitrarias y la tortura por parte de las fuerzas del gobierno y los grupos armados. Se especifica en ella que todas las personas detenidas arbitrariamente, entre las que hay numerosos presos de conciencia, deben ser puestas en libertad de inmediato.

La situación en España

En España, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados. De los más de 114.000 crímenes presentados ante la Justicia, la mayoría son desapariciones forzadas.Tras su visita al país en octubre de 2013, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas elaboró un informe con recomendaciones, entre las que se encontraban algunas de las que Amnistía Internacional había realizado. Entre otras, el grupo de expertos ha recordado al Ejecutivo español que “dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”.

Por otro lado, en el contexto de la “guerra contra” el terror Amnistía Internacional tiene constancia de un español desaparecido, Mustafa Setmariam Nasar, detenido por agentes pakistaníes el 1 de noviembre 2005 en Quetta, en la frontera de Pakistán con Afganistán, un año después de que su nombre apareciera entre las listas de los "terroristas más buscados" del FBI y de que el Departamento de Estado estadounidense ofreciera, a través de su "Programa de Recompensas para la Justicia", cinco millones de dólares por información sobre su paradero. Desde su detención, la familia de Setmarian, de doble nacionalidad siria y española, no ha vuelto a saber nada de su paradero.

Otros países

Las desapariciones forzadas siguen siendo una realidad en un gran número de países como México, donde hay decenas de miles de personas desaparecidas. Aunque se cree que la mayoría han sido víctimas de secuestros por parte de bandas criminales, también se han reportado muchas desapariciones forzadas por la policía y los militares, que a veces actúan en connivencia con las bandas criminales. Una de ellas es el caso de Héctor Rengel, que desapareció junto con otras dos personas en noviembre de 2009 en Monclova, Coahuila, después de que la policía municipal les parara. Su familia, que desconoce su paradero desde entonces, ha sufrido acoso e intimidación.

También el gobierno de la República Dominicana debe investigar urgentemente la desaparición de tres personas, presuntamente a manos de la policía, en los últimos cinco años, llevar a la justicia a los responsables, y tomar todas las medidas necesarias para poner fin a esta práctica. Randy Vizcaíno González, Gabriel Sandi Alistar y Juan Almonte Herrera desaparecieron entre 2009 y 2013, tras haber sido detenidos por la policía nacional. Nunca más se ha sabido de ellos.

En otros países como en Pakistán, Kosovo, la Federación Rusa o Colombia, Amnistía Internacional ha documentado desapariciones forzadas en los últimos años. El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha alertado además de que actualmente existen más de 43.000 casos de personas desaparecidas, la mayoría de décadas pasadas, que permanecen abiertos por diversas razones, en especial porque sus familiares no cuentan con los apoyos necesarios para averiguar qué sucedió con sus seres queridos. El Grupo de Naciones Unidas ha documentado casos recientes en los últimos meses de países como Bahréin, Camboya, China, República Dominicana, Egipto, Indonesia, Pakistán, Siria, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Amnistía Internacional ha puesto en marcha, a través de su centro de activismo, una ciberacción para exigir el fin de las desapariciones forzadas en Siria.

REPÚBLICA DOMINICANA
El gobierno de la República Dominicana debe investigar urgentemente la desaparición de tres personas, presuntamente a manos de la policía, en los últimos cinco años, llevar a la justicia a los responsables, y tomar todas las medidas necesarias para poner fin a esa aberrante práctica, dijo Amnistía Internacional con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, (30 de agosto).
Randy Vizcaíno González, Gabriel Sandi Alistar y Juan Almonte Herrera desaparecieron entre 2009 y 2013, tras haber sido detenidos por la policía nacional. Nunca más se ha sabido de ellos.
“Las desapariciones forzadas de estos tres hombres son una mancha en el sistema de justicia de la República Dominicana y la expresión más brutal de las fallos del sistema policial del país. Las familias de estas víctimas merecen conocer el paradero de sus hijos, hermanos, maridos y padres,” dijo Chiara Liguori, investigadora sobre la República Dominicana de Amnistía International.
Randy Vizcaíno González fue detenido por la policía el 13 de diciembre de 2013 en Santo Domingo.
Fue visto por última vez bajo custodia en una comisaría de Santo Domingo Este. Según el testimonio de su amigo, quien también había sido detenido, presentaba señales visibles de golpes. Su familia no ha vuelto a saber nada de él desde su detención.
La policía dijo que se había escapado, pero la Defensora del Pueblo, que hizo una investigación preliminar sobre la desaparición, comunicó al jefe de la Policía Nacional sus dudas sobre la credibilidad de tal fuga. También informó de que la comisaría no había registrado la detención de Randy Vizcaíno González.
Amnistía Internacional comunicó el caso al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
A Juan Almonte Herrera no se lo volvió a ver desde el 28 de septiembre de 2009, cuando al parecer fue secuestrado por cuatro hombres identificados por testigos presenciales como agentes de policía.
“El Procurador General nos prometió hace un año que avanzaría con la investigación pero casi a cinco años de desaparición de Juan Almonte, es claro que no ha habido avances significativos,” explica Chiara Liguori.
La familia y los abogados de Juan Almonte han recibido escasa información oficial acerca del estado de la investigación sobre su desaparición, a pesar de haber presentado tres denuncias sobre el caso.
En 2010 el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha considerado inadecuada la respuesta de las autoridades dominicanas.
Gabriel Sandi Alistar fue detenido por la policía el 23 de julio de 2009, en relación con el presunto secuestro de otro hombre. Según un testigo, Gabriel Sandi Alistar fue torturado y maltratado en la comisaría.
Tres días después de la detención, su hermano fue a la comisaría de policía donde recibió información contradictoria sobre su paradero. Al intentar solicitar más información sobre su hermano, fue amenazado por los agentes de policía para que dejara de indagar sobre la desaparición. Le dijeron que Gabriel Sandi Alistar había huído.
Desde 2009, Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades dominicanas, información sobre el caso, pero no obtuvo repuesta.
“La reacción de las autoridades dominicanas en esos tres casos es completamente inadecuada, el hecho de que la policía no rinda cuentas, alarmante. La desaparición forzada es un crimen sumamente grave y tiene repercusiones dramáticas sobre los familiares. La madre de Juan Almonte falleció recientemente sin saber de qué repasó su hijo.”
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de la Republica Dominicana por la desaparición del periodista Narciso González en 1994. Desde entonces, han sido pocas las medidas emprendidas para poner fin a ésta práctica, entre ellas está el proyecto de reforma de Código Penal, que incluye la tipificación del crimen de desaparición forzada. La Republica Dominicana, sin embargo, todavía no ha ratificado las convenciones internacionales en materia de desapariciones forzadas.
“La tipificación del crimen de desaparición forzada en el Código Penal sería un paso muy positivo. Es imprescindible que esta reforma siga adelante y que el gobierno de la República Dominicana tome todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar adecuadamente las desapariciones forzadas, incluyendo la reforma de la Policía Nacional.

Las desapariciones forzadas persisten en muchos países del mundo, tras haber sido una característica habitual de la segunda mitad del siglo XX desde que empezaron a ser cometidas en gran escala en la Europa ocupada por los nazis en 1941.

Una desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre, y luego se niega que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley.

Es muy frecuente que las personas desaparecidas no sean jamás liberadas, y que su suerte nunca llegue a esclarecerse. Sus familias y amistades en muchos casos jamás llegan a saber qué les sucedió.

Sin embargo, esas personas no se desvanecen sin más. Alguien, en algún lugar, sabe qué fue de ellas. Alguien es responsable. La desaparición forzada es un delito según el derecho internacional, pero demasiado a menudo los responsables eluden la acción de la justicia.

Cada desaparición forzada viola una serie de derechos humanos, entre ellos:
el derecho a la seguridad y la dignidad de la persona;
el derecho a no sufrir tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante;
el derecho a unas condiciones humanas de reclusión;
el derecho a una personalidad jurídica;
el derecho a un juicio justo;
el derecho a la vida familiar;
cuando la persona desaparecida es asesinada, el derecho a la vida.

La desaparición forzada constituye una violación de derechos humanos especialmente cruel, que afecta tanto a la persona desaparecida como a su familia y amistades.

Las personas desaparecidas son a menudo torturadas y viven en un constante temor por su vida, apartadas de la protección de la ley, privadas de todos sus derechos y a merced de sus captores. Es una violación constante que con frecuencia persiste durante muchos años después del secuestro inicial.

Si la persona no muere y finalmente es puesta en libertad, puede seguir sufriendo el resto de su vida las secuelas físicas y psicológicas de esta forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que a menudo la acompañan.

Su familia, que desconoce la suerte corrida por su ser querido, espera, en ocasiones durante años, unas noticias que quizá nunca lleguen. No sabe si su ser querido volverá algún día, por lo que no puede llorarle y hacerse a la pérdida. Su angustia se ve a menudo agravada por las privaciones materiales cuando la persona desaparecida es el sustento de la familia. En ocasiones no pueden obtener pensiones ni otras ayudas si no hay un certificado de defunción.

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